LO QUE EL PUEBLO QUIERE

El mundo está atravesando por uno de sus momentos más delicados económicamente hablando desde el Crack de la Bolsa de Nueva York de 1929, por culpa de un sistema económico globalizado que está poniendo en riesgo el bienestar de las personas en el mundo desarrollado, haciéndose cada día más clara la brecha entre ricos y pobres. 


Si nos centramos en la crisis que estamos atravesando varios países de Europa, vemos cómo  servicios públicos como la Educación o la Sanidad, están siendo saqueados de manera cruel por los políticos que gobiernan gracias a las influencias de las altas esferas (lo que se entiende en el mundo de las finanzas como “lobbies” que son como los espíritus, nadie los ve pero ahí están para hacer daño al mismo tiempo que ellos se lucran a nuestra costa y sin ningún tipo de pudor). 
El pueblo está dolido, indignado, como dirían los recientemente desaparecidos Stéphane Hessel o  José Luis Sampedro y producto de esta situación ha surgido por todo el mundo el Movimiento de los Indignados que en España ha tomado cuerpo en el llamado “15-M”. 
¿Qué es lo que quiere el pueblo?. 
Quiere que se atiendan sus necesidades básicas, tener empleo, igualdad de derechos, más libertad, una vida normal donde se respeten la solidaridad, la honradez y la humildad. 
Decía un sociólogo español recientemente que estamos en un momento en el que si saliera un líder de verdad, auténtico, válido para la sociedad con fuertes convicciones que calen en la sociedad, podría triunfar con rotunda claridad y es que, en España, nos debería preocupar muy seriamente que la tercera fuerza política la represente en la actualidad la abstención. Necesitamos todos los que estamos interesados en la Política (que somos muchos, a pesar de lo que pueda pensarse), hacer posible un cambio de verdad, un giro radical y profundo donde se dé al pueblo lo que de verdad le pertenece en el que la democracia sea mucho más participativa, abierta, plural, dinámica y sobre todo, cercana y que sea la herramienta útil para cambiar el estado actual de las cosas. 
Si los políticos hacen las leyes y dicen representar al pueblo,  debemos procurar que desde las instituciones democráticas se vele por todos y cada uno de los ciudadanos evitando dramas  como el paro y los desahucios y para ello necesitamos a personas capaces pero, sobre todo,  personas dispuestas a escuchar  para hacer posible que el bienestar del ciudadano sea algo real y no ficticio. 
No podemos tener unos partidos políticos de estructuras cerradas, unas listas electorales donde no pueda votarse a las personas no podemos tener a un partido al frente de un Gobierno con una amplia mayoría absoluta favorecido por la alta abstención o la desviación del voto de un partido hacia otros y para ello, hace falta voluntad e iniciativa para alcanzar una serie de acuerdos que garanticen una mejor proporcionalidad entre lo que se vota y el número de representantes que luego obtiene un determinado partido político. 
Debemos luchar porque pilares básicos como la Educación, Sanidad, Pensiones o Vivienda sean temas inamovibles cualquiera que sea el partido político que  gobierne gracias a leyes pactadas por la mayoría del arco parlamentario. 
Debemos exigir a las instituciones europeas e internacionales que en tiempos de crisis se dote de más presupuesto para ayudas, que se favorezcan políticas en I+D+i, que haya  una mejor conciliación de la vida laboral y la familiar , más ayudas a los jóvenes emprendedores de manera que podamos construir una economía más competitiva así como un sistema laboral más flexible donde la edad no sea un impedimento para garantizar el trabajo a nadie y que nunca más se escuche eso de “tengo cincuenta años y con esa edad ya no me quieren en ningún sitio”, así como establecer un mercado económico más real y asequible para todos los ciudadanos que eviten futuras injusticias como las que ha provocado la “burbuja inmobiliaria”. 
Eso es lo que en mi opinión  el pueblo quiere y en la medida de lo posible todos debemos ser grano de arena de la montaña de un paisaje distinto al que hoy tenemos tan lleno de injusticias para los pobres por culpa de esos ricos que juegan con el sufrimiento de millones de personas. 
Desde aquí pido a todos una cosa: luchemos todos juntos sin excluir a nadie por lo que el pueblo quiere. 

DIEGO RUIZ RUIZ 

Militante del PSOE y de Juventudes Socialistas de la Provincia de Toledo.

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Capitalismo sin democracia.

“Porque de empezar de nuevo se trata, aunque con una urgencia mayor, por razones que tienen que ver con las condiciones de supervivencia digna de la humanidad y con procesos de descomposición cívica que no son difíciles de detectar en nuestra cultura contemporánea. El problema es que las certidumbres son menos y las fuerzas más dispersas. Se dispone, cierto es, de algunos activos, entre los que se han de incluir un conocimiento no despreciable de los procesos sociales, una capacidad para mirar con más limpieza el pasado y, si se quiere, de unos fracasos que al menos recuerdan como no intentarlo de nuevo.”

EL SOCIALISMO DESPUÉS DE TRES FRACASOS
Félix Ovejero Lucas
CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA nº 91. 1999

La hoja de ruta marcada por la dirección del Partido Socialista no parece adecuarse a la grave crisis social, económica, política y cultural que padecemos, llevamos padeciendo y cuya salida no se encuentra en un inmediato futuro.

Asistimos a un retroceso gigantesco en derechos que creíamos consolidados, pensábamos que la democracia nos protegía de los posibles ataques a ese conjunto de derechos, fruto de luchas y consensos, que nos dotaban del estatuto de ciudadanía, que articulaba, con sus inevitables tensiones, las grandes ideas ilustradas de la igualdad y la libertad, que disponía de un horizonte de mayor bienestar para el mayor número de personas.

Observamos cómo se cierran algunos caminos que nos resultan conocidos y nos daban una cierta seguridad, pero no es la hora de viejas verdades pensadas para un orden que ya no existe. Los cambios son de tal magnitud y aceleración que no podemos permanecer impasibles a la espera de que las cosas vuelvan a sitios ciertos y reconocibles.

Debemos ser capaces de vivir en la incertidumbre, en un mundo líquido frente a la solidez del pasado, en una sociedad fragmentada e individualizada, compleja e indefensa. Pero esa incertidumbre no puede ser abordada con el actual modelo de partido, ni tampoco diseñando tímidos mensajes que apuntan cambios para que nada cambie, de tal modo que nos hurtamos y hurtamos a la sociedad la profundidad de las patologías que hemos ido acumulando con el pasar de los años, hasta el punto de no resultar reconocibles para una ciudadanía más capaz e informada, la ciudadanía que debe ser la base social en la que se apoye cualquier proyecto progresista, con la que habrá que emprender la recomposición del paisaje después de la batalla.
Sin embargo, con todas las incertidumbres sabemos que caminamos a una especie de “capitalismo sin democracia”, un sistema que inhabilita a la izquierda para cualquier reforma, que deja a los más desfavorecidos desamparados, a los trabajadores aislados, a las mujeres sometidas, a los jóvenes sin presente, ni futuro, a los enfermos y a los mayores desprotegidos, a los inmigrantes estigmatizados, a las minorías excluidas. Es la senda que cambiará a los ciudadanos por súbditos, un retroceso de décadas hacia un “sálvese quien pueda” sobre el que no cabrá un mínimo vigor democrático, un escenario que requiere sindicatos debilitados, sociedad desarticulada y partidos progresistas domesticados.
Es una evidencia empírica que, fundamentalmente tras la II Guerra Mundial, los gobiernos socialistas europeos fueron capaces de dotar a sus sociedades de mayores cotas de igualdad y libertad. Sin embargo, también es una evidencia que, durante las tres últimas décadas, asistimos a una ofensiva conservadora mediante la que el Estado del Bienestar, asentado en la política y la intervención institucional, un espacio público reconocible y una base social consistente, ha ido siendo limado pacientemente, acompañando y estimulando los propios cambios que objetivamente han ido produciéndose.
Es pues el momento inaplazable de recuperar la política, sabedores de que su papel será más modesto que en el pasado y también que tendrá que estar más abierta al conocimiento de la complejidad y del cambio imprevisible.
La hoja de ruta de la izquierda, debe responder a los problemas inmediatos, sin descuidar la perspectiva de futuro, debe acompasar el proceso y el proyecto, lo que requiere la reconstrucción del espacio público, reconstrucción que sólo puede nutrirse de más democracia y más ciudadanía, mediante el que puedan definirse desde el presente, objetivos inmediatos capaces de atraer a quienes deben realizarlo, con la suficiente consistencia para evitar, en lo posible, comportamientos o funcionamientos incompatibles con el proyecto igualitario.
Y lo cierto es que ahora es, más que nunca, el tiempo de la política, de otra política, de la política como bien público que define donde quiere ir y cómo puede llegar. Pero, no hay proyecto igualitario posible sin reconocimiento de los errores cometidos, sin aprendizaje de las dificultades encontradas, u ocultando los problemas.
Tenemos problemas de democracia interna, deberíamos haber aprendido que los procesos democráticos se llevan mal con la lógica del mercado, la lógica del interés. Tenemos una idea minimalista de la democracia, aunque ni siquiera –frecuentemente- las formas son respetuosas con la misma, olvidamos que la lógica del interés se impone cuando este se oculta, laminando la crítica, la deliberación y las buenas razones. Y, tras esa lógica, crece el clientelismo como antesala de la corrupción. Debemos, siguiendo a Paolo Flores D’Arcais, “tomarnos la democracia en serio”. El partido debe ser una escuela de la democracia.
Tenemos problemas de base cívica, un proyecto igualitario no se puede sustentar sin una “red moral”, sin una base cooperativa, no es posible que el espacio público, construido con tanto esfuerzo, sobreviva sumando intereses individuales y olvidando una mínima conducta cívica, una cosa es no creer en un ingenuo y voluntarista altruismo y otra creer que todos nuestros genes son egoístas. El partido debe ser un espacio público, lugar de encuentro y cooperación, estimulo de lo mejor de cada uno de nosotros.
Urge afrontar estos problemas, urge poner en marcha mecanismos de apertura del partido, de participación ciudadana y de democracia avanzada. Urge, reconstruir el partido a través de primarias abiertas a la sociedad para las elecciones de los cargos públicos, desde las presidencias del Gobierno del Estado a las de las CCAA, de las alcaldías de determinadas poblaciones, a las próximas elecciones europeas, a las Cortes y a les Corts.
No existen razones poderosas para no hacerlo.

Por Fran Sanz, abogado y militante socialista.

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NECESITAMOS CONSTRUIR UN RELATO POLÍTICO SOCIALISTA .

La noche electoral de la inesperada victoria del PSOE en 2004, tras el atentado terrorista del 11-M, la ciudadanía nos advirtió: ” Zapatero no nos falles”. Pero muchos consideran que les hemos fallado. Tanto por nuestra actitud ante la crisis como por el alejamiento de la realidad social. Y nació la desafección por haber olvidado que nuestro fin no era gestionar el poder y menos aún sin molestar a los poderosos. 

En esta sociedad globalizada los más ingenuos seguimos pensando que estamos en política para defender el interés general, los valores de la izquierda y tratar de transformar el mundo, desde las cosas pequeñas hasta las utopías cargadas de épica. Si los socialistas lo compartimos estaremos en el camino de superar una situación agónica, recuperar nuestra identidad y la autoestima. 

¿Pero cómo recuperar la confianza de la ciudadanía en la política? ¿Cómo puede ganar credibilidad el PSOE en una sociedad indignada y angustiada por el paro, la pobreza y la incertidumbre ante el futuro, la corrupción y los desahucios, la impunidad, la pérdida de servicios públicos y la incapacidad de la política que sigue los dictados de la troika sin dar solución a sus problemas? Lo cierto es que caminamos lentos y desorientados por el desierto y con la pesada mochila de una herencia. ¿Por eso hacemos propuestas por detrás de los acontecimientos? De hecho, perdimos la oportunidad de realizar una catarsis y de resetear el PSOE con ocasión del pasado Congreso de Sevilla hace un año. 

Dicen que la Conferencia de octubre dará respuesta a la desafección hacia el PSOE. No lo sabemos. En todo caso, proponemos un relato político propio y creíble que nos diferencie e identifique, que despierte conciencias dormidas e impulse un liderazgo social compartido con la mayoría social de progreso que ilusione y demuestre que cabe la esperanza en el combate contra la crisis. Para ello, defendemos tres propuestas estratégicas que relacionadas configuran el hilo conductor de un relato socialista dirigido a la sociedad: 


I. RECUPERAR LA PASIÓN POR LA DEMOCRACIA.


Con el paso de los años la democracia española ha perdido calidad, fuerza y frescura por la acumulación de vicios, por la resistencia de las tendencias conservadoras en el devenir de la democracia, por el excesivo peso de la partitocracia en instituciones cuya función debe gozar de independencia y por una evidente falta de control y actuación de los mecanismos que debían prevenir los comportamientos inmorales y los casos de corrupción. 

Asumiendo nuestra responsabilidad, las bases del PSOE hemos de recuperar la pasión por la democracia, empaparnos del espíritu democrático de la Transición y del valor del pacto en defensa del interés común para avanzar con propuestas concretas en el combate contra el desempleo y en favor de una regeneración del sistema político que dé más legitimidad a la democracia. Porque sólo ella puede prevenir, controlar y castigar la corrupción. 

Recuperar la pasión por la democracia significa: acabar con la corrupción; poner fin a la opacidad, el desprecio al Parlamento y la imposición de decisiones por el Gobierno; hacer transparentes las cuentas de los partidos; apostar por una reforma electoral con listas desbloqueadas y mayor proporcionalidad; la limitación de mandatos y la no acumulación de cargos, mayor democracia interna en los partidos y sistema de primarias para elegir cargos internos y candidatos con el voto directo de sus militantes; y una ambiciosa Ley de Transparencia que obligue a los partidos, ceoe, sindicatos y casa real. 

La legitimación de la democracia y la garantía de la división de poderes exige acabar con la patrimonialización de los entes reguladores y de los organismos constitucionales mediante cuotas de partidos. Es como la prueba del algodón de la regeneración. Me refiero al Tribunal de Cuentas, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Presidencia del Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Defensor del Pueblo y Presidencia del ente RTVE. El PSOE ha de plantear al Congreso una propuesta con un nuevo procedimiento para la designación de los componentes que contemple sus méritos y prestigio, además de requerir mayorías cualificadas en el Parlamento. 


II- OFRECER UN CONTRATO CIUDADANO PARA DIGNIFICAR LA POLÍTICA.

El paquete de medidas contra la crisis de mayo 2010 y la reforma exprés de la Constitución en 2011 supusieron la culminación de un proceso de incumplimientos programáticos rechazado por nuestros votantes. Por ello, recuperar su credibilidad será una tarea muy difícil tras las consecuencias de esta dramática crisis económico-financiera para millones de familias, la permisividad de la corrupción y el desprestigio de la política y las instituciones. 

Si a esto unimos el desgaste de la “marca PSOE” porque la ciudadanía nos asocia con la crisis al haber gobernado en su inicio y nos vincula a las consecuencias de las medidas antisociales del PP contra las bases del estado de bienestar, la conclusión es obvia: la desafección de la ciudadanía nos obliga a “reinventarnos” como organización para liderar la respuesta a la derecha, retomando nuestros principios y afanes de transformación. 

Si así fuera, tendremos que expresar los nuevos compromisos entre los socialistas y la ciudadanía por medio de un Contrato Ciudadano. Un nuevo contrato político que establezca un marco de relaciones que ayuden a reconstruir juntos el país. Que recoja el compromiso solemne del PSOE de trabajar desde una forma ética de hacer política, con rendición periódica de cuentas de los representantes elegidos, con un concepto más democrático del papel de la ciudadanía que la empodere y la implique en la gobernanza, profundizando cauces de participación, en los tres niveles de la administración, como la iniciativa legislativa popular y la práctica de las consultas y del referéndum. Un contrato para defender juntos una democracia ética y participativa que suponga abrir un proceso de participación ciudadana en la elaboración del programa electoral. 

Este Contrato Ciudadano ha de ser bilateral y contemplar, también, el buen uso por la ciudadanía de los servicios públicos y prestaciones del Estado de Bienestar así como el compromiso de cumplir con sus obligaciones cívicas y actuar con responsabilidad social en su entorno. Sería de gran ayuda para dignificar la política y dar contenido real al concepto de ciudadanía. 

III. CONSTRUIR UN PROYECTO ALTERNATIVO FRENTE A LA CRISIS, REFORMISTA Y TRANSFORMADOR. 


La recuperación del liderazgo social perdido por el PSOE pasa por retomar un fuerte impulso político reformista, 30 años después, para construir, con la participación y complicidad de la sociedad, un modelo planificado de país capaz de afrontar la crisis y de redistribuir con justicia las cargas y sacrificios. 

Un proyecto político y económico dirigido a reformar y modernizar las estructuras administrativas y empresariales ineficientes y viciadas; acercar la innovación y el conocimiento a grandes capas de la población y a pequeñas empresas; democratizar las instituciones; adaptar el Estado del Bienestar a las nuevas posibilidades y necesidades para hacerlo viable y eficiente, haciendo posible la devolución a la ciudadanía de derechos y servicios públicos hoy eliminados o recortados por el Gobierno de Rajoy; hacer la reconversión del sector de la construcción; apostar por un tejido económico que se apoye en sectores empresariales con futuro, basados en la innovación y la sostenibilidad, pensando en competir en una economía global; y pedir productividad a empresas y trabajadores para ser competitivos en base a un pacto sobre rentas. En definitiva, contribuir al bien común de la sociedad en su conjunto. 

El proceso de transformación pendiente ha de incorporar, necesariamente: un sistema fiscal más progresivo; el combate contra el fraude fiscal; un control efectivo sobre la Banca española y las decisiones de las grandes empresas; la racionalización y configuración federal de un modelo territorial que sea eficiente y aporte cohesión a un Estado plurinacional y multicultural; la modificación y el refuerzo del sistema de educación y sanidad pública; y la defensa de un nuevo programa para una Europa más social y democrática de la mano de los Partidos Socialistas y Socialdemócratas europeos, que ha de abordar esa pretendida “utopía” de incidir en la regulación de los mercados especulativos y actuar sobre los paraísos fiscales. 

Ante la dimensión de las transformaciones señaladas, la reforma de la Constitución no puede convertirse en un objetivo en sí mismo sino en una herramienta decisiva de apoyo a estos retos estratégicos que fortalezcan la cohesión social en España. El proyecto del PSOE ha de ser alternativo al modelo ideológico de la derecha y vincularse a una revisión constitucional transformadora. 

Para recuperar la confianza necesitamos capacidad propositiva, un proyecto participativo y dirigentes creativos con quienes identificarlo, sentido de la anticipación y una estrategia de acciones inmediatas con la que afrontar los efectos de una crisis que hunde sus raíces más allá de la explosión de la burbuja inmobiliaria. Porque la crisis es producto de los intereses antidemocráticos de los mercados financieros especulativos en un sistema económico que nos repugna por injusto al provocar las desigualdades, así como de la falta de coraje para establecer mecanismos reguladores a nivel internacional. 

Odón Elorza, Diputado Socialista. 
Beatriz Talegón, Secretaria General de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas
(IUSY).

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El Estado de las economías

Tenía seis años cuando murió Franco. Mi generación no votó la Constitución de 1978 ni participó en la transición a la democracia. Ambas aparecen hoy ante nosotros como dos mantras que nadie parece poder cuestionar. La Constitución es un límite taumatúrgico y la transición un proceso perfecto fruto de un sacralizado consenso entre fuerzas políticas que, sin embargo, partían de presupuestos incuestionables como la monarquía o la inexigibilidad de responsabilidades tras la dictadura.


Cuesta mucho, a muchos, reconocer que Constitución y transición fueron simplemente el producto del pacto posible hace ya treinta y cinco años, un pacto entre las élites procedentes de un régimen dictatorial nacido de un golpe de Estado y una cruenta guerra civil y unos partidos políticos emergentes, renacidos cual ave fénix en algún caso o reconstruidos en la clandestinidad en otros. Los primeros, alineados en Unión de Centro Democrático o Alianza Popular, superado el proceso constituyente y la propia transición a la democracia, tuvieron que realizar su particular travesía del desierto para construir un partido político que aglutinase al centro derecha, el Partido Popular, una nueva CEDA. Los segundos, llamados al gobierno del país de manera prácticamente inmediata, hicieron lo propio en torno a un PSOE que fue devorando a cuantos se acercaban a él limitando rápidamente el espacio político del PCE, pronto integrado en Izquierda Unida. La izquierda aglutinada en el PSOE generó, eso sí, unas nuevas élites políticas que fueron rápidamente abducidas por los lobbies sociales y económicos del país, escasamente afectados por la transición, una clase política cada vez más distanciada de sus bases.


El modelo de partidos cuajó rápidamente en un bipartidismo imperfecto, potenciado por un sistema electoral concebido para favorecer a las mayorías y facilitar la gobernabilidad del país, escasas exigencias y controles de la democracia interna de los partidos y tenues normas sobre transparencia y prevención de conflictos de intereses. El proceso de descentralización, esbozado y no acabado en la Constitución, carente de un punto de llegada y, por ello, disgregador, generó el actual Estado autonómico fruto de sucesivos pactos entre las fuerzas políticas mayoritarias tendentes, en términos generales, a igualar la capacidad de gobierno de las diferentes Comunidades ampliando sus competencias, pero manteniendo un régimen de financiación dual, que favorece al País Vasco y Navarra y suscita, por ello, envidias y tensiones de otras Comunidades que obtendrían mayores recursos con el sistema de cupo y aspiran al mismo. Este fue, en términos generales, el contexto político e institucional resultante de la transición. 


Hoy, sin embargo, los consensos y las instituciones, pese a las resistencias del sistema de partidos que ha dominado la política del país durante casi cuatro décadas, están siendo cuestionados duramente como consecuencia de una corrupción que parece generalizada y que se hace evidente acaso como consecuencia de la grave crisis social y económica que atravesamos. Es el sistema de partidos mismo lo que hoy está en cuestión, fagocitado como ha sido por una clase política incapaz de renovarse salvo por cooptación, profesionalizada en grado sumo, sin posibilidad de retirada y percibida como uno de los más graves problemas, acaso el fundamental, por los ciudadanos. Las expectativas electorales de los dos grandes partidos disminuyen día y día, pero no surgen tampoco alternativas potentes, que generen confianza, que parezcan capaces de tejer mayorías alternativas. La resistencia al cambio, la inmovilidad de los grandes partidos, acaso la caverna renacida, hacen que la situación política se esté agravando progresivamente profundizándose de este modo en una crisis representativa, que no democrática, que provoca una gran distancia entre representantes y representados. La confianza se ha roto y la pasividad, que antaño solía resolver ciertos problemas, hoy no la reconstruirá. 

Tampoco desde la perspectiva institucional la inacción será solución. Para un observador atento el modelo de Estado que surgió de la transición y del proceso descentralizador que impulsó la Constitución, basado en los principios de autonomía y competencia, está cambiando rápidamente. Del Estado de las autonomías hemos pasado al Estado de las economías, en el que la autonomía como principio fundamental de relación entre poderes ha dejado paso a la estabilidad presupuestaria como mandato impuesto incluso al poder soberano, que lo ha visto incorporado a la Constitución sin que se le pidiera opinión al respecto. Más allá de principios organizativos, distribución de competencias e intereses respectivos, o mejor por encima de ellos, se imponen hoy las exigencias de estabilidad presupuestaria. Hoy la crisis constitucional que puede dar lugar a la intervención de Comunidades ya no es la secesión, que inspiró el artículo 155 de la Constitución, sino el descontrol presupuestario. Y al socaire de tales exigencias se pone la Constitución al servicio del general interés, postergando el interés general. 

Julio Tejedor Bielsa

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EQUIDAD EN LA RESOLUCION DE LOS DESAHUCIOS

Cinco años después de aterrizar la crisis económica en España gran parte de sus causas, públicas y privadas resultan ahora evidentes. Las políticas de liberalización urbanística y de cambio del régimen de valoraciones del suelo que impulsó el Partido Popular entre 1996 y 1998 ocasionaron un incremento desorbitado de los precios de la vivienda y sentaron los cimientos de la burbuja inmobiliaria. En paralelo, la desregulación de los mercados financieros permitió que la banca se dedicara a la ingeniería jurídico financiera proliferando toda clase de productos de alto riesgo, extremadamente complejos que, indiscriminadamente, han sido ofertados y vendidos al público en general a pesar de resultar ininteligibles para la ciudadanía a la que iban dirigidos. 


Desde una perspectiva privada, los comportamientos de la banca fueron especialmente dañinos hasta llegar a la situación actual. En relación con el mercado hipotecario se facilitó tanto el crédito que se tasaron las viviendas por encima de su valor; se otorgaron créditos que superaban el valor de la vivienda y no se tuvieron en cuenta las condiciones socioeconómicas de los solicitantes del crédito. El comportamiento cortoplacista de la Banca -ganar más en el menor tiempo posible- le ha llevado a asumir unos riesgos excesivos con el resultado que todos conocemos. 
Es cierto que los particulares son también responsables de sus actos pero no es justo ponerlos al mismo nivel cuando en un contrato de préstamo bancario no existe igualdad entre las partes y el procedimiento produce la indefensión del deudor. La banca es la parte más poderosa de la relación, y el clausulado resulta en ocasiones confuso, difícil de entender. ¿Cómo puede alguien pensar que quedándose el banco con la casa permanece la deuda que garantizaba el inmueble? Como refleja esta sencilla pregunta, la complejidad afecta a todo su contenido, incluso a la inequidad de las condiciones de ejecución de los desahucios. 
Junto a estos factores no podemos olvidar que la crisis ha provocado el desempleo de los componentes de miles de esas familias que se ven en la gran mayoría de los casos imposibilitados de pagar la hipoteca. En esta suma de factores situamos la causa de los sufrimientos (económicos) ,sociales y personales que provocan los desahucios. Hoy muchos ciudadanos carecen de capacidad de pago de los créditos y se ven ante la pérdida no sólo de un bien material sino de los recuerdos, las vivencias, en definitiva, de su proyecto de vida que se esfuma con la ejecución del desahucio.
Paralelamente, desde 2008, la sociedad española ha hecho un gran esfuerzo para el sostenimiento de la banca. Por un lado, a través de sus impuestos que sirvieron para el otorgamiento de ayudas públicas directas que llevaban la forma de préstamo. Por otro, desde las últimas elecciones estamos padeciendo el desmantelamiento del estado del bienestar con recortes salvajes de servicios básicos y unas politicas de austeridad que generan más paro y que están empobreciendo a la ciudadanía. Políticas que han sido la condición impuesta por la Unión Europea para el rescate concedido a España con ayudas a la banca. 
Consideramos que hasta ahora no ha habido una respuesta política al problema que restaure la falta de equidad a que nos referíamos con anterioridad. Ante un problema social de extraordinaria magnitud el Parlamento no ha avanzado en dar una respuesta general satisfactoria, si bien el PSOE presentó con retraso una proposición de ley ambiciosa, el pasado mes de septiembre, que fue rechazada por el PP alegando la existencia de un irrelevante Código de Buenas Prácticas de efectos nulos. 
De hecho, ha tenido mucho más efecto la actuación de algunos jueces y magistrados con argumentos que atienden a las razones sociales y de inequidad que están en la base del problema, así como la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconociendo que la situación era anormalmente desproporcionada en favor de la banca. También merece destacarse la ILP apoyada por 1,8 millones de firmas y promovida por las plataformas de afectados por las hipotecas que han jugado un papel fundamental en la lucha contra los desahucios y en la concienciación de la sociedad española. 
Los hombres y mujeres que dicen querer dedicarse a la política para defender los intereses generales se enfrentan a una decisión clave para sus conciudadanos; nos referimos a la posibilidad de acabar con el drama de los desahucios mediante la aprobación en el Congreso de una ley justa. Es momento para la coherencia y para demostrar en la práctica un compromiso ético, para dejar patente que la política es una herramienta en favor de la justicia social, para cumplir con el Estado social y democrático. 
Los políticos, que antes de nada son parte de la ciudadanía, tienen “una segunda oportunidad” para arreglar los daños y paliar el sufrimiento que los años de desatención y falta de coraje democrático hacia estos problemas han mostrado los sucesivos Gobiernos. 
El problema es de especial magnitud. No valen, por ello, las instrucciones de partido.Los parlamentarios tienen que demostrar que realmente y en cumplimiento del art. 67.2 de la Constitución, no están sujetos a ningún mandato imperativo, (“los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”). 
Es en función de sus convicciones como han de resolver esta cuestión social de tanta transcendencia, en la que la desigualdad y la injusticia han superado los límites de lo tolerable. Se necesita una reflexión personal, en conciencia, para tomar la decisión justa superando todo tipo de presiones, directas o indirectas, y que en especial ejercen la Banca y la troika. 
En base a las anteriores consideraciones, FORO ÉTICO proclama: 
Su rechazo a la falta de medidas legislativas suficientes por parte de los poderes públicos en la resolución a tiempo del problema de los desahucios. 
Su convencimiento de que, en el marco de un Estado social y democrático, la solución a un problema socialmente tan grave, pasa por la asunción de su responsabilidad por los representantes de la ciudadanía a través de la aprobación en las Cortes Generales de una ley justa. 
Su llamamiento a que los diputados y diputadas ejerzan su voto en conciencia para la resolución del problema, demostrando que no están sometidos a mandato imperativo. Es una exigencia ética para mantener la dignidad de la política y de las instituciones que han de servir para resolver los problemas de la ciudadanía que les ha elegido. 
Su llamamiento a que el voto en conciencia esté basado en un criterio de equidad, tomando en consideración como ejes de la ley los factores reseñados; esto es impidiendo la ejecución de nuevos desahucios, aplicando la dación en pago para resolver la deuda pendiente, incluso con carácter retroactivo para las familias con el desahucio ejecutado y poniendo a disposición de las familias afectadas un parque de viviendas en alquiler ( reintegrando la vivienda en aquellos casos en que ya se hubieran procedido a la ejecución). 
FORO ETICO.