Los jóvenes y la política tomada en serio.

Jóvenes sin futuro
En 35 años de democracia, nunca ha habido un momento de desafección a la política por parte de la ciudadanía tan notable como el actual. En términos generales, las razones son evidentes: la corrupción y el paro en un contexto de desmantelamiento del Estado del Bienestar. No obstante, parece que pesa incluso más la sensación de incapacidad de los gobernantes  para dar con las soluciones que, por fin, nos permitan ver algo de luz al final del túnel.
Corremos el riesgo de que haya una generación pérdida. Los datos de desempleo de los jóvenes de 20-34 añosson devastadores. Algunos jóvenes cualificados se van fuera en busca de oportunidades y serán otros países quienes aprovechen los frutos de su formación recibida en nuestro país. Además, más de un millón de jóvenes sin formación académica, víctimas de la crisis cultural que inducía a dejar los estudios e irse a trabajar al sector de la construcción, difícilmente encontrarán trabajo. Hay que recuperarlos.
No hay nada peor que no tener expectativas de futuro, y el ejemplo paradigmático es el de los jóvenes como yo que no saben qué va a ser de ellos en un futuro no tan lejano, si van a poder ganarse  y mantener un nivel de vida como el de sus padres, como se daba por hecho hace no tanto tiempo, o van a tener que emigrar para tener una vida digna, cobrar salarios que no se correspondan con un país de la UE, soportar la pérdida de derechos, soportar abusos como el despido cada vez más barato, contratos con menos garantías y la presión de que hay que trabajar más y cobrar menos.
Cuando parte de la izquierda estaba luchando por reducir la jornada laboral, parece que desde la derecha se quiere imponer  una involución sin precedentes y destruir lo que durante tanto tiempo y con sumo esfuerzo se había construido. Parece que quieren que compitamos con países que no están precisamente en la UE, y por ello nos encontramos ante un panorama desolador.
Repartir el trabajo
La idea progresista de que se puede trabajar menos y compartir el trabajo solo se interiorizará en la sociedad si se sabe explicar de forma fundamentada. Para empezar, se puede, porque siendo prácticos la primera barrera que hay que derribar es la de la mentalidad de aquellos que piensan que vivir igual o mejor trabajando menos es una utopía.
Por un lado, el hecho de trabajar menos ya es per se un aumento de la calidad de vida. Y por otro lado, el hecho de trabajar menos horas abre una doble vía para reducir el paro.
En primer lugar se reparte más el trabajo, hay menos personas desempleadas y eso es de una valía incuestionable a todos los efectos, tanto desde el punto de vista de la propia persona  y el drama por el que pasa, como para las arcas de un maltrecho Estado que no puede soportar millones de parados. 
Y en segundo lugar, si como se ha expuesto, hay más personas empleadas, hay más potencial de consumo, con lo cual las empresas obtendrán mayores beneficios y podrán pagar mejor e incrementar su inversión y por tanto necesitar más fuerza de trabajo.
Es una idea que puede tardar en fructificar a corto plazo, y ello juega en contra, porque la Tierra sigue girando y se necesitan soluciones urgentes e inmediatas, pero es una idea orientada al crecimiento, a generar algo que nos ayude a salir poco a poco de esta crisis, al contrario que las medidas del actual gobierno, empeñado en deprimir aún más una economía  deprimida, sabiendo que el abc de la economía -aunque por ideología se haya centrado todo en el déficit- se basa en que para salir de una recesión hay que favorecer un crecimiento sostenible, y las medidas de este gobierno van orientadas a lo contrario.
Eso sí, veremos de qué dimensiones será el destrozo del Estado del Bienestar, efectuado con el pretexto de la crisis económica.
Debemos  explicar a la sociedad que la idea de compartir el trabajo se corresponde con la esencia de la política y  una visión humanista de la sociedad.
La política está para la felicidad humana. La política en positivo.
Por ello, la política debe ir orientada a un solo objetivo, la felicidad humana, a integrar en la sociedad y mejorar la vida de más gente cada vez. Pero la idea de felicidad del ser humano no puede ir asociada a tener el mejor coche, la mejor moto o una mansión. O dicho de otra manera, no tenerlo no puede ser un motivo de infelicidad como se nos ha vendido  desde una cultura basada en el consumismo despiadado.
Debemos aprender que vivir dignamente es barato. El ser humano necesita eliminar el fantasma de la pobreza y cubrir ciertas necesidades para vivir con un mínimo de tranquilidad, seguridad y estabilidad. Una vez cubiertas, se necesita poco más. En definitiva, debemos luchar por otra cultura.
Por esto último, porque la función del político debe ser contribuir a nuestro bienestar, a nuestra calidad de vida, a nuestra felicidad en definitiva, hay esta desafección. Porque da la sensación de que los políticos, si no están a lo contrario, están a otra cosa. Que la palabra “política” o “políticos” tenga connotaciones negativas es de lo peor que le puede pasar a un país.
Hemos de partir de la base de que no toda la culpa es de los políticos, hay que repartir las responsabilidades entre toda la sociedad.  Porque el individuo no nace político, sino que se hace, no son extraterrestres que vienen a la Tierra a fastidiarnos, su forma de actuar y de pensar son el reflejo de la forma de actuar y de pensar de una sociedad.
Algo estaremos haciendo mal. Algo estaremos haciendo mal cuando oigo a más de una persona quejarse de la corrupción diciendo, al mismo tiempo, que si estuvieran en la posición del político corrupto “harían lo mismo”. Debemos exigirnos a nosotros mismos lo mismo o más que le queramos exigir a los demás. La picaresca española podría ser un motivo histórico que tenemos desgraciadamente más arraigado de lo que pensamos. Y, hablando de motivos históricos, es imposible olvidarse del retraso histórico en el reparto del mercado y de las relaciones comerciales entre países, a las que llegamos tarde, a causa de 40 años de franquismo que, entre otras cosas, es el origen de no tener una industria más potente.
No obstante,  deberíamos preguntarnos por los motivos restantes. En vez de mandar mensajes apocalípticos que invitan al suicidio, deberíamos centrarnos en que el problema no es sólo de los políticos, de si cobran mucho o de si hay demasiados, también hay directivos de bancos que han contribuido como el que más a esta situación, que cobran indemnizaciones millonarias y encima no asumen su responsabilidad. A la hora de hacer el diagnóstico de un enfermo llamado España, pongamos el foco en las enfermedades más graves. A gran parte de la sociedad le preocupa más una herida en el pie que un derrame cerebral. Hay que hacer comprender que la herida en el pie también hay que curarla, pero habrá que preocuparse más por las enfermedades más graves como la segunda.
Una profunda remodelación de los partidos políticos para entender lo que está pasando. El 15-M
Uno de los grandes retos para armar el principal instrumento que puede contribuir a solucionar la crisis en la que nos encontramos, pasa por una profunda remodelación de los partidos políticos. Es la hora de la alta política, y sólo las grandes estructuras de los grandes partidos pueden hacer posibles todos estos cambios. Pero, evidentemente, tienen que hacerlo mejor y recuperar la confianza de la ciudadanía. Y ambos propósitos se logran con la misma fórmula.
Que el partido no sea el objeto de los intereses personales de unos pocos, que sea una estructura en la que todo el mundo pueda aportar ideas, opinar y discrepar de las decisiones de todos los miembros, por mucha influencia y poder que estos últimos puedan tener.
Que todas estas críticas no tengan consecuencias negativas para aquel que las haga es un punto fundamental para construir un partido plural, democrático y abierto a la ciudadanía. Deberían eliminarse las redes clientelares y la influencia de las familias políticas, que contribuyen a la división del partido, a la arbitrariedad en la toma de decisiones, a la disminución de la crítica política, a que los que lleguen a lo más alto no sean los más preparados y a hacer de un partido político el cortijo de unos pocos que colocan a sus allegados y afines que, generalmente, no criticarán ninguna de sus decisiones.
Y por último, que los candidatos sean elegidos por los militantes y por la ciudadanía, que se den a conocer fuera del partido, que expongan sus proyectos e ideas, como modo de enriquecimiento del debate político, de la identificación de los ciudadanos con sus representantes. Las primarias abiertas pueden ser un gran paso para la reivindicación de la política, la participación ciudadana y la democracia representativa, reducida únicamente a un voto cada 4 años.
La aparición de nuevos movimientos sociales, las grandes movilizaciones del 15-M, el movimiento contra los desahucios,  ponen de manifiesto la incapacidad de los partidos para resolver las numerosas cuestiones que deben ser abordadas y respondidas, la desafección de la ciudadanía hacia la política y la sensación de no sentirse representada ni identificada con sus gobernantes.
Estos fenómenos y acontecimientos, tienen muchos puntos positivos como termómetro de la lógica indignación de la sociedad y demuestra que los ciudadanos no están adormilados y que no van a consentir lo que antes en cierto modo consentían. Desde mi punto de vista, enriquecen el debate público, crean espacio público y muestran la vitalidad de una sociedad.
Pero falta organización, falta dirección, falta, en definitiva, que todos estos movimientos cristalicen y se canalicen en algo concreto que de verdad cambie el paisaje actual. Por ello, no pueden nunca ser sustitutos de los partidos políticos, no sólo porque se perdería la esencia de estos movimientos, sino porque los desafíos que tenemos por delante son de tal magnitud que solo pueden ser solucionados con la buena política, con una política abierta y despojada de las inercias del pasado.
Debemos intentar también no orientar estos movimientos hacia la abstención ciudadana, porque al final será la derecha la gran beneficiada. No queremos que se cumpla aquello de “nosotros la manifestación, ellos la disposición” porque es fundamental para sectores importantes de la sociedad que sea un partido de izquierdas el que gobierne y tome decisiones que palíen las grandes deficiencias en la calidad de vida de muchos ciudadanos, especialmente los más desfavorecidos, los más débiles.
Éstos nunca van a estar más atendidos por un partido de derechas que por un partido de izquierdas. Los conservadores nunca van a pensar más en ellos ni a preocuparse más por ellos porque forma parte de su ideología. La ideología de que, por naturaleza, una parte de la población siempre va a estar excluida, de que algunos son los perdedores de la Tierra.
En cualquier caso, siempre habrá que mandar un mensaje optimista, siempre hay que serlo con el ser humano aunque a veces nos den razones para lo contrario. Porque siendo pesimistas no vamos a ningún lado y porque de éstos ya hay demasiados como para serlo nosotros también.
Porque una crisis es mitad un fracaso, mitad una oportunidad. Gran parte de las cosas que ahora funcionan mal son consecuencia de que en el pasado no se hicieron bien, o nos hemos dado cuenta de que parte de los mecanismos de este sistema no son suficientes para el funcionamiento de una sociedad como la que queremos.
Que no haya nadie en la cárcel después de todo lo ocurrido es el reflejo y un ejemplo de que hay que cambiar muchas cosas de nuestro sistema jurídico. La obstrucción y dilación de la justicia por hábiles expertos en el juego procesal  nos muestran muchas deficiencias que deben invitarnos a establecer los mecanismos necesarios para que esto no ocurra, empezando por modernizar la justicia y no reducir personal judicial para no ahogar más a jueces desbordados por tanto trabajo.
Gran parte de los casos de corrupción son del pasado, cuando todo iba aparentemente bien y se hacía la vista gorda, pero la actual indignación y desafección a la política es una oportunidad para que los políticos que vengan tengan claro que el dinero público es sagrado, y que toda la sociedad tiene un compromiso con sus conciudadanos, desterrando el individualismo y viendo lo público como algo nuestro que hay que defender, algo colectivo, algo de todos.
Como seres políticos que somos debemos vivir en sociedad con los que nos rodean, necesitamos estar con personas que nos llenen, y eso no puede restringirse sólo a la familia y amigos, sino que ha de ampliarse a todos los individuos de una sociedad.
Por ello, no podemos ver buenos los tiempos pasados y malos los de ahora, no ha habido una involución, aunque el gobierno parece que se empeñe en lo contrario. Hemos abierto los ojos y nos hemos dado cuenta de que hay un mundo nuevo en el cual hay grandes desafíos y que los instrumentos que teníamos no funcionan tan bien como creíamos.
Es la gran oportunidad de cambiarlos, el desafío es colosal pero apasionante, estamos ante un momento importante de la historia y hay que dar la talla, y solo la alta política, la que se hace entre todos y con todos, nos hará que la angustia del presente y la incertidumbre del futuro reciba, cuanto menos, el calor humano que nos da aliento para ser un poco más felices.

Pablo Sanz Manglano
 Estudiante Erasmus de 4º de Derecho en Olsztyn (Polonia)

Este artículo es responsabilidad y opinión del firmante.  Los comentarios, vertidos por las personas visitantes, son responsabilidad de las mismas. 

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CONSIDERACIONES GENERALES REALIZADAS POR FORO ÉTICO AL DOCUMENTO: "RECUPERAR LA CONFIANZA EN LA POLÍTICA Y EN LOS PARTIDOS. MEJORAR LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA EN EUROPA. #OTRADEMOCRACIA"


Abrimos en este momento periodo de consultas a lectores, sean o no miembros de foro, para que formulen cuantas aportaciones al presente documento consideren de interés para la mejora del mismo.

Todas las opiniones, añadidos, correcciones o puntos de vista discrepantes serán bienvenidos, publicados y debatidos. 

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Con el espíritu crítico, pero propositivo, que caracteriza la actuación de FORO ÉTICO desde su constitución, hemos desgranado el documento preparado por el PSOE titulado “RECUPERAR LA CONFIANZA EN LA POLÍTICA Y EN LOS PARTIDOS. MEJORAR LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA EN EUROPA”,(Puedes consultar el documento del PSOE aquí)y trasladamos unas consideraciones generales, así como una relación de propuestas que no están recogidas en el mismo y que consideramos deben incluirse al menos en el debate.

Consideraciones generales

1.- El documento del PSOE habla de “devolver la confianza .a la ciudadanía Creemos en FORO ETICO que la desconfianza está en la manera de funcionar de esta democracia —no en la democracia en sí—, en el funcionamiento de algunas instituciones y sobre todo en el funcionamiento de los partidos políticos, intermediarios y representantes de la ciudadanía. Las instituciones del Estado están en cuestión por la crisis de confianza de las personas en los partidos políticos como canal representativo fiable. Confundir partidos e instituciones es peligroso y, si se hace deliberadamente, interesado. Si los partidos como canales representativos volviesen a ganarse la confianza ciudadana, la mayoría de las instituciones recuperarían la legitimidad que se dice perdida.

2.- La corrupción es general, es de todos los partidos, incluido el PSOE. Convendría hacerlo explícito, no debería hacerse partidismo en un documento como éste. O se reflexiona honestamente, hacia dentro y hacia fuera, o no se es creíble.
3.- Nos parece que no se puede construir un nuevo modelo de partido a la defensiva frente a los movimientos sociales que, simplemente, están llenando los huecos que los partidos tradicionales no han llenado y que están canalizando demandas ciudadanas traicionadas en los programas electorales y por la acción de gobierno. 
La democracia representativa, obviamente, no parece renunciable, pero tampoco puede entenderse como la única y absoluta alternativa a la democracia directa (que no debe identificarse con eso que llaman “democracia asamblearia”). 
4.- No se trata tan solo de “incrementar la participación de la militancia ay que volver del revés la actual organización. Hay que marcar un punto de inflexión claro, contundente, que llegue a la ciudadanía, que ponga de manifiesto que el PSOE es otro, que ha entendido el mensaje que le ha enviado la ciudadanía los ciudadanos y que está preparado para responder a la situación actual.
5.- El documento propone modernizar y actualizar los partidos políticos reformando su regulación en el marco de una revisión de las estructuras y los modos de proceder entonces diseñados. Entendemos que el cambio necesario es más profundo. Es preciso un nuevo pacto constituyente, que altere aspectos sustanciales de la Constitución vigente, fruto del pacto entre franquistas y demócratas.
Hoy nos enfrentamos a una situación en la cual parece necesario un pacto entre el sistema surgido de la Constitución de 1978 y una nueva sociedad española y, como entonces, en el marco de una dura crisis económica. Y los partidos mayoritarios hasta ahora no parecen advertirlo.
No se reconoce en ningún sitio que hay un problema con el funcionamiento orgánico del partido , la dinámica de familias, de grupos dominantes que llevan treinta y cinco años controlando la estructura del partido, gestionando los cambios por cooptación y convirtiendo los procesos de selección de candidaturas en trámites formales de aclamación sin ningún debate real entre las bases.
El PSOE debería empezar la reflexión y aplicársela a sí mismo. Su avance hacia un nuevo modelo de partidos, hacia una nueva relación con la ciudadanía progresista, será el espejo en el,que tendrán que mirarse porque la sociedad, sin duda, acabaría exigiéndolo así. No puede escudarse tras una reforma de la Ley de Partidos que, hoy por hoy, no está en su mano.
Y ese nuevo modelo de partido ha de dirigirse, por encima de todo, a restaurar la confianza, a reforzar la representación, a que militantes y simpatizantes sientan al PSOE como su partido y no como el Partido. Este es el problema esencial, no la financiación, no la paridad, no la transparencia. Los cambios precisos en esas áreas, y otras, han de dirigirse a restaurar la confianza.
6.- La solución a los problemas de la democracia representativa en España no vendrá de una reforma del Senado ni de una mejora de los procedimientos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Obviamente, es necesaria, pero tal cual están las cosas, la reflexión acerca del Senado debería partir de la oportunidad o no de su supresión, sin que parezca adecuado, si de ganar legitimidad se trata, que senadores y senadoras sean simples representantes de los gobiernos o parlamentos autonómicos El cambio no vendrá por ahí en absoluto ni parece necesario conservar el Senado para eso. En todo caso, el problema esencial del Senado es el de las funciones que realiza, lo que no está resuelto en el documento. 
En este punto en particular, sorprende especialmente que no haya conexión entre el diseño de reforma constitucional de Estado federal y el diseño de esta cámara. Si se quiere impulsar el sistema parlamentario, no parece que los procedimientos que se plantean sean los más satisfactorios, ni en cuanto a componente democrático –se debe elegir en todo caso por la ciudadanía– ni por efectividad –no creemos que sea útil que un Presidente autonómico forme parte del Senado-.
7.- Siendo importante mejorar los sistemas de control del Gobierno y de funcionamiento del Parlamento, no parece que deba ser la cuestión a la que mayor atención tenga que dedicar el documento. Igualmente se introducen detalladas medidas atinentes al Reglamento del Congreso que no parecen esenciales para el cambio que consideramos necesario en este momento.
8.- El apartado referido a Reformas en el sistema electoral, posiblemente resulte el apartado más decepcionante del documento, en donde se señalan sólo algunos problemas pero no se arbitran soluciones reales.
9.- Otro tanto ocurre con el apartado dedicado a la lucha contra la corrupción, muy escasamente articulado y con medidas que resultan claramente insuficientes. Ver Contra la corrupción. Planteamiento General
Se vuelve a centrar la atención en la financiación de los partidos como núcleo de las prácticas de corrupción. No siempre lo es, ni creemos que deba configurarse como el elemento central en esta materia, más compleja, más profundamente arraigada en el sistema por múltiples vías.
10.- Falta una propuesta a la sociedad de un nuevo “Contrato Ciudadano” que empodere a la ciudadanía y signifique un compromiso de los y las socialistas en favor de otra forma más ética de hacer y vivir la política. Un contrato de libre adhesión entre la política y la ciudadanoía movimientos y agentes sociales para defender juntos una democracia ética y deliberativa basada en la rendición de cuentas, transparencia y consultas ciudadanas y que conlleve abrir un proceso de participación ciudadana en la elaboración del programa electoral y, en su caso, de un programa de gobierno.
11.- En materia de transparencia se alude a cuestiones que ya están en vigor en unos casos (transparencia en múltiples procedimientos, declaraciones de bienes, habituales para muchos altos cargos, etc.) o en trámite en otros. Es cierto que se plantean novedades con respecto al texto en tramitación, quizá enmiendas al mismo que no han prosperado, pero debería revisarse este tema.
12.- La democracia paritaria, así como la prohibición de donaciones a los partidos políticos por aquellas empresas con contratos públicos, son importantes, pero ya están recogidas en la normativa vigente. El Partido debe impulsar los controles en la ejecución de ambas medidas, para evitar situaciones como que el Gobierno actual incumpla la Ley de igualdad.
13.- Por último, una de las medidas que más podría revolucionar el Partido y modificar su funcionamiento orgánico, la elección de secretario o secretaria general, se limita a ser apuntada como objeto de debate en la Conferencia Política. Sin embargo va a ser una de la claves de la Conferencia Política, luego este aspecto habría que remarcarlo de forma especial, detallando que la elección de Secretario o secretaria General habría de ser mediante voto directo de la militancia y hacer extensivo el modelo para SG a nivel nacional a los sistemas autonómico y local en ayuntamientos con más de 20.000 habitantes.
Hasta aquí las consideraciones generales al texto. Formulamos a continuación una serie de propuestas más concretas relativas a las diferentes partes en que se divide el documento.
1.- Convendría reflexionar más y mejor sobre la quiebra de los programas electorales. La ciudadanía no cuestionan la capacidad y la pertinencia de su voto, sino que sus representantes, a los que han votado, les traicionen. Porque de eso se trata, de traicionar la confianza depositada. Sería conveniente arbitrar mecanismos que vigilen las líneas maestras más importantes de los compromisos electorales mediante, por ejemplo, un comité de seguimiento electoral (externo o mixto) que permita emitir un informe de cumplimiento.
En este sentido, se podría incluir también la figura del referéndum revocatorio que diera paso a la convocatoria de nuevas elecciones, en el caso de resultar positivo. Sería una fórmula aplicable a Presidentes  y Presidentas del Gobierno, de Comunidades Autónomas y Alcaldes y alcaldesas.
2.- Se han de proponer de forma periódica encuentros que potencien los debates internos entre corrientes y sensibilidades distintas en el seno del partido, de forma transparente y pública. Se trata de cambiar la cultura interna (y social) consistente en que un debate no tiene por que conducir a disputas o posiciones irreconciliables sino que de ellohan de salir propuestas y compromisos claros.
3.- Se propone defender una democracia consultiva y deliberativa como una vía de profundización en la democracia representativa para lo cual porponemos en este documento diversas medidas.
4.- Respecto al tema de las personas imputadas: si pensamos en la mera imputación derivada de la práctica de actuaciones instructoras, podríamos compartir lo que dice el texto, pero cuando existe un auto judicial de imputación formal y apertura del juicio oral creemos que no se debe continuar en el desempeño de un cargo público. Con ello no se cuestiona la presunción de inocencia, que al imputado en estas últimas circunstancias también le es plenamente aplicable. El plano no es de inocencia o culpabilidad, sino de confianza y garantía de una posición que permita al cargo público (y quizá orgánico) ejercer adecuadamente sus funciones. Y tales confianza y garantía resultan difícilmente compatibles con un auto de apertura del juicio oral en el que han de justificarse por el juez los indicios que le llevan a mantener la imputación y ordenar el avance del proceso. Es esencial romper con lo que ya es tradicional en este país en el que, pase lo que pase en sede judicial, nadie se da por aludido. Esta, junto a la extrema y exasperante lentitud de la justicia, es una de las causas fundamentales, de la ruptura de la confianza de la representación en sus representantes. Creemos preciso apartar de la actividad pública a personas imputadas formalmente una vez se decreta la apertura del juicio oral y entendemos acertada la propuesta de agilizar los procedimientos en que estén implicados cargos públicos, así como la modificación de la normativa de contratación del sector público para expulsar del sistema de contratación pública a empresas condenadas por delitos relacionados con la corrupción política o a sus dirigentes.
5.- Si se quiere mejorar el sistema de control, se pueden hacer muchas más cosas y más eficaces, como plantear modelos radicalmente alternativos, con elección directa del Presidente del Gobierno y una profunda modificación del sistema de elección de Diputados, para acercarlos a sus electores (que el partido sea nuestro partido, que el Diputado/a sea nuestro Diputado/a …).
6.- Deberían haberse recogido los principios de una regulación ambiciosa del “estatuto del parlamentario”, que incluya una regulación transparente y razonable de sueldos y dietas, eliminando situaciones extrañas de la actual regulación. En este sentido, se propone asimismo una aplicación más estricta del régimen de incompatibilidades de sus señorías.
7.- Debería haberse incluido una modificación del artículo 71.3 de la Constitución, para eliminar el foro especial del Tribunal Supremo para el enjuiciamiento de Diputados y Senadores. Asimismo proponemos que el PSOE impulse medidas de derogación de normas equivalentes en los Estatutos de Autonomía.
8.- Debería recogerse un régimen de actividad mínima de la figura del parlamentario que suponga su sustitución automática por el siguiente de la lista. No es asumible la presencia de esos diputadas y diputados y senadores y senadoras que no tienen actividad contrastada. Sería necesario posibilitar mecanismos de rendición de cuentas (ya existentes en otros modelos o países) de forma transparente, pública y accesible a la ciudadanía , como en el parlamento del Reino Unido.
9.- Hay que debatir la necesidad de reforzar al parlamentario y parlamentaria dotándole de una “oficina” con al menos un asesor o asesora que pueda ayudarle a realizar el trabajo. Es una medida que está implantada en otros sistemas y que servirá para paliar lagunas del trabajo parlamentario, donde no se puede “saber de todo”. Habría, eso sí, que regular muy bien el estatus y funciones de los asesores y asesoras, para impedir utilizaciones arbitrarias.
10.- Para garantizar el conocimiento de la ciudadanía de la actividad parlamentaria, se podría reservar un canal de televisión digital terrestre para la emisión del Canal parlamento.
11.-Parece insuficiente el control por parte del Congreso de los Diputados y Diputadas al Presidente o Presidenta del Gobierno de solo media hora. 
12.- En los supuestos de Iniciativas Legislativas Populares, debería ser el o la representante de la propuesta quien la presente ante el Pleno del Congreso de los Diputados y Diputadas y conteste a las observaciones que realicen los grupos parlamentarios.
13.-Habría que pedir la supresión del artículo 73.1 de la Constitución, donde se recoge la regla tan criticada de las “vacaciones parlamentarias”.
14.- Debería incluirse como obligatoria la comparecencia en el plazo de tres días del Presidente o Presidenta del Gobierno ante el pleno del Congreso después de cada Cumbre europea, así como de los Ministros o Ministras responsables ante las Comisiones respectivas después de cada reunión sectorial. Las ausencias en estas cumbres deberán justificar de ante la Comisión correspondiente, con el fin de evitar situaciones que se han repetico en esta legislatura.
15.- Debería incluirse un apartado para reforzar el control parlamentario de la elección de miembros del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor o Defensora del Pueblo, el Fiscal o Fiscala General del Estado, el Director o Directora General de RTVE y los Organismos Reguladores, los miembros españoles del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo, de tal manera que se valore el curriculum de las y los candidatos y su adecuación para el puesto, de forma similar a lo que ocurre en otros países. En todo caso, con independencia de quien se proponga, deberán comparecer ante una comisión específica del Parlamento.
16.- Accesibilidad y Transparencia: es imprescindible implementar una web accesible y sencilla que cualquier persona pueda consultar, incluso los legos en uso digital. De nada sirve disponer de buena información si no se puede llegar a ella.
17.-Se hace preciso efectuar una regulación de los lobbys y/o en cualquier caso, hacer pública las reuniones de éstos con las y los parlamentarios.
18.-El desarrollo de las campañas electorales (sobre lo que no se dice nada) ha de adaptarse a los tiempos nuevos. 
a. Por ello sería conveniente articular un sistema de debates televisivos obligatorios en las campañas electorales entre aquellas formaciones políticas que hayan obtenido al menos el 10% de los votos. 
b. Serán debates abiertos a la emisión por todos los canales de televisión. Al menos, se deberán realizar dos debates entre los dos candidatas o candidatos de los partidos que tuvieron mayor número de votos en las elecciones precedentes. 
19.- Aún reconociendo el coste que tiene la presentación de muchas candidaturas –y a los abusos que se han producido con los censos electorales–, no parece razonable el peregrinar de algunos partidos en las últimas elecciones a la búsqueda de la firma perdida para poderse presentar. Esto favorece la democracia y por tanto debiera estar en el documento.
20.- Los censos de militancia y electorales, origen de infinidad de conflictos, han de poder regularse de una vez: transparentes, actualizados, públicos, vivos, en continua dinámica, informatizados. Debería descentralizarse el sistema organizativo de los mismos.
21.- Hay un problema muy importante, al que no se proporciona solución: los votos han de tener un valor sustancialmente igual en cuanto al número de escaños en el Congreso de los Diputados. Es la consecuencia de que el voto sea “igual”, tal como señala el artículo 68 de la Constitución, que se conecta con los artículos 23 y 14. 
Por ello, partiendo de los estudios que hay sobre el valor de los votos, se hace la siguiente propuesta:
Los votos que no han resultado suficientes en cada una de las circunscripciones electorales se sumarán y se distribuirán en una lista de carácter nacional de acuerdo al procedimiento d’Hont. El Congreso de los Diputados aumentará el número de parlamentarios o parlamentarias a 400 para dar cumplimiento a esta regla.
22.- Acaso se pueda pensar en la introducción del voto electrónico en los consulados españoles en el extranjero, como vía para facilitar la participación de los y las emigrantes.
23.- Para garantizar el conocimiento por parte de la ciudadanía de ciertas medidas adoptadas por los poderes públicos se propone:
a. Articular un Diario Oficial del Estado Español en el que se publiquen los actos y disposiciones de todas las Administraciones públicas y que sustituya el amplio conjunto de diarios oficiales, que dificultan el acceso a la información.
b. Unificar las plataformas de contratación del sector público en una de carácter general. Configurar una Plataforma de Subvenciones del Sector Público equivalente a la de contratos para garantizar el conocimiento de las convocatorias, las otorgadas y su seguimiento.
24.- En el listado de entidades que habrían de hacer públicas sus cuentas habría de incluirse a la Iglesia católica de forma expresa en todo lo relativo a los ingresos procedentes de las Administraciones Públicas. 
25.- Aunque no es exactamente transparencia, pero sí un mecanismo de control de las Administraciones públicas, habría que reformar las tasas judiciales para no dificultar el acceso a los órganos jurisdiccionales.
26.- Apoyamos una investigación a fondo de los escándalos financieros de Bancos y Cajas de Ahorro como auténtica prueba del algodón del proceso de regeneración democrática, presentando querellas ante los Tribunales (por ejemplo ante la estafa de las preferentes) y buscando la depuración de responsabilidades.
27.- En particular sería conveniente:
· Por un lado, impulsar los referenda de ámbitos territoriales inferiores al nacional, ya sean éstos autonómicos, provinciales o incluso localestal y como ocurre en otros ordenamientos.. Para fomentar la participación, deberían coincidir con la celebración de las elecciones.
· Arbitrar la posibilidad de presentación de recursos de inconstitucionalidad por parte de la ciudadanía, siempre que se reúnan un número suficiente de adhesiones.
· Impulsar la Administración electrónica, a través de la imposición general a todos los entes públicos, con la determinación de unos contenidos mínimos que han de figurar en la web y la exigibilidad de los derechos de la ciudadanía electrónica.
· Mejorar la ordenación de los procedimientos administrativos con el fin de hacerlos más accesibles para el ciudadano y que la ciudadanía gaste menos tiempo al año en cumplimentar documentos para la Administración.
· Mejorar las relaciones entre la ciudadanía y la Administración a través de un uso intensivo de un correo electrónico de carácter oficial que sirva para notificaciones de carácter oficial. Mejorar la accesibilidad del DNI electrónico para todas las plataformas informáticas e impulso a la tramitación electrónica de los procedimientos.
· Exigir la información de los contratos que suscriban las agencias de noticias y centrales de publicidad en todas las campañas de publicidad institucional.
28.- El PSOE se dotará de una “Agenda propia sobre la Regeneración Democrática” que permitirá al Partido Socialista adoptar una posición más proactiva para avanzar en la regeneracion pendiente de la vida política y en la lucha eficaz contra la corrupción con el detalle y en la forma ya entregados al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y publicado en el blog. http://elforoetico.blogspot.com/2013/05/la-lucha-pendiente-del-congreso-contra.html?spref=tw
29.- Debería hacerse una mención expresa a la necesidad de abordar la 2ª DESCENTRALIZACIÓN, en el sentido de definir y fortalecer los Ayuntamientos como instituciones clave para la optimización de los servicios mínimos (principio de subsidiariedad) de un Estado del Bienestar en proceso de reestructuración y su inevitable relación, a partir de la cercanía, con la democracia y la participación ciudadana.


Acotaciones de Francisco López Romito a las consideraciones anteriores: 

Esta es una primera aportación, el documento publicado merece un análisis pormenorizado que trataré de completar en una próxima aportación. (Lasa citas textuales del documento del Foro aparecen en cursiva y mis comentarios en verde-negrilla)
Consideraciones generales:
Punto 1: …”Las instituciones del Estado están en cuestión por la crisis de confianza de los ciudadanos en los partidos políticos como canal representativo fiable. Confundir partidos e instituciones es peligroso y, si se hace deliberadamente, interesado. Si los partidos como canales representativos volviesen a ganarse la confianza ciudadana, la mayoría de las instituciones recuperarían la legitimidad que se dice perdida.”
Lo cual no quita importancia al hecho de que, después de 35 años de desarrollo de la Constitución Española, no se hayan puesto de manifiesto inadecuaciones en la estructura del Estado y sus principales órganos de gestión. Una inadecuada estructura institucional tiene, necesariamente, que repercutir en la valoración que la ciudadanía hace de sus instituciones, incluidos los partidos políticos. La transformación de los partidos por sí sola, con ser imprescindible, no resolvería el problema.
Punto 3:…”La democracia representativa, obviamente, no parece renunciable, pero tampoco puede entenderse como la única y absoluta alternativa a la democracia directa (que no debe identificarse con eso que llaman “democracia asamblearia”).”
Sería deseable dejar claras las definiciones, efectivamente en democracia hay dos sistemas: el de democracia representativa y el de democracia directa.  En realidad, la democracia representativa es el único sistema practicable en conjuntos ciudadanos más allá de pequeñas comunidades. Es cierto que el sistema representativo puede derivar hacia formas delegativas, en las que los ciudadanos se limitan a elegir representantes pero cuentan con muy poca o nula capacidad de intervenir en la toma de decisiones y el control de la gestión.
La cuestión se resuelve incorporando al sistema representativo, diferentes formas de intervención directa de los ciudadanos a través de consultas vinculantes (Referendum), iniciativa legislativa popular, mecanismos de transparencia con solicitud y acceso libre a la información, presupuestos participativos, etc. La cuestión está en el debido equilibrio, para ello es oportuno acercarse a los problemas observados, por ejemplo, en Suiza y California.
Punto 5: …”Es preciso un nuevo pacto constituyente, que altere aspectos sustanciales de la Constitución vigente, fruto del pacto entre franquistas y demócratas.”
Efectivamente, la llamada transición democrática española fue fruto de un pacto entre ciertos sectores del franquismo y demócratas. Conviene reconocer que, al parecer, no se daban otras circunstancias que permitieran abordar otra salida a la dictadura franquista.
…”Hoy nos enfrentamos a una situación en la cual parece necesario un pacto entre el sistema surgido de la Constitución de 1978 y una nueva sociedad española y, como entonces, en el marco de una dura crisis económica. Y los partidos mayoritarios hasta ahora no parecen advertirlo.”
No termino de entender eso de un pacto entre el sistema y una nueva sociedad. Todo pacto constitucional es, en definitiva, el que se lleva a cabo entre los diferentes sectores que conforman la sociedad (en sus dimensiones: clasistas, ideológicas, identitarias, territoriales, etc.) por medio de sus representaciones políticas y, en nuestro caso, sujeto a refrendo ciudadano mayoritario.
El texto induce a pensar en un enfrentamiento entre un “sistema”, el de la Constitución del 78, y una “nueva sociedad española”, sin divergencias clasistas, políticas, ideológicas e identitarias. Con perdón, esa formulación suena muy maniquea.
…”El PSOE debería empezar la reflexión y aplicársela a sí mismo.  … No puede escudarse tras una reforma de la Ley de Partidos que, hoy por hoy, no está en su mano.”
Estoy de acuerdo. El PSOE, por lo que podemos ver en los documentos que se están discutiendo y elaborando para llevarlos a la Conferencia Política de Octubre 2013, trata de formular iniciativas que van desde reformas constitucionales y legislativas, hasta nuevas formas de organización y funcionamiento partidario. Las primeras requerirán, necesariamente, contar con mayorías y consensos legislativos. Las segundas sólo precisan su aprobación en los comités y congresos federales y de ámbitos menores.
Punto 6.- “La solución a los problemas de la democracia representativa en España no vendrá de una reforma del Senado ni de una mejora de los procedimientos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Obviamente, es necesaria, pero tal cual están las cosas, la reflexión acerca del Senado debería partir de la oportunidad o no de su supresión, sin que parezca adecuado, si de ganar legitimidad se trata, que los senadores sean simples representantes de los gobiernos o parlamentos autonómicos El cambio no vendrá por ahí en absoluto ni parece necesario conservar el Senado para eso. En todo caso, el problema esencial del Senado es el de las funciones que realiza, lo que no está resuelto en el documento. 
En este punto en particular, sorprende especialmente que no haya conexión entre el diseño de reforma constitucional de Estado federal y el diseño de esta cámara. Si se quiere impulsar el sistema parlamentario, no parece que los procedimientos que se plantean sean los más satisfactorios, ni en cuanto a componente democrático –se debe elegir en todo caso por la ciudadanía– ni por efectividad –no creemos que sea útil que un Presidente autonómico forme parte del Senado-.”

Observo que en estos párrafos late una concepción centralista del Estado, no otra cosa sugiere la ligereza con que se formula la posibilidad de la supresión del Senado. Uno de los aciertos de la Constitución del 78 ha sido el reconocimiento de la pluralidad de España y la formulación de una estructura estatal descentralizada. El Senado debía jugar el papel de representación de dicha pluralidad, difícil de concretar cuando todavía no se sabía que forma adquiriría esta última. Lo criticable es la pérdida de tiempo para cumplir con el mandato constitucional y dotar al Senado de su verdadero roll de cámara legislativa de nuestro Estado de las Autonomías. 

La composición y funciones del nuevo Senado, con la clarificación de competencias entre Gobierno Central y Comunidades Autónomas y un nuevo sistema de financiación, son las piezas claves para lograr la integración cooperativa y estable entre las partes constitutivas del Estado. No creo que puedan ensayarse nuevos dibujos del mapa territorial español, más allá de la supresión, eso sí, de las Diputaciones Provinciales que son una rémora del Estado preautonómico y cuya pervivencia sólo se justificaba en la primera fase de la transición al Estado Autonómico.

La composición del Senado y la elección de los Senadores, algo se apunta en el texto, tiene una gran importancia. Hay dos modelos que pueden ser tomados como referencia, el modelo americano (no sólo en EEUU) y el Alemán; el texto que se discute en el PSOE parece inclinarse por el segundo.

Conviene hacer algunas precisiones sobre ambos modelos.

En el modelo americano se manifiesta una clara concepción federal que se basa en el reconocimiento de la soberanía en el conjunto de la ciudadanía de la federación que, en aquellos países, no tienen problemas para definirla como soberanía nacional. Los ciudadanos de los Estados Federados no tienen capacidad para decidir de forma unilateral sobre las materias del conjunto. Por otra parte, los representantes de cada Estado o Provincia, los Senadores, son elegidos por voto directo de sus ciudadanos. El número de senadores por Estado es independiente de la población e igualitarios, permitiendo – al ser más de uno – reflejar de alguna forma la pluralidad política.

Los senadores, en el caso Alemán, no son representantes directos de los ciudadanos de cada Länder, sino representantes de sus gobiernos (incluidos los Presidentes) y no pueden manifestar discrepancias en el voto. En sistemas electorales mayoritarios esto no acarrearía problemas pero sí los tiene cuando, frecuentemente, se trata de gobiernos de coalición, lo que coarta la expresión de los partidos minoritarios.

No es difícil advertir que, en nuestro país,  la fórmula puesta a discusión en el texto del PSOE sería leída en términos más cercanos a un modelo Confederal que Federal, con todas las implicaciones que puedan formularse. Tengo la tentación de pensar que así como el mantenimiento, en la Constitución del 78,  del sistema privilegiado de financiación para las Diputaciones Vascas y Navarra fueron un guiño al nacionalismo vasco, se pretenda ahora algo similar respecto a los nacionalismos periféricos.

Considero que lo adecuado para avanzar en la consolidación del Estado Autonómico en dirección federal y profundización democrática, sería la elección directa de los Senadores, por el sistema uninominal actual, por circunscripción autonómica, en un número que permita la expresión de la pluralidad política, quizá con una corrección por población, y que no sobrepasen un número de cuatro o cinco Senadores por Autonomía.

El necesario encuentro entre los Gobiernos Central y Autonómicos ya cuentan con instancias como la Conferencia de Presidentes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera y otros Consejos sectoriales, que merecen una regulación para dotarlos de un funcionamiento estable y eficaz.

Punto 8.- “El apartado referido a Reformas en el sistema electoral, posiblemente resulte el apartado más decepcionante del documento, en donde se señalan sólo algunos problemas pero no se arbitran soluciones reales.”
Lamento disentir con el aserto anterior; es posible que el texto de referencia no sea una maravilla pero respecto a propuestas, de haberlas haylas y no tan insignificantes:
Otorgar el derecho a voto de los extranjeros residentes en base a criterios de arraigo, años de residencia, etc. sin vinculación al principio de reciprocidad actualmente vigente.
Elección de los candidatos a Presidente/a del Gobierno, en elecciones primarias debidamente ordenadas y reguladas por la Ley Electoral. (Estando de acuerdo con la elección en primarias de los cabeza de listas en elecciones generales, autonómicas y municipales en ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, creo que deben abrirse a la participación de simpatizantes, ya que se trata de candidatos/as que luego deben obtener el respaldo de la ciudadanía. Con todo, considero que ese mecanismo debe quedar sujeto a la libre decisión de cada Partido político.)
Apertura de las listas electorales a que los ciudadanos señalen preferencias personales respecto a los candidatos. La formula sería reconocer el derecho de los electores a expresar una preferencia en todas las circunscripciones, salvo en las que eligen más de 10 diputados donde cabría expresar dos.
Vemos que hay tres propuestas importantes sobre el sistema electoral.
Es verdad que basado en circunscripciones provinciales con los criterios existentes de “potenciación” de representatividad para las circunscripciones de menor tamaño, el sistema actual otorga valores muy dispares en la relación escaños-electores, situación que merece una corrección.
En el documento de Foro Ético se afirma que: los votos han de tener un valor sustancialmente igual en cuanto al número de escaños en el Congreso de los Diputados. Es la consecuencia de que el voto sea “igual”, tal como señala el artículo 68 de la Constitución, que se conecta con los artículos 23 y 14.” Plantear la igualdad del valor de los votos, prescindiendo de la definición y tamaño de las circunscripciones electorales es una propuesta lícita, pero afirmar que el actual sistema contradice los preceptos constitucionales señalados, como menos, es un poco arriesgado.

Al respecto pueden adoptarse, al menos dos soluciones: Primero, reformar la Constitución, modificando o no la circunscripción provincial y formular un sistema que otorgue un “valor substancialmente igual” a los votos. Segundo, mantener el sistema actual con el agregado de que “Los votos que no han resultado suficientes en cada una de las circunscripciones electorales se sumarán y se distribuirán en una lista de carácter nacional de acuerdo al procedimiento d’Hont. El Congreso de los Diputados aumentará el número de parlamentarios a 400 para dar cumplimiento a esta regla.”

En el documento del Foro se opta por esta segunda opción, propuesta planteada por IU que se ve desfavorecido principalmente respecto a Partidos nacionalistas con una alta concentración de voto en  ámbitos autonómicos y que así reequilibraría el peso electoral de IU respecto de los nacionalistas. Esa propuesta es defendida, también, en la creencia que serviría para atenuar el fuerte bipartidismo en nuestro país. Presunciones que, a mi entender, no son muy seguras, aunque quizá mejorase los resultados de IU o algún otro partido pequeño de ámbito nacional. Primero, porque en el reparto de los cien escaños adicionales también participarían los dos partidos mayoritarios y, segundo, porque los partidos nacionalistas y regionalistas podrían conformar coaliciones electorales de ámbito nacional, cosa ya habitual en las elecciones al Parlamento Europeo.

En definitiva, estoy de acuerdo con que el sistema vigente manifiesta una desproporción exagerada en la ecuación escaño-votos y se impone abordar una solución más razonable.

Punto 13.- “Por último, una de las medidas que más podría revolucionar el Partido y modificar su funcionamiento orgánico, la elección de secretario general, se limita a ser apuntada como objeto de debate en la Conferencia Política. … la elección de Secretario General habría de ser mediante voto directo de la militancia y hacer extensivo el modelo para SG a nivel nacional a los sistemas autonómico y local en ayuntamientos con más de 20.000 habitantes.”

Ya lo creo que la elección de los Secretarios/as Generales por voto directo de los afiliados “podría revolucionar el Partido y su funcionamiento orgánico”. La cuestión es  ¿en qué sentido?

Formulemos las preguntas pertinentes: ¿Elección directa sólo de Secretario/a General? ¿También de la correspondiente Ejecutiva? ¿Elección de Secretario/a General antes o después del Congreso?

Se elija antes o después del Congreso no se puede evitar que se verifique una confrontación de legitimidades, si la voluntad mayoritaria del Congreso no condice con la del/la Líder. Quién puede asegurar que la preferencia por una persona deba necesariamente coincidir con las definiciones estratégicas, políticas, ideológicas, programáticas, etc. que son lo fundamental de la labor de todo Congreso.

Ya veníamos caminando por el sendero del Presidencialismo mediante la elección separada del/a Secretario/a General y de la correspondiente Ejecutiva y han sido muy pocas las voces contra esa práctica. El poder coactivo de ese sistema se vería multiplicado con la elección en primarias. ¿Quién sería el valiente para tumbar las propuestas del Líder? Lo que puede parecer un paso en la profundización democrática en el Partido, podría conducir a la exacerbación personalista y el fortalecimiento de entornos oligárquicos alrededor de Líderes plebiscitarios.

Creo que debería lograrse una estructura orgánica y un funcionamiento democrático que garantice la efectiva participación y expresión no condicionada de la voluntad de los afiliados, al tiempo que la integración orgánica de las diferentes corrientes político-ideológicas existentes en el Partido.

Dicho esto, parece conveniente recuperar la elección, en los Congresos, de Ejecutivas completas, incluido el número uno de la lista. En caso de presentación de listas alternativas, aquella que no resultara mayoritaria pero superase un cierto porcentaje de votos, obtendría un número de puestos de la Ejecutiva resultante. Esto obligaría a practicar la integración plural y facilitaría el proceso de “negociación” de las listas para su presentación. En los ámbitos menores (Agrupaciones Territoriales o Sectoriales) el mismo sistema pero con voto directo de los afiliados. Este sistema facilitaría la práctica de listas cerradas pero no bloqueadas, donde los votantes pueden modificar el orden mediante la señal de refuerzo positivo en, por ejemplo, un tercio de los integrantes de la lista. Para la elección de miembros de órganos deliberativos (Comités Regionales, Congresos, etc.) sólo sería necesario introducir la señal de refuerzo positivo.


NUEVO MODELO ECONÓMICO

La crisis que estamos sufriendo pone en evidencia el modelo económico de la sociedad de bienestar. El fracaso del comunismo en la Europa del Este y el desmoronamiento del sistema comunista de la URSS han dejado claro a los líderes políticos de occidente que el único modelo económico viable es el liberalismo capitalista y la globalización de los sistemas financieros. 

El problema del liberalismo económico para las sociedades, es que el capital precisa para obtener el máximo beneficio y la mayor competitividad de un sistema que le permita la flexibilidad en los medios de producción al coste más bajo posible. Los mercados emergentes y la competencia brutal de los productos orientales obligan al capital occidental o bien a emigrar donde los costes de producción son menores o, bien, a buscar una reducción de esos costes en las zonas de influencia. 


En esta situación de los mercados occidente debe reconvertir su modelo económico desarrollado en postguerra. El Boom demográfico de los años 50 y 60 en toda Europa, incluida España, producto de la necesidad de repoblación tras los efectos devastadores de la II Guerra Mundial y el gran desarrollo económico de una emergente Europa catapultó sus sociedades a la consecución de un modelo con altas prestaciones sociales que culminó su progresión a finales de los 80, cuando esta gran masa de población se incorporó al mundo laboral. Afortunadamente, merced a las grandes reservas de capital y a la necesidad de adaptar las administraciones públicas al nuevo orden democrático, el PSOE solucionó el problema mediante la ampliación del funcionariado. Ministerios como justicia, Hacienda y las administraciones locales abrieron sus puertas de par en par a los jóvenes universitarios que se incorporaban al trabajo. Por otro lado, durante la década de los 90 se facilitó a las grandes empresas las prejubilaciones para que se sustituyeran sus recursos humanos obsoletos por jóvenes mejor preparados. Estos jóvenes nuevos trabajadores crearon sus familias y se vieron necesitados de buscar una vivienda. La nueva normativa de Aznar de vender el suelo público para la construcción masiva y la colaboración de la banca para que todos accedieran al crédito y la llegada del euro produjo la gran burbuja financiera que mantuvo a nuestro país en una situación de “felicidad económica” hasta que todo estalló en 2007, cuando se desmoronó el gran gigante creado con pies de barro sobre la base de una riqueza ficticia. 
La deplorable gestión de los recursos por parte de los gobiernos, su falta de previsión, la carencia de reservas económicas y el despilfarro de las Administraciones públicas (sin mentar la corrupción), nos han conducido a la quiebra del sistema. España con cinco millones de parados y diez millones de jubilados no puede mantener el modelo de sociedad de bienestar al igual que le pasa al resto de los países occidentales. En este momento de desesperación, todos los gobiernos de la Europa del Euro han puesto sus ojos al modelo USA como forma de salir adelante o, lo que es lo mismo, al modelo de liberalismo capitalista. 
Cómo todos sabemos, para que este modelo funcione se requiere: 
1.- Gran nivel de consumo. Es necesario un altísimo nivel de consumismo y un amplio mercado. Creación de la Unión Económica Europea. 
2.- Una moneda y un sistema financiero común. El Euro. 
3.- Zonificación de la producción de los recursos minimizando la competencia. 
4.- Flexibilidad de los elementos productivos, incluida la mano de obra. Reforma laboral. 
5.- Reducción del gasto público y privatización de los sistemas de salud y pensiones. Externalización del funcionariado. 
6.- Recorte de la libertad en beneficio de la seguridad. Mayores atribuciones a los cuerpos de seguridad del Estado y ejército. 
Tras este breve y sencillo análisis de una situación económico-social mucho más compleja, podemos resumir diciendo que estamos viviendo el cambio de nuestro obsoleto sistema de estado de liberalismo social o de bienestar a un sistema de puro liberalismo capitalista. Hasta la fecha ha quedado demostrado que es el sistema más eficiente, desde un punto de vista exclusivamente económico; pero que consecuencias conlleva: 
1.- Ruptura de la igualdad social y estructura de diferencia de clases. Una gran divergencia entre pobres y ricos y no sólo en el aspecto económico sino también en materia de justicia, salud, educación y cultura. 
2.- Una dependencia absoluta de la clase trabajadora respecto al capital. La flexibilidad del sistema económico obliga a soportar a la clase obrera los vaivenes de la economía sin ningún tipo de protección social. 
3.- Incremento de la marginalidad en un sistema de feudalismo capitalista, lo que implica la pérdida de los derechos por lo que la clase obrera ha luchado desde la 1ª revolución industrial. 
El problema al que nos enfrentamos es muy grave. Muy grave porque en un mundo globalizado financieramente no es posible escapar del feudalismo impuesto por el capital. Los países sujetos a este sistema han dejado de ser independientes respecto a sus políticas económicas y están obligados a seguir las pautas de aquellos que ostentan el poder con el dinero. El enfrenarse a la globalización por parte de algún Estado le supone la represión económica o incluso militar o la marginación, como les ocurre a los países que se niegan a acatar sus exigencias. (Países Árabes, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, entre otros). Todo ello, por supuesto, orquestado con una poderosa manipulación informativa que demoniza a los países que se niegan a entran en la rueda del capital o se oponen a sus intereses. 
¿Qué hacer? Difícil cuestión ésta. Para aquellos que se encuentren en una buena posición y dispongan de medios económicos, llegan buenos tiempos. A partir de ahora será más barato y más eficiente montar empresas y ganar dinero. El capital se verá favorecido. Las grandes empresas medrarán y ganarán más dinero. Es el momento de las compañías de seguros (sobre todo de salud y pensiones), la banca y las grandes multinacionales. Tras la limpieza de la competencia más débil que se ha desvanecido con la crisis, los más poderosos lo serán todavía más. 
Nuestros jóvenes deberán adaptarse a un mercado laboral muy competitivo, con más obligaciones y menos derechos, donde la movilidad funcional y territorial será una constante y donde será precisa una gran formación a la que sólo unos pocos tendrán acceso. Además deberán acostumbrarse a garantizar tanto su presente como su futuro cubriendo sus riesgos mediante coberturas privadas tanto de salud como de viudedad, orfandad, incapacidad y jubilación. 
Probablemente, aunque también sufran recortes en sus prestaciones, los jubilados tampoco se verán gravemente perjudicados; pero… ¿Qué pasa con los mayores de cincuenta años en paro? ¿Qué pasa con todos los parados provenientes de la construcción, la industria, la minería y aquellas otras actividades que han sido descartadas por nuestro sistema de producción local? ¿Qué pasa con los dependientes y enfermos crónicos? En el mundo del capitalismo liberal puro, no hay sitio para ellos. 
¿Soluciones? Las soluciones por parte del gobierno español, como todos los indicios parecen apuntar, son las de la implantación de un modelo económico de liberalismo capitalista siguiendo los patrones norteamericanos y en comunión con nuestros socios europeos. La transición a ese modelo va a ser muy dura, sobre todo para las clases más desfavorecidas y sin posibilidades de adaptación al encontrarse en una edad avanzada y no disponer de la de formación apropiada. 
¿Es viable un modelo alternativo para mantener el sistema de capitalismo social? Sí lo es. Pero es demasiado costoso y obliga al capital a reducir drásticamente sus beneficios al igual que obliga a los más ricos a un esfuerzo solidario mediante un incremento de sus impuestos. Para ello, sería necesario disminuir la imposición indirecta que grava el consumo y aplicar unas tablas de imposición directa con tipos de gravámenes más altos para las rentas más altas. Obviamente, esto no le interesa al capital que encuentra paraísos fiscales para sus beneficios y países donde los costes de producción, fundamentalmente la mano de obra, son mucho más bajos. 
Es obvio que los gobiernos occidentales incluido el PP ha apostado claramente por un sistema de capitalismo puro y está dispuesto a mover sus fichas durante el tiempo que se le permita estar en el poder para satisfacer y beneficiar al capital. 
Por ello en contra de la lógica solidaria y que garantice los beneficios sociales a la ciudadanía, los estados de la zona euro han comenzado una batalla contra la sociedad de bienestar mediante una batería de medidas de imposición rápida: 
1.- Incremento desmesurado de la imposición indirecta (IVA). 
2.- Reducción de las tributaciones directas a las empresas y grandes capitales, 
3.- Privatización de la salud y la externalización de los servicios públicos a empresas privadas. 
4.- Modelo de pensiones y coberturas de riesgo privados. (Externalización de las pensiones y de las coberturas de viudedad, orfandad e incapacidades). 
Así, el PP está desmantelando de forma irreparable el sistema de medidas de protección del Estado y el sistema de pensiones público. El problema es que el PSOE, conocedor del plan económico previsto por los países de la zona euro lejos de plantar cara y buscar alternativas, agachó las orejas y cedió a tales imposiciones. El Sr. Zapatero dimitió y entregó el poder al PP para que se encargase de aplicar los mandatos de nuestros socios europeos y USA. El PSOE sabe que España no tiene capacidad para desvincularse del mandato occidental y ha preferido esconder la cabeza como una simple avestruz mientras se hace “lo que se debe hacer”. Negarse a las medidas impuestas por la CEE y USA significaría volver a la autarquía económica como Cuba o Corea del Norte, algo impensable en estos momentos. 
Para los analistas, este proceso de cambio de modelo económico, si bien es cierto que se cobrará un gran número de víctimas y sumirá a una quinta parte de la población en la miseria, siempre es mejor que una guerra, que ha sido el mecanismo que se ha utilizado cada vez que se ha producido una grave crisis económica como la actual. (Última referencia crisis del 29 y II Guerra Mundial). 
Personalmente pienso, ante las expectativas de fuertes nubarrones sobre nuestro panorama social, disfrutar de la vida lo más posible y tratar de guardar algo de caja para los tiempos difíciles que se avecinan. Estoy seriamente decidido a cambiar el jardín por un huerto y una granja de gallinas y conejos. Adaptarse o morir.
José María Bayod

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ES IMPRESCINDIBLE UNA REVOLUCIÓN INTERNA EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

En los últimos tiempos, quizás porque mi “tema” dentro del PSOE me ha hecho estar más atento a estas cuestiones, he tenido conocimiento de numerosos casos de respuestas pura y duramente disciplinarias a lo que debiera ser exclusivamente un debate político claro y transparente. 

Siempre he denunciado la situación en el interior de los partidos políticos -de todos ellos- en lo que se refiere a la falta de democracia interna. Nacieron en el siglo XIX y prácticamente no ha evolucionado nada en esta cuestión. Se han convertido en una maquinaria electoral desideologizada en la que prima exclusivamente la disciplina -sumisión en mi opinión-, cercenando cualquier debate, cualquier disidencia que pueda suponer un peligro para las élites que los dirigen, aunque generalmente la disfracen con el ropaje de que eso debilita al partido y es castigado electoralmente por la sociedad. 


Es probable que esto último sea cierto, ya que la sociedad actual aunque siga considerando a los políticos como uno de sus mayores problemas, castiga cuando en el interior se manifiestan riquezas ideológicas, debates enriquecedores. Esa contradicción es utilizada por sus dirigentes para cortar de raíz cualquier disidencia, cualquier discrepancia con el poder establecido, utilizando un instrumento cruel y deleznable que se conoce como “medidas disciplinarias”. Al principio como amenaza y a la larga con su aplicación estricta. 

Por eso en los Estatutos que rigen su vida interna y externa, el apartado disciplinario es el más extenso. En lo que conozco tengo la sensación que todos ellos son claramente inconstitucionales, infringiendo muchos de los derechos básicos contemplados en nuestra Constitución. 
Lo normal debiera ser que un afiliado tuviera los mismos derechos como ciudadano que como militante, y que las normas básicas que rigen la vida fuera de los partidos fueran de aplicación también dentro.
Lamentablemente eso no es así, y por eso en los últimos tiempos conflictos que debieran ser solucionados en clave interna trascienden al ámbito judicial. Qué mal está esto cuando ocurre una circunstancia así.
Los ciudadanos perciben en los partidos políticos una vocación enfermiza por ocupar parcelas de poder para utilizarlo en la búsqueda de un beneficio personal o colectivo al margen de los intereses generales de la sociedad. Se muestran como estructuras de poder inaccesibles, como castas incontrolables por los ciudadanos, como máquinas de influencia que tienen sus propios códigos de conducta, comunicación y pacto, y que engañan y ocultan la realidad con el único fin de mantenerse en el poder al precio que sea. 
¿Podemos afirmar que la estructura interna de los partidos políticos en España y su funcionamiento son democráticos como establece el referido texto fundamental? ¿Podemos sostener que la transparencia en su gestión y el control interno de sus representantes en las instituciones resulta satisfactorio, eficaz y suficiente? ¿De verdad que nuestros partidos “son instrumento fundamental para la participación política”? 
Lamentablemente pocos ciudadanos se pronunciarían en sentido afirmativo a las tres preguntas. Lo cierto es que sufrimos un sistema de partidos que arrastra varios traumas no resueltos desde el inicio de la transición democrática. Uno de ellos se refiere a la ausencia de imprescindible pluralismo político e ideológico en la vida interna de las organizaciones. Por la forma de producirse nuestra transición y por la falta de hábitos democráticos durante el franquismo, se impuso la idea de que cualquier debate ideológico interno implica inestabilidad y que tal situación “es castigada por los electores”. 
A diferencia del resto de los países europeos, entre nosotros, cualquier crítica o disidencia hacia la cúpula del partido se presenta como una “deslealtad”. Los partidos no pueden ser cuarteles con mentalidad militar en aras a un bien superior que define el aparato burocrático correspondiente. “Los trapos sucios se lavan en casa, en el interior”, claman algunos. Falso. El primer compromiso que tienen los responsables políticos es con los ciudadanos y no cumplen con su obligación si ocultan su opinión sobre asuntos públicos o conductas irregulares “para proteger al partido”. Tal comportamiento tiene que ver más con residuos del estalinismo que con la vida democrática en una sociedad plural. 
Desde tal concepción, la mayoría de nuestros partidos políticos han generado unas tramas de poder interno y externo que, en la práctica huyen de cualquier control. 
Quizás sea este el momento, aunque sólo fuera para recuperar la confianza perdida en el seno de nuestra sociedad, de poner fin a esta situación y emprender una profunda transformación de los Partidos Políticos en nuestro país. Quizás el primero que tenga el valor de hacerlo acabe teniendo un plus electoral inesperado.
Conseguir que dejen de ser una maquinaria al servicio de sus dirigentes, una fuente de empleo que genera dependencia a quien tiene el poder de repartirlo, que conviertan sus paredes de acero en cristales transparentes, con una mayor democracia interna, fomentando la libertad de expresión, debates activos, rotación constante en su dirección, incompatibilidad de cargos, límite de mandatos, listas electorales abiertas, etc, etc. Que se conviertan realmente en instrumentos al servicio de la sociedad, en los que cualquier cargo suponga un esfuerzo y no una prebenda. 
Abrir ese debate, dentro y fuera de los mismos, al menos en los de izquierdas como el propio PSOE, con valentía, imaginación y audacia. Partiendo de una base fundamental: que todas las actuaciones disciplinarias abiertas queden en suspenso. Una especie de amnistía política que permita participar en el mismo a todas aquellas personas que tienen algo que aportar. Porque son precisamente éstas, las que han tenido el valor de enfrentarse a los “aparatos”, las que tienen una mayor capacidad intelectual y por eso están en esa situación. Probablemente lo más valioso de cada partido haya estado o esté bajo el peso de esa terrible disciplina interna. 
Somos más quienes estamos a favor de esa profunda reforma. Los que apostamos porque el aire fresco inunde sus salas y despachos, que sean los más valiosos, quienes más valía intelectual e ideológica tengan y no los más serviles, lameculos, burócratas vulgares, los que dirijan estas naves. Somos más quienes desde la base -porque la base es inmensamente mayor que las cúpulas dirigentes- estamos exigiendo esos cambios, y quizás sea bueno y saludable que una profunda revolución interna acabe con el sistema actual. 
Nuestros partidos funcionan a través de un sistema piramidal y oligárquico que se reproduce verticalmente y que reproduce otras cúpulas pequeñas, u oligarquías locales y regionales, que le deben su poder al vértice del partido y dependen de una complicidad política mutua. Es un sistema en el que la aparición del nepotismo y de las redes clientelares internas y externas del partido constituyen un auténtico “aparato de poder” que resulta imbatible. 
Desde un poder local o regional se distribuyen los cargos públicos a personas de estricta confianza, y, a su vez, tales personas influyen y controlan la vida interna del partido para que no cambie la correlación de fuerzas interna. El pluralismo, la transparencia y el control interno de la gestión desaparecen como por ensalmo, lo que explica la sorpresa que suscita, en ocasiones, la aparición de prácticas corruptas o abusos de poder insoportables. Si además se exige silencio y aparece la figura de la “omertá” para mantener el poder y el respeto a los pactos clientelares, la democracia resultará derrotada, se convertirá en simple hojalata mientras las burocracias fortalecerán su resistencia al control. Éste es el debate


José Luis Uriz Iglesias


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CONTRA LA CORRUPCIÓN, MÁS DEMOCRACIA

Hace tiempo que el vaso se ha llenado. La ciudadanía parece haber detectado ahora, de golpe, el tóxico ambiente que veníamos respirando desde hace lustros en nuestro País Valenciano. Con la crisis se ha terminado ese periodo de inconsciente felicidad en el que muchos habían llegado a creer que la única dirección, irreversible y garantizada, era un crecimiento sin fin de nuestra economía y un futuro plácido. A pocos parecía importar el coste medioambiental, el abandono de una economía real a cambio de la inundación del cemento y la especulación. Habíamos vuelto de modo casi imperceptible a la adulación hacia los poderosos.

Los potentados caían bien e infundían de nuevo un respeto reverencial, al margen de las sospechas -o certezas- sobre sus pillerías, porque esos nuevos políticos, todopoderosos y campechanos, como nuevos caciques del siglo XXI, procuraban enchufes, facilitaban negocios y se prodigaban con financiaciones digitales a cualquier folclore o evento deportivo, a cambio por supuesto, de más dinero y más votos. 

Cuando circulaba ese torrente de dinero en nuestras administraciones a pocos importaba por qué sumideros se desviara el caudal. En el fondo, a quien casi nadie soportaba era a los cenizos, a los aguafiestas que clamaban contra la depredación del territorio y sus consecuencias, que nos advertían del peligro del monocultivo del cemento y el abandono de nuestra industria, que pedían cuentas y explicaciones a tanto despilfarro y nepotismo y se avergonzaban del culto al becerro de oro en que nos habíamos instalado. Pero entre mascletaes y charangas, borrachos de éxito, esas voces sonaban como letanías agoreras, movidas por la envidia y la mediocridad. 

Resulta curioso comprobar que la corrupción, a la que parecíamos aclimatados durante todos estos años y a la que se percibía como un mal menor, perfectamente asumible en una sociedad opulenta, ha pasado, de la noche al día, a considerarse entre los primeros problemas de nuestra democracia, al mismo tiempo en que, nuestra “clase política” caía a sus más bajos niveles de estima social. Nadie parece pararse ahora a pensar, hasta que punto, esa altísima tolerancia ciudadana con el desparpajo caciquil y el despilfarro de alguno de nuestros políticos, ha sido, precisamente, el caldo de cultivo de la corrupción, y esa campechanía, tan valorada por todos, el artificio necesario para engatusarnos. 

“Cuando no hay harina, todo es mohína” decía el habla popular y parece que se cumple a rajatabla. Ahora hay una mayoría indignada que reprueba el relajo con el que se cambalacheó con nuestro futuro desde un poder político envanecido e irresponsable que se creía impune. Ahora sentimos en nuestras propias carnes, como una ofensa intolerable, cualquier apariencia de gasto superfluo o prebenda en nuestros representantes políticos…como si durante años no los hubiéramos acostumbrado a considerarse en el derecho de gastar impunemente lo nuestro como si fuera suyo. 

A menudo me viene a la cabeza aquello de “tenemos lo que nos merecemos” y no estoy de acuerdo con esa afirmación, pero considero que votar debería ser para todos, además de un derecho, un acto de responsabilidad. Que, visto lo visto, nos conviene votar con la máxima convicción y estar decididos a cambiar nuestro voto en caso de ver defraudadas nuestras expectativas o incumplidos los compromisos. Porque, digan lo que digan, los partidos se sienten o no obligados a realizar cambios o renovar candidaturas, en función de sus mejores o peores resultados. 

Si en casos significativos, como una sospecha fundada de corrupción en un candidato, la mayoría de los electores lo considerara motivo suficiente para retirarles el voto, a ningún partido se le ocurriría proponer a un sospechoso de corrupción. Por el contrario, si los partidos comprueban que no afecta a la intención de voto proponer a una persona sospechosa de corrupción, no tendrán empacho alguno en proponerlo para que le votemos. 

Siendo así ¿Podríamos habernos quitado de en medio a los corruptos, simplemente, no votándoles? Creo que es mucho más difícil que eso. Ni el sistema electoral facilita esa selección, porque los candidatos los eligen los partidos en su propia cocina interna, ni parece fácil que la gente cambie su voto de un partido a otro, sin más. Aunque así fuera, la corrupción no es un fenómeno exclusivo de un partido sino que se abona siempre a la sombra del poder, lo ostente quien lo ostente. Por lo que, si nada cambia, solo habría que esperar a que reaparecieran otros casos. Además, es sabido que todos los partidos mantienen una parte de su electorado, fiel hasta el sufrimiento, aunque discrepe de la idoneidad del candidato o de algunas actuaciones o propuestas políticas de la que considera su opción preferida. 

¿Se puede hacer algo para reforzar el peso de la decisión de los electores o por mejorar un sistema democrático que se ha demostrado imperfecto? Se puede, se debe y corresponde hacerlo, en primer lugar, a los partidos políticos. Ellos son los instrumentos constitucionales de representación política y es su responsabilidad impulsar los cambios necesarios para que la democracia progrese. Se trata de sellar un “contrato con la ciudadanía” que incluya compromisos y medidas para la transparencia y la lucha contra la corrupción interna en todos los partidos, sometiendo su cumplimiento a la supervisión por órganos externos. La democracia y los derechos de ciudadanía no se pueden quedar a las puertas de los partidos, por lo que debe exigirse mecanismos públicos y de control y rendición de cuentas. 

La crisis ha puesto de relieve un alejamiento abismal entre ciudadanía y representantes políticos. Algunos lo confían todo a que esta escampe y que, consecuentemente, los niveles de irritación popular con las instituciones y la política se atemperen. Por el contrario, soy de los que piensa que si la crisis ha servido de algo, es para poner sobre el tapete las carencias del sistema democrático. Sería un acto de responsabilidad política que los partidos acometieran los cambios legales necesarios para ampliar la calidad de nuestra democracia y subsanar las carencias que los alejan de la ciudadanía. 

Se me ocurren algunas reformas legales que irían en esa dirección y que los partidos deberían comprometerse a impulsar, empezando eso sí, por aplicarse el cuento ellos mismos: Ampliar los derechos ciudadanos en la elección de cargos públicos con la obligatoria celebración de elecciones primarias abiertas a la participación ciudadana para la elección de los candidatos a alcaldías y presidencias de los gobiernos autonómico y central, impulsar el desbloqueo de las listas para que los electores puedan expresar sus preferencias, establecer la limitación de mandatos, crear el escaño ciudadano en nuestros parlamentos y ayuntamientos para la defensa de iniciativas ciudadanas que hayan alcanzado respaldo suficiente, someter la elección de cargos de designación en las instituciones públicas a procedimientos objetivos con exigencia de adecuación al cargo, etc. 

Estas son alguna de las medidas que podrían colaborar a sanear nuestra democracia. Habrá quien diga que son otras o que ninguna de ellas servirá de nada y, por tanto, nada se puede hacer. Yo sí creo que se puede, claro que se puede. 

Pablo Reig Cruañes 


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LA LUCHA PENDIENTE DEL CONGRESO CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Este país necesita acometer sin más dilación la regeneración del sistema institucional en profundidad. Para ello, el PSOE tiene que dotarse de una “Agenda propia para la Regeneración Democrática”, la otra prioridad junto a la creación de empleo, que le permitiría adoptar una posición más proactiva con el objetivo de avanzar en el Parlamento en la lucha eficaz contra la corrupción. 

La importancia de esta Agenda guarda relación con la idea extendida entre la opinión pública de que el proceso de regeneracion está parado y que el Gobierno y el Parlamento no hacen nada. Son consecuencias del retraso en la aprobación y aplicación de medidas urgentes y cambios normativos que permitan prevenir y castigar la corrupcion y un mayor control y transparencia en el funcionamiento del sistema político. 

La corrupción sigue aumentando la desafección ciudadana hacia la política, alimenta el desprestigio de los políticos y deteriora profundamente la confianza de la ciudadanía en la democracia y en sus instituciones. Sobre todo cuando la corrupción es noticia permanente en medio de una crisis que provoca sufrimiento y miedo al futuro para millones de familias por el desempleo masivo, los recortes de servicios públicos y el aumento de la desigualdad social. 

Pues bien, tras el debate en el Congreso sobre el estado de la nación, se aprobó el pasado 26 de febrero una Resolución con un conjunto de actuaciones propuestas y apoyadas por la mayoría de Grupos. No obstante, el PSOE e IU nos abstuvimos por considerarlas insuficientes. Con ella, se pretendía dar respuesta a las reiteradas demandas de la sociedad española para mejorar la calidad de la democracia y evitar la impunidad de los corruptos. Quienes hemos gobernado en España tenemos que reconocer, sin excusas, que han sobrado actitudes contemporizadoras y han faltado diligencia y contundencia.

La citada Resolución contempla la aprobación por parte del Gobierno de hasta once proyectos y reformas legislativas para su remisión al Parlamento: Ley de Partidos Políticos, Ley de financiación de Partidos, Ley del Tribunal de Cuentas, Ley de contratos del sector público, nuevo Estatuto del Cargo Público, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Código Penal, Ley de Iniciativa Legislativa Popular, Ley de Indulto, Ley de Régimen Electoral General y nueva Ley de Transparencia. ¡Casi nada! 

Además, se comprometía a la elaboración de un pacto ético entre los partidos respecto al tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados. Así cómo a la creación de una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración de la democracia. 

Ante la magnitud de los deberes pendientes, los socialistas cometeríamos un error si permaneciéramos a la espera dejando que el Gobierno, desde la Vicepresidencia, marque los tiempos de este proceso regenerador e imponga con prepotencia sus contenidos. Sería tanto como dar un cheque en blanco a un PP que ha demostrado no aplicarse en la lucha contra la corrupción y en la transparencia porque está implicado en los casos Bárcenas y Gürtel, entre otros. 

No se puede confiar en un Gobierno que se burla del Parlamento gestionando a golpe de Decretos-Leyes, impidiendo Comisiones de Investigación sobre los escándalos financieros y ofreciendo una democracia de plasma y sin preguntas frente a una democracia participativa. Y corresponde al Grupo Parlamentario Socialista, como primera fuerza política de la oposición, plantear iniciativas que demuestren que el Parlamento ni está muerto ni hace oidos sordos a las reivindicaciones de los movimientos ciudadanos. 

De ahí mi propuesta, ya remitida a la dirección socialista, para que nos dotemos de una Agenda estratėgica propia que nos permita realizar un seguimiento, análisis y control diario de la política general del Gobierno de Rajoy en relación con la regeneración, la calidad de la democracia y la lucha contra la corrupción, creando para ello un grupo intensivo de trabajo y marcaje formado por diputados socialista, especialistas y asesores. 

También ha de activar de modo específico el cumplimiento de los compromisos acordados el pasado 26 de febrero por el Congreso en su Resolución como consecuencia del debate sobre el estado de la nación, así como preparar con antelación la respuesta de los Diputados socialistas a los trabajos que debe presentar la Vicepresidenta del Gobierno ante las Comisiones del Congreso y consistentes en propuestas sobre las once reformas legales para su debate y aprobación. 

Por último, la Agenda ha de incluir la presentación sin demora de un Manifiesto contra la corrupción y de un nuevo “Contrato ético del PSOE con la Ciudadanía”. Sólo así podremos plantear desde la coherencia nuevas iniciativas en el Congreso para complementar las carencias de la Resolución. Nuestro objetivo no puede ser otro que afianzar las bases de una democracia ética, transparente y participativa que ayude a recuperar la confianza de la ciudadanía en la política. Y en particular en el PSOE. 



Odón Elorza 
Diputado Socialista por Gipuzkoa 

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Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Cualquier proceso de regeneración democrático, tan importante en estos tiempos, tan necesario en nuestro país, implica un alto grado de transparencia en la actividad y en la actitud política. Transparencia necesaria porque frena la corrupción, porque contrarresta la desafección política a la vez que fomenta la participación ciudadana, todos elementos fundamentales en un proceso de regeneración democrática. 


Por tanto, de entrada es una buena noticia que se apruebe una ley de transparencia en nuestro país, no sólo porque seamos el único país europeo de más de 1 millón de habitantes que no la tiene, sino porque no se entiende de otra manera en la actualidad, en un momento en que la exigencia de unas instituciones más democráticas es una de las principales demandas ciudadanas, en un momento en el que los españoles consideran que los políticos (la política) son uno de los grandes problemas de este país. 
El proyecto de ley que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria consta de dos títulos Transparencia de la actividad pública y Buen Gobierno. El primero regula la publicidad activa de los actos de las instituciones y el derecho a la información pública, el segundo los principios éticos que deben regir la actuación de los responsables públicos y las consecuencias de no hacerlo. 

De entrada destacaría que en el proyecto de ley se producen algunos avances interesantes:

– Se publicarán los planes y programas anuales, los medios y tiempos previstos para su consecución, así como su grado de cumplimiento y resultados. Los presupuestos con información actualizada sobre su estado de ejecución. Las cuentas anuales y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de órganos de control externo. Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y las indemnizaciones percibidas por abandono del cargo… 
Sin embargo, las carencias son muchas y la tan ansiada y necesaria ley se puede quedar muy corta. La mayoría ya han sido señaladas en diversas ocasiones por muchos expertos, aportamos un resumen: 

– El derecho de acceso a la información pública debería ser un derecho fundamental, como así está reconocido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. 
– El silencio administrativo no puede ser negativo, la administración no puede no informar, debería establecerse el deber de contestar y en un plazo determinado. 
– No abarca todas las instituciones, deja fuera a algunas imprescindibles especialmente dados algunos de los últimos acontecimientos: la Corona, el Tribunal Constitucional, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, ONGs, Iglesia Católica, Banco de España… debería abarcar todas las instuciones públicas o que se financien con dinero público. 
– Hay muchas excepciones y limitaciones a la información que se publicará de manera activa, se dejan fuera informes internos, borradores,… documentos importantes para seguir la trazabilidad del proceso de toma de decisiones, fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. “Publicarán la información cuyo conocimiento sea relevante”, ¿cuál es la relevante?, ¿quién lo decide?. Y el acceso a la información para la que no se publicará directamente no es fácil, por ejemplo, debe conocerse el organismo responsable o propietario de esa información, así como la documentación exacta que se está solicitando. Debería ser un trámite sencillo y rápido, el que proponen no lo es, anima más bien a no solicitar información. 
– ¿Quién vela por el cumplimiento de la ley? ¿Porque la información esté actualizada, por que se presente en formato accesible, entendible y reutilizable…? Especialmente en la primera parte, hay una clara falta de sanciones y poca garantía de cumplimiento de la ley. No hay un sistema independiente de control, la Agencia Estatal de Transparencia, de Evaluación de políticas públicas y la calidad de los servicios no es de creación nueva si no una ampliación de una existente y no se garantiza su independencia del gobierno de turno. 
– ¿Qué pasa con el gobierno abierto, novedades tecnológicas, gobernanza, rendición de cuentas, de calidad normativa o simplificación administrativa? Temas directamente relacionados con la transparencia que ni se mencionan. 
Tanto el proyecto de ley como los comentarios surgidos hasta el momento se centran básicamente en la parte de transparencia y pasan muy por encima por la segunda parte de la ley, la de Buen gobierno, siendo esta parte tan importante o más para la necesaria regeneración democrática que necesita nuestro país, para impulsar, cuando no forzar, la ejemplaridad en el comportamiento de los responsables políticos. En esta parte aún se ha puesto menos enfásis en imponer cambios necesarios y demandados por la ciudadanía. No todos los políticos son iguales y este proyecto de ley pierde la oportunidad de ayudar a distinguirlos. 
Su desarrollo es escaso, su ámbito de aplicación muy restringido, deja fuera a mucho directivo de la administración con poder de decisión político, el órgano de control tampoco es independiente, no hay evaluación del desempeño, ni de las políticas implementadas, ni ninguna exigencia de rendición de cuentas. Se regulan generalidades, pero se pierde la oportunidad de ahondar y concretar en el deber de inhibición o abstención, en la dedicación exclusiva del cargo y otros deberes y limitaciones. 
En definitiva, la transparencia, el buen gobierno, la gobernanza no se pueden regular completamente por ley, supone una actitud, una cultura, es una manera de actuar, de entender la política. Si no hay verdadera intención de aplicarla, si no hay una creencia en la importancia de aplicarla, pocos resultados se van a obtener, y en este proyecto de ley no queda reflejado ese espíritu, parece estar regido más por un afán económico, de cumplimiento del déficit, que por interés real de transparencia, integridad o buen gobierno. 
La transparencia y el buen gobierno son especialmente necesarios por la rendición de cuentas que implican. Y el proyecto deja fuera información imprescindible para ello: estadística para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos, informes de órganos de control interno, no sólo externo, las agendas públicas, evaluación de resultados de los grandes proyectos o grandes inversiones, etc. 
Lo que no se puede contar no debería hacerse, ser transparente es mucho más que solicitudes de información imposibles que ya te daré cuando pueda y como crea conveniente, no se trata de “curiosidad insana” sino de rendición de cuentas, porque la ciudadanía quiere saber qué hacen sus representantes y espera de ellos un comportamiento ejemplar, quiere saber en qué se gasta su dinero, el dinero de todos. 
La ley llega tarde y se va a quedar corta, genera expectativas que no se van a cumplir, con lo que la decepción será mayor y ahondará aún más en la desafección ciudadana y en el distanciamiento de las instituciones de la ciudadanía. 
Sarah Alonso
Foro Ético