CONTINUACIÓN A LA NOTA EMITIDA EN LA MAÑANA DEL 31/1/2013

Son las 19.30 de un aciago día para la credibilidad del funcionamiento de nuestro sistema de partidos y no ha habido comunicado ni presencia pública del Gobierno para explicar las noticias aparecidas en prensa respecto de la percepción de importantes cantidades económicas, tanto por parte del Sr. Rajoy como de algunos de sus ministros procedentes de fuentes cuando menos oscuras.


Ante ello, foro ético quiere manifestar lo siguiente:
El Presidente del Gobierno, máxima autoridad del Estado , carece a la vista de los hechos conocidos hoy y con independencia de lo que determinen los Tribunales de Justicia en su momento, de la necesaria autoridad moral que el digno desempeño de un cargo como el que ejerce precisa.

la responsabilidad política ha de ser más estricta que la de carácter jurídico penal ya que tiene como finalidad la defensa de la ética del Estado y sus instituciones.
La situación que vive el país es especialmente grave por estar directamente afectado, por lo conocido, el máximo responsable del Poder ejecutivo y algunos de sus ministros.
No resulta admisible, en este sentido, el paso del tiempo como la vía para el olvido de lo ocurrido ni que, transcurrido un tiempo mas que razonable para ello el Presidente del Gobierno no haya comparecido ante la opinión pública para explicar adecuadamente lo ocurrido.
En aras de la transparencia que debe regir el comportamiento de todos, pero mas aún de las mas altas instituciones del Estado, exigimos la comparecencia de Mariano Rajoy ante la opinión pública y sí se demuestra su implicación en los hechos denunciados su dimisión inmediata.

NOTA de FORO ÉTICO EN RELACION A LAS NOTICIAS APARECIDAS HOY EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

El descrédito de la política y los partidos se incrementa con las noticias que van apareciendo día a día sobre el caso Bárcenas y que están provocando que la desconfianza ciudadana en los políticos llegue al límite. Por eso es preciso que la democracia se refuerce y disponga de los resortes normativos y medidas de actuación adecuados para combatir todo tipo de casos de corrupción y comportamientos inmorales.
Sin duda es momento de depurar responsabilidades políticas frente a las maniobras que buscan la impunidad.
Ante la opacidad existente, Rajoy debe rendir cuentas ante la ciudadanía con total transparencia sobre lo sucedido, explicando si él cobró sobresueldos, la procedencia del dinero, la razón de la existencia de la cuenta en Suiza y el presumible blanqueo del dinero acogiéndose a la amnistía fiscal, el sistema de financiación del PP con Bárcenas al frente, así como detallar los perceptores de los sobresueldos y las pruebas de que se declararon a Hacienda en cada caso.
El gobierno y la oposición deben acelerar el proceso de toma de decisiones para incorporar al sistema político institucional las reformas legales contundentes y precisas para prevenir y hacer frente a la corrupción desde una apuesta radical en favor de la regeneración de la política en España.
A la vez se debe favorecer el papel de las instancias existentes, como Tribunal de Cuentas, Fiscalía anticorrupción, Jueces, Interventores…, para controlar el buen uso del dinero público y sancionar los delitos relacionados con la corrupción. Para lograrlo hay que apoyar su papel, dotarles de medios y agilizar el desarrollo de sus cometidos.
 31 de enero de 2013
@foroetico

MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA

1. Impulso decidido al e-Goverment en todos los poderes y niveles de gobierno con la máxima intensidad posible, fomentando la máxima participación ciudadana en la adopción de decisiones y la transparencia de la acción pública. 

2. Publicación en la web del Congreso de los diputados, (y en su momento en la del Observatorio), la relación de las subvenciones que obtengan los partidos políticos y sus entidades dependientes; así como el informe de fiscalización de las mismas por parte del Tribunal de Cuentas.

3. Medidas equivalentes se impulsarán en todos los parlamentos de las Comunidades autónomas.

4. Adopción de un plan de prevención anticorrupción, que determine especialmente el diverso grado de exposición de cada tipo de cargo público, con indicación de los procedimientos para seleccionar funcionarios en dichos ámbitos, recogiendo, en su caso, los mecanismos de rotación para prevenir la corrupción. Impulso desde el Instituto Nacional de Administración Pública, de forma coordinada con los equivalentes autonómicos, de planes de formación para evitar la corrupción.

5. Reforzamiento de las medidas de incompatibilidad de diputados y senadores con el ejercicio de actividades económicas en el sector privado, considerando, además, la posible regulación de los conflictos de intereses que pudieran surgir de las actividades privadas desarrolladas antes de acceder a un determinado cargo.

6. Promover un gran Pacto nacional contra la corrupción entre gobiernos, partidos, empresarios, agentes sociales y medios de comunicación para hacer efectiva la aplicación de todas las medidas disponibles.

7. Aprobación de un Código de comportamiento de los servidores públicos para garantizar la calidad del servicio, la prevención de los fenómenos de corrupción, la lealtad e imparcialidad. Contendrá una mención dedicada a los deberes de los dirigentes públicos, en particular incluyendo medidas en relación con los regalos que se puedan recibir en ejercicio de los cargos públicos que se deben situar dentro de los niveles normales de cortesía.

8. Creación de un mecanismo que facilite la acción pública de denuncia contra casos de corrupción.

9. – Foro Etico defiende que en la futura Ley de Transparencia, actualmente en tramitación en la Cámara, se incorporen a la relación de sujetos obligados a hacer públicos sus presupuestos, cuentas y balances y, en general, cuanto afecte a su estado financiero y sus movimientos económicos, la Casa Real, los partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos, y cuantas organizaciones, entidades y empresas dispongan de financiación pública equivalente al 40 % al menos de sus ingresos o por una cuantía mayor de 10 millones de euros. 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN Y CONTROL

1. Reforzar el papel y la independencia de instancias como la Agencia Tributaria, la fiscalía anticorrupción, el Tribunal de Cuentas, los Interventores Municipales, jueces u otros análogos para lograr una fiscalización efectiva de las administraciones públicas, órganos ejecutivos y partidos en particular.

2. Potenciación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de tal manera que disponga de una ratio de personal equivalente al menos a la media de la Unión Europea.

3. Potenciación de la plantilla del Tribunal de Cuentas y de las Cámaras de Cuentas de las Comunidades autónomas. Adopción de medidas legislativas que permitan el control íntegro de la actividad de las entidades dependientes de las Administraciones territoriales.

4. Potenciación de los cuerpos de intervención de las Administraciones públicas.

5. Sometimiento íntegro de las cuentas de las Fundaciones y demás entidades dependientes de los partidos políticos al control del Tribunal de Cuentas.

6. Adopción de una estrategia institucional contra la presencia del crimen organizado y su penetración en las Administraciones públicas, especialmente en relación con el urbanismo como fórmula para el blanqueo de capitales.

7. Adopción de medidas por parte del Consejo General del Poder Judicial para reforzar los juzgados que están tramitando causas vinculadas a la corrupción (juez de apoyo, personal de apoyo), de tal manera que permita un esclarecimiento de la verdad penal.

8. Creación de un grupo especial rotatorio dentro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que revise anualmente las Declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio de Diputados, Senadores, Parlamentarios autonómicos, Presidente del Gobierno, Vicepresidentes del Gobierno que, en su caso, existan, Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales y equivalentes autonómicos; Alcaldes y Concejales de Municipios de más de 5000 habitantes; miembros de los órganos de gobierno de empresas públicas, entidades públicas empresariales y fundaciones públicas, miembros de los órganos constitucionales, del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades autónomas, Defensor del Pueblo, Adjuntos al Defensor del Pueblo, de los miembros del Consejo de Dirección de las Universidades públicas y de los organismos reguladores.

9. Obligatoriedad de publicación de la declaración anual de bienes, declaraciones de los impuestos de renta y patrimonio de los cargos electos y de sus familiares directos, con acceso público. Esta obligación se extenderá al impuesto de sociedades en relación con aquellas entidades en la que los anteriores tengan una participación significativa. Esta obligación se extenderá, asimismo, a los miembros de los órganos constitucionales, del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades autónomas, de las Universidades públicas y de los organismos reguladores.

10. Creación de un Observatorio contra la corrupción, comisionado de las Cortes Generales pero independiente de ellas, que emita anualmente un informe de situación, así como de las medidas que se debieran adoptar. Un resumen de la memoria anual se leerá en el Pleno del Congreso de los Diputados. La web que tenga recogerá todas las resoluciones judiciales habidas en esta materia. Este Observatorio coordinará las estrategias de prevención en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria; promoverá la definición de normas y metodologías para la prevención de la corrupción; definirá modelos estándar de información y datos para el seguimiento de los objetivos; así como indicadores que puedan ser indicativos de la realización de actividades prohibidas y definirá criterios de rotación de los funcionarios que se puedan ver en expuestos a la corrupción. Tendrá capacidad de realizar medidas de inspección y control en relación con las informaciones de corrupción.

MEDIDAS LEGISLATIVAS

1. Adoptar las medidas legislativas en relación con los indultos con la finalidad de que no se apliquen a ninguna figura delictiva relacionada con la corrupción, ni de naturaleza fiscal o contra la seguridad social. 

2. Reformar la ley de partidos para hacer más democrático y transparente su funcionamiento, así como la ley electoral para que los políticos ganen en representatividad y en cercanía a la ciudadanía. Introducir limitaciones personales al continuo desempeño de cargos públicos, electivos o no, con objeto de garantizar una sana rotación en los mismos y la perpetuación en ellos de las mismas personas durante la mayor parte de su vida activa. Estudiar la introducción de tales limitaciones en la regulación de los partidos políticos con análogos objetivos. 

3. Modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, con el objeto de determinar que el mandato no es renovable, introduciendo exigencias específicas en cuanto al perfil profesional de los Consejeros, convirtiéndole en un órgano profesionalizado e independiente, sin cuotas de partidos. Este órgano fiscalizador tendrá uno o más interventores empotrados en los partidos con representación parlamentaria, y existirá una sección específica dotada con el personal y los medios necesarios dedicada al control de los partidos con representación parlamentaria.
y garantizando la extensión de tales medidas al resto de órganos fiscalizadores equivalentes de las Comunidades Autónomas. Los informes deberán ser emitidos en el año siguiente a su presentación. 

4. Modificación de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos para : 


a) prohibir las donaciones a los partidos políticos por parte de empresas y demás personas jurídicas;

b) reducir el plazo de presentación de las cuentas de los partidos políticos ante el Tribunal de Cuentas a 3 meses desde su aprobación; también se reducirá a la mitad el plazo de que dispone el Tribunal de Cuentas para su examen; todo ello con el fin de que el correspondiente informe del Tribunal sea presentado a las Cortes Generales en el último trimestre del año a que se refieran las cuentas.

c) incluir un régimen sancionador que sea proporcionado a la gravedad de las infracciones y que afecte a los donantes de los partidos.


5. Impulsar la modificación del plazo de prescripción legal para los delitos fiscales y de corrupción, que no será inferior a 10 años. 

6. Instaurar cambios normativos para reforzar el papel y la independencia de los organismos e instancias que realizan el control y el cumplimiento de la ley; lo cual incluirá medidas de protección de las personas que denuncien casos de corrupción. 

7. Revisión de los tipos penales de delitos vinculados a la corrupción para evitar posibles fugas del sistema. 

8. Revisión de la legislación para garantizar la restitución al erario público de las cantidades ilegítimamente percibidas o desviadas como consecuencia de la corrupción, así como para hacer frente a la responsabilidad por daños a la Administración pública o al medio ambiente.. 

9. Modificación de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado para reforzar las limitaciones al ejercicio de actividades privadas vinculadas a la actividad de gobierno. 

10. Reforzar el régimen de las abstenciones y recusaciones de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

11. Introducir modificaciones en el Código Penal para aumentar las penas, tanto privativas de libertad como privativas de derechos como de multa, y tanto principales como accesorias, actualmente previstas para los delitos de prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia, fraudes y exacciones ilegales y los delitos urbanísticos, cuando sean cometidos con participación de cargos o representantes públicos, y, derivadamente, asegurar la ampliación del plazo de prescripción de los mismos. 

12. Introducir cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial con el fin de atribuir a la Audiencia Nacional la instrucción y enjuiciamiento de los delitos relacionados en el punto anterior vinculados con la corrupción política, para mejorar la eficacia y homogeneidad de la respuesta punitiva. 

13. Introducir modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de: 

a) prever un procedimiento preferente y sumario para el enjuiciamiento de los delitos vinculados con la corrupción política; 

b) incorporar a su articulado un régimen especial para la aplicación o denegación de sentencia de conformidad en los supuestos a que se refiere el apartado anterior. 

14. Incorporar modificaciones en la Ley de Régimen Local, con el fin de revisar el sistema de provisión de puestos y de remuneración de interventores, secretarios de administración local y otros cuerpos de control y asesoría técnica que garantice la independencia de los responsables respecto de los correspondientes cargos políticos.

MEDIDAS INTERNAS QUE LOS PARTIDOS DEBEN ADOPTAR SI PRETENDEN LA CONFIANZA CIUDADANA.

  1. Apartar de la actividad política y de las listas a los procesados como medida preventiva y expulsar de los partidos a los condenados. Esto conllevará la petición de renuncia de todos aquellos que estén en dicha situación. De no hacerse efectiva dicha renuncia en los supuestos fijados el afectado no podrá figurar en lista alguna en ulteriores procesos electorales. Esta medida se aplicará de forma inmediata en todo el territorio nacional y todas las Administraciones y parlamentos. 
  2. Publicación del presupuesto y las cuentas del partido, las Fundaciones y demás entidades dependientes directa o indirectamente de aquél o de estas con detalle y explicación de los ingresos y gastos superiores a 18000€ así como de los préstamos bancarios en los que sea deudor, con el fin de aportar transparencia plena a sus cuentas. 
  3. Publicación en la web de los informes de fiscalización de las cuentas del partido, con indicación en el plazo de seis meses de las medidas adoptadas para paliar las deficiencias que hayan podido apreciarse. 
  4. Publicación en la web de las Declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre el Patrimonio y las Declaraciones de Bienes de los cargos orgánicos e institucionales , idénticas a las que tendrían que realizar si fueran altos cargos de la Administración del Estado. Asimismo, se publicará su trayectoria profesional previa al cargo ocupado. 


Deberán determinarse los efectos retroactivos de las obligaciones de publicidad y declaraciónes contenidas en los apartados anteriores que afecten a la transparencia de las cuentas de los Partidos Políticos

QUIENES SOMOS

Un grupo de personas que nos hemos ido conociendo en la red y que compartimos gran preocupación por el desprestigio de la política y los políticos, los niveles de corrupción y la pérdida de calidad de la democracia en España. No podíamos permanecer pasivos ante la pérdida de credibilidad de un sistema democrático debilitado por las circunstancias que rodean la crisis económico-financiera.

http://elforoetico.blogspot.com/p/quienes-somos.html?spref=tw