El Partido Socialista que queremos.

TESIS PARA RECONSTRUIR UN PROYECTO SOCIALISTA ÉTICO, PARTICIPATIVO Y TRANSFORMADOR.


1. Necesidad de “refundar” el Partido Socialista como eje de transformación social.
El objetivo es crear un proyecto que devuelva la esperanza a la ciudadanía sobre su futuro con medidas creíbles que ayuden a salir de la crisis económico-financiera, de las instituciones y los partidos políticos, a combatir el modelo ideológico del PP y a democratizar el funcionamiento del PSOE. Para abordar todas las cuestiones urgentes es necesario que el proyecto se desarrolle en base a una agenda que tenga como finalidad la necesaria activación de la regeneración democrática del sistema político.
Para que el Partido Socialista recupere su utilidad como actor social ha de ofrecer soluciones a millones de personas desesperadas e indignadas, lo que obliga al PSOE a proponer transformaciones en un sistema económico sin alma y con unos valores neoliberales que han contaminado la política con la corrupción. No se puede obviar la lucha contra unos poderes económicos profundamente antidemocráticos que se apoyan en un mercado especulativo desregulado y que aprovechan la crisis para sembrar la pobreza, la exclusión, la incertidumbre y el miedo, además de  secuestrar la soberanía ciudadana ante la impotencia de los gobiernos.
Frente a semejantes retos no bastaría hablar de “cambio”. Hay que atreverse a plantear una refundación por la izquierda de los Partidos Socialistas y Socialdemócratas de Europa.
2. Construir un modelo económico alternativo al neoliberal para la gestión y salida de la crisis que logre el respaldo y represente el sentir de la sociedad centrándose en el empleo y en la igualdad.
Ha de ser profundamente reformista y transformador, basado en la solidaridad y la igualdad de oportunidades, fundamentado en una nueva política de apoyo a la reactivación económica por parte de la UE. Pero, también, ha de incorporar el factor de la corresponsabilidad social para hacer viable un Estado del Bienestar adaptado a las nuevas posibilidades, para ganar en competitividad empresarial y para cumplir las obligaciones cívicas y fiscales al margen de coyunturas.
Un proyecto político y económico dirigido a racionalizar y modernizar las estructuras administrativas y empresariales ineficientes y viciadas; acercar la innovación y el conocimiento a grandes capas de la población y a pequeñas empresas; democratizar las instituciones; reforzar el Estado del Bienestar frente a la involución a la que lo ha sometido la derecha, proponiendo un proyecto para hacerlo viable y más eficiente, avanzando en el desarrollo efectivo de los derechos de la ciudadanía y garantizando los servicios públicos que están siendo hoy eliminados o recortados por el Gobierno de Rajoy; reconvertir el  sector de la construcción; desarrollar otros sectores con gran potencial en España como las industrias culturales, los empleos “verdes” y los servicios sociales; apostar por un nuevo tejido económico que se apoye en sectores empresariales con futuro, basados en la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social, pensando en competir en una economía global; y pedir productividad a empresas y clase trabajadora para competir en base a un pacto sobre rentas y redistribución de beneficios.
Como parte del proceso de transformación pendiente ha de incorporar, necesariamente: un sistema fiscal más progresivo y que ponga la atención en el gravamen de la propiedad ; el combate real contra el fraude fiscal; un control efectivo sobre la Banca española y las decisiones de las grandes empresas; la racionalización y configuración federal de un modelo territorial que sea eficiente y aporte cohesión a un Estado plurinacional y multicultural; la modificación y el refuerzo del sistema de educación y sanidad pública;
Esas son tareas de la Conferencia de octubre tras la oportunidad fallida del pasado Congreso de Sevilla. Una Conferencia que parta de posiciones autocríticas y sea fruto de un proceso de debate participativo, con conclusiones que no hayan sido fabricadas en un laboratorio de personas expertas sino construidas con las bases, agentes y movimientos sociales. La Conferencia ha de abrirse totalmente a la realidad del país y eso exige generosidad en sus contenidos, creatividad en su desarrollo y sentido de la participación democrática.
Ante la dimensión de las transformaciones señaladas, la propuesta de reforma de la Constitución no puede convertirse en un objetivo en sí mismo, sino en una herramienta decisiva de apoyo a estos retos estratégicos que fortalezcan la transformación y la cohesión social en España. El proyecto del PSOE ha de ser alternativo al modelo ideológico del sistema neoliberal los neoliberales y vincularse a una revisión constitucional transformadora.
3. Nuevos liderazgos cívicos que ayuden a superar el desgaste del PSOE.
Es incuestionable que padecemos un problema general de liderazgos y que nuestras propuestas como oposición no resultan creíbles al no superar el muro de desconfianza de la sociedad española. No es fácil cortar con el reciente pasado porque no se ha producido un cambio real de proyecto ni de caras y porque resulta difícil que la ciudadanía se identifique con un partido que tuvo el papel principal en el comienzo de la crisis sin haber sabido  acometer las reformas necesarias, ni previsto las consecuencias de la burbuja inmobiliaria o saneado un sistema bancario lleno de trampas y tramposos.
Para combatir este desgaste, el PSOE precisa liderazgos cívicos, surgidos de primarias, líderes políticos con un perfil en el que destaque más su dimensión pública y gerencial que la partidista. Han de ser liderazgos éticos que sepan compartir tareas e integrar la diversidad interna, apoyados en comités y grupos sectoriales que tengan una composición plural y supongan la creación de equipos de trabajo abiertos a la sociedad. Liderazgos basados en la aportación personal para un proyecto común y nunca en alineaciones divisorias.
4. El PSOE requiere dotarse de una agenda propia para la regeneración.
La grave inmoralidad y el golpe a la democracia que supondría la impunidad para diferentes casos de corrupción nos exige actuar. Esa posibilidad nos recuerda que necesitamos una Agenda estratégica para activar e impulsar los procesos de regeneración democrática del sistema político institucional y la lucha contra la corrupción frente al desinterés y lentitud del Gobierno de Rajoy. Y en especial tenemos que plasmar en el Congreso los compromisos de trece reformas legislativas que afectan a la Ley de Financiación y de Partidos, Ley del Tribunal de Cuentas, Ley Electoral General, Código Penal, Ley de Contratación del Sector Público, nueva Ley de Transparencia, Ley de Indultos y Ley de Iniciativa Legislativa Popular entre otras.
Pero lo anterior no puede hacernos olvidar que el PSOE ha de exigir y apoyar investigaciones a fondo en el Parlamento y en los Tribunales sobre los escándalos financieros en Bancos y Cajas, presentando querellas ante los Tribunales ( por ejemplo ante la estafa de las preferentes) y buscando la depuración de responsabilidades en todo tipo de casos de corrupción.
Si no lo hacemos así, subvencionaríamos a quienes tratan de sacar provecho jugando a una peligrosa deslegitimación de la política y repitiendo el mensaje de que el PP y el PSOE son iguales y que toda la clase política es corrupta. En este mensaje se esconde la intención de debilitar el sistema democrático para, con él, desarmar el Estado de Bienestar y la función social del Estado.
5. Recuperar “la pasión por la democracia” ha de ser el centro de nuestro relato.
Un hilo conductor para difundir un discurso emotivo que pueda ser compartido por la sociedad porque provoque esperanza. Carecemos en esta crisis múltiple de un relato político propio que nos identifique y diferencie de otras fuerzas y del relato dominante de la derecha con su pretendido pensamiento único, ese que pretende convencernos de que los recortes de los servicios y la austeridad son las medidas de salvación.
– De esa recuperada pasión por la democracia partiremos para ofrecer un nuevo contrato político de los y las  socialistas con la ciudadanía. Un “Contrato Ciudadano” que empodera a la ciudadanía y suponga un compromiso de los políticos socialistas en favor de una forma más ética de hacer y vivir la política. Un contrato de libre adhesión entre políticos, ciudadanía, movimientos y agentes sociales para defender juntos una democracia más participativa y deliberativa basada en la rendición de cuentas, la transparencia y las consultas ciudadanas. Y conlleva abrir un proceso de participación ciudadana en la elaboración del programa electoral y, en su caso, de un programa de gobierno, estableciendo mecanismos para el seguimiento y control de su cumplimiento.
– Más y mejor democracia para la sociedad española y para el funcionamiento de instituciones, ayudará a hacer frente a la crisis en mejores condiciones, con transparencia, sin engaños y con un reparto más justo de las cargas y sacrificios. Y para el PSOE más democracia significa defender una democracia ética y participativa como vía para recuperar la confianza ciudadana y la vida interna que ha perdido. El reencuentro con la ciudadanía y con nuestra identidad se dará con la vuelta a los principios éticos, el fin del clientelismo y la aspiración de gobernar para transformar la sociedad y no para ocupar el poder y gestionarlo sin confrontar con los poderosos.
6. El Comité de Ética del PSOE tiene que jugar un papel democratizador y regenerador relevante.
Sus componentes han de ser hombres y mujeres intachables y deberán investigar internamente y con anticipación los comportamientos inmorales y las denuncias públicas, así como analizar las imputaciones e intervenciones judiciales sobre casos de corrupción referidos a cargos socialistas. El Comité de Ética propondrá la adopción de medidas preventivas a la dirección y tendrá una función de control y evaluación del nivel de cumplimiento de los compromisos electorales. Actuará de manera independiente y con el interés de velar por los valores éticos que han de identificar al Partido Socialista.
7. Defender la división de poderes nos lleva a cambiar el sistema de selección de los miembros de altos organismos.
Se trata del Tribunal Constitucional, al Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, de los Entes de Radio y Televisión Públicas y otras altas instancias del Estado para el mejor control del ejecutivo, del poder judicial, de los poderes públicos y de unas administraciones que han de tener un funcionamiento totalmente transparente y ajustado a la ley. Se debe huir de criterios partidistas y proponer y elegir a sus miembros por su trayectoria, prestigio y garantía de independencia. Esta es la auténtica prueba del algodón del proceso de regeneración de nuestra democracia.
8. Son tiempos para una nueva cultura política en la que primen los valores y la colaboración con los movimientos sociales.
Como viene expresando Foro Ético, es posible otra forma de hacer y vivir la política que ha de buscar el diálogo con los movimientos sociales, crear cauces de participación ciudadana, el entendimiento y la colaboración con otras fuerzas de izquierda superando los sectarismos del pasado. Todo ello permitirá sentar las bases de acuerdos para frenar las contra-reformas del PP y alcanzar gobiernos locales de coalición.
Deberemos trabajar desde posiciones comunes para alcanzar objetivos compartidos. Los p
artidos políticos, las organizaciones, sindicatos y movimientos sociales en su conjunto han de tener un fin común: avanzar en la transformación de una realidad social injusta.
9. Recuperar el sentido de la utopía.
En la izquierda esto supone incorporar aspiraciones y objetivos de trabajo, de la mano de  Socialistas y Socialdemócratas Europeos, como la eliminación de los paraísos fiscales, la regulación de los mercados especulativos, democratización de la globalización, adopción de medidas que desarrollen una Europa Social con la que se identifique la ciudadanía europea a través de la mano del Partido Socialista Europeo. Un proyecto que defienda una UE más integrada y solidaria que desarrolle los derechos de la ciudadanía de manera conjunta, que formulé medidas de protección con estándares comunes, como el establecimiento de un Salario Mínimo Interprofesional equiparable en toda Europa y que se dote de mecanismos para sancionar a los Estados que no respeten los derechos humanos.
Epílogo.
Sabemos que no podemos esperar a que alguien venga a salvarnos, ni sucederá nada extraordinario que resuelva los viejos y nuevos problemas del PSOE. Por tanto, todo depende de la capacidad de reflexión, del pensamiento crítico, la rebeldía ante la involución, el esfuerzo y el compromiso de las bases socialistas, donde nadie es imprescindible pero todos y cada uno de nosotros somos necesarios. Vamos a poner en valor nuestros ideales y a comprometernos con un proyecto al servicio de quienes están sufriendo la crisis. Pongámonos en marcha, abramos el debate a la ciudadanía defendiendo las banderas de la ética, la utopía y la ėpica.

Beatriz Talegón                                                            Odón Elorza
Secretaria General de la Unión Internacional
de Jóvenes Socialistas. IUSY.                                     Diputado Socialista por Gipuzkoa  

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AGENDA DEMOCRATICA. Una llamada a ejercer el control de la regeneración democrática

Desde Foro ético queremos avanzar en la regeneración de la vida política y  luchar decididamente contra la corrupción.

Existe la sensación de que el proceso de regeneración está parado,  que  no se adoptan medidas para que la ley se respete y que si se adoptan acuerdos estos no se aplican.

Es lo que consideramos está ocurriendo con la Resolución sobre regeneración democrática y transparencia que se adoptó por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 26 de febrero.
Tras el debate en el Congreso de los Diputados sobre el estado de la nación, se aprobó una Resolución con un conjunto de actuaciones propuestas por el PP y votadas a favor por UPyD, CIU y PNV con la abstención, por no contener las suficientes medidas, del PSOE e IU.. Con la citada Resolución se pretendía dar respuesta a las demandas urgentes de importantes sectores de la sociedad española para abordar la regeneración de la política y mejorar la calidad de la democracia.
Pero la Resolución no tiene un alcance suficiente para dar respuesta a los problemas ni se aprobaron  garantías y controles especiales para asegurar la celeridad exigible en su puesta en marcha , ni la profundidad necesaria.
Aún así consideramos que debe darse a conocer lo  mas ampliamente posible con el fin de que la opinión pública la conozca, y para que con actitud de compromiso colectivo ,  realicemos un control sobre las medidas comprometidas en esta Resolución detectando los retrasos, incumplimientos y carencias de la misma, manifestando cuantas actuaciones entendamos que hay que hacer para avanzar decididamente en la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción.
Reproducimos a continuación el texto de la Resolución aprobada en el Congreso y recogemos algunas notas a la misma , en color rojo, así como recogeremos cuantas aportaciones nos hagáis llegar por cualquier medio.

Es preciso que entre tod@s propiciemos un desarrollo urgente de los compromisos adquiridos por el Parlamento que han de tramitarse como reformas legislativas de urgencia, e incorporemos otras medidas complementarias no previstas en la Resolución. 


RESOLUCIÓN SOBRE “REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENCIA” DEL PLENO DEL CONGRESO TRAS EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN, CON LOS VOTOS A FAVOR DE PP, UPYD, CIU, PNV, … Y LA ABSTENCIÓN DE PSOE E IU.


El Congreso de los Diputados considera necesario un acuerdo de las fuerzas políticas, con el fin de adoptar cuantas medidas de regeneración democrática, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción sean precisas para que los ciudadanos aumenten su confianza en las instituciones. Entre otras, este acuerdo debería incorporar las siguientes iniciativas:

1.La elaboración de un pacto ético entre los partidos respecto al tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados. 

        Los pactos éticos han demostrado hasta ahora su inutilidad, algunos (PP especialmente) los incumplen sistemáticamente. La mejor forma de forzar a los otros a cumplir es predicar con el ejemplo y ser líderes imponiendo medidas ejemplarizantes para que a los demás no les quede más remedio que cumplirlas también.

2. La creación de una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración de la democracia. 

Si el informe no es vinculante o no se establece algún tipo de sanción, quedará como papel mojado.


3. La aprobación por parte del Gobierno de los siguientes proyectos de ley para su remisión al Parlamento:

a) Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos con nuevas exigencias a los partidos, como los procedimientos mínimos de aprobación de cuentas, que, en todo caso, deberán ser aprobadas y remitidas al Tribunal de Cuentas en los primeros tres meses del año siguiente al ejercicio al que se refieran, la regulación del papel de los responsables económico- financieros de estas organizaciones, así como el tratamiento de las donaciones a los partidos políticos. 

        Los partidos deben no sólo publicar sus cuentas sino rendir cuentas de en qué se gasta cada euro, los resultados de cada euro invertido, no simplemente una relación de partidas. Igualmente se debería publicar la relación del personal a sueldo de los partidos, los cargos de confianza, sueldos, qué labor desempeñan, cuál fue el sistema de selección Si no por ley, el PSOE podría ser pionero en ofrecer esa información.

b) Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para articular más instrumentos de control para poder optimizar la capacidad de respuesta, en tiempo adecuado, del Tribunal de Cuentas, así como más medios para su desarrollo y fórmulas de colaboración por parte de la AEAT, el INSS y la Oficina de Conflictos de Intereses.

c) Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para fortalecer el régimen de las prohibiciones de contratación con el sector público a todas las personas físicas y jurídicas condenadas por corrupción. 


d) Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, que constituya un verdadero Estatuto del Cargo Público al servicio de la Administración General del Estado. Esta norma debería incluir, entre otras, las siguientes medidas: la regulación de la publicación de las declaraciones tributarias, de bienes y de actividades de los cargos públicos; la realización de auditorías de la situación patrimonial de los altos cargos al final del mandato; el establecimiento de escalas de retribución de los cargos públicos de la Administración General del Estado; la determinación y límites de los sistemas de protección social; la limitación de la compensación tras el cese, y el refuerzo de la Oficina de Conflicto de Intereses.

e) Reforma del Código Penal para endurecer la sanción de la corrupción. En concreto, se analizará el tratamiento penal de los siguientes delitos existentes en la legislación penal y de nuevos comportamientos que pudieren ser incorporados: prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, delitos urbanísticos, omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos politicos de sus cuentas y patrimonio social, financiación ilegal y enriquecimiento injustificado de los cargos públicos electivos. Asimismo se determinará el aumento de los plazos de prescripción para esos delitos.

f) Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para clarificar la competencia de los Tribunales y agilizar los procedimientos para la persecución de los delitos de corrupción para que el tiempo de respuesta ante el delito no sea, en ningún caso, ni una forma de impunidad para el delincuente, ni una condena pública sin sentencia. 

Hay que reformar las leyes pero sobretodo reforzar su cumplimiento y además empezar y fomentar la transparencia que es una manera de reforzar la prevención.


4. En el ámbito parlamentario, se adoptarán los siguientes acuerdos:

a) Incorporación a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno de los siguientes extremos:

I. La mejor fórmula para incorporar a la Ley de Transparencia a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público.

II. Cláusula de inmediata entrada en vigor de las obligaciones de transparencia de los partidos políticos.

b) Estudio, en las correspondientes comisiones parlamentarias, de los siguientes aspectos:

I. Medidas oportunas a adoptar para regular las organizaciones de intereses o “lobbies”, con medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites.

II. Forma de aplicación a Diputados y Senadores de las normas de transparencia incluidas en la futura Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, estableciendo un procedimiento concreto de publicidad de las declaraciones tributarias, de actividades y bienes. 

No sólo declaración de bienes y empresas en las que están presentes sino también a qué dedican su tiempo, en qué intervienen, cómo responden a su electorado, cómo rinden cuentas de su actividad,  alguna de esa información ya existe pero no es de fácil acceso, hay que insistir siempre en que la información sea pública de forma accesible y en formato reutilizable.

III. Reformas necesarias para modernizar las campañas electorales (sondeos, tratamiento por los medios, debates e incluso duración). 


Y debería haber mecanismos de control sobre el cumplimiento de los programas.


IV. Nuevas medidas a adoptar contra el transfuguismo político.

V. Posibles reformas de la Ley Orgánica reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular para facilitar su impulso y tramitación.

VI. Posibles reformas de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para mejorar el procedimiento de votación de los ciudadanos españoles residentes en el exterior.

VII. La puesta en marcha inmediata de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales

Funcionarios. Esa especie en extinción

Cada vez que escribo una entrada, antes de leerla mi chico me hace la misma pregunta ¿salgo yo? es una broma entre nosotros desde que aparecieron en el blog mi madre y nuestra hija, y hoy, por fin, sale él. Le traigo a colación porque cuando esta mañana he dicho, tengo que escribir sobre los funcionarios, el  ha contestado, sí, esa especie en extinción.

Y es cierto, los funcionarios van a ser, a poco que nos descuidemos, una especie en extinción.

Las Administraciones públicas, como cualquier empresa, precisan de personas que impulsen y desarrollen su actividad. Estas personas a las que comúnmente llamamos funcionarios forman un colectivo heterogéneo compuesto por funcionarios de carrera (quienes tienen encomendadas las tareas que implican ejercicio de autoridad y prestación de servicio público), interinos, laborales y eventuales.

La existencia de cuerpos de funcionarios no es un capricho. Nuestro modelo de función pública (y nótese que hablo de los funcionarios y no de la pléyade de eventuales nombrados a dedo por el político de turno, responsables de la mayor parte del descrédito y desafecto con que la ciudadanía trata al funcionario) es fruto de una evolución histórica que, con las constituyentes de Cádiz rompió con la compraventa de cargos públicos y sentó las bases, desarrolladas por el Estatuto de Bravo Murillo, de la organización burocrática española, que es el fundamento mismo de la seguridad jurídica, de que la Administración no va a someterse a los caprichos políticos de turno.

Quienes sirven a la Administración, sean archiveros,  agentes forestales,  conservadores de museos,   inspectores de hacienda,  profesores,  médicos, orientadores de empleo o  quienes día tras día aseguran que las contrataciones se celebren de acuerdo con la legalidad, son profesionales que han accedido tras rigurosas pruebas selectivas y gozan de estabilidad en el puesto de trabajo como garantía de su independencia respecto de quien gobierne en cada momento; ello nos asegura a los ciudadanos, que van a tomar sus decisiones de acuerdo con los criterios de legalidad, imparcialidad y justicia , con sometimiento pleno al a ley y al derecho. Porque esa misma estabilidad en el empleo implica que a un funcionario no se le puede despedir por no cumplir con los mandatos de su superior político si dichos mandatos contradicen la legalidad vigente.

¿Qué mejor garantía puede tener un Estado democrático que la seguridad de que sus servidores públicos no están al albur del interés político de quien gobierna?

¿Quién sino un funcionario con garantía de que seguirá siéndolo puede poner impedimentos a una decisión injusta?

¿Quién se atreve a llevar la contraria a su jefe en la empresa privada y más después de la última reforma laboral?

Esa y no otra es la ventaja real de los funcionarios públicos, su patrón no puede despedirles si le contradicen o contrarían; sí puede, y de hecho hay quien lo hace y cada vez mas descaradamente, rebajarles el sueldo, vilipendiarles, moverles de puesto de trabajo (ya que la estabilidad no implica inamovilidad) , desprestigiarles de mil maneras, decirle a la sociedad que no es justo que tengan trabajo estable, que son muchos (bastantes menos que en Francia o los países nórdicos por cierto) que sería mejor que fuesen contratados  como en la empresa privada, decir hasta la extenuación que no son eficientes ni eficaces, que son más costosos, que lo privado es más barato… pueden hacerlo y lo están haciendo. Por supuesto que con un objetivo: si se acaba con  los funcionarios se acaba con la única posibilidad de asegurar el correcto funcionamiento de la Administración y su sometimiento a los principios de legalidad, imparcialidad y justicia.

Los funcionarios que han accedido a sus puestos con vocación de servicio público (ya sabe todo el mundo que si uno quiere hacerse rico justo esa no es la opción) deben, por mandato constitucional, servir con OBJETIVIDAD LOS INTERESES GENERALES (y no los particulares de su temporal patrón) y cumplir la ley y  formalizan ese juramento cuando acceden a su puesto.

Pensad, si esos funcionarios pudiesen  ser contratados a dedo por el político de turno ¿Qué seguridad tendríamos de que las cosas se realizarían conforme a la legalidad?

Que contentos se pondrían algunos políticos si cada vez que fuesen elegidos pudiesen nombrar a todos los miembros de la Administración ¿imagináis las redes clientelares? Si ya las hay amplísimas por causa de esos eventuales que no son sino amigos nombrados a dedo, que no sería si se tratase de toda la Administración. Ese es el objetivo, no otro.

Con la crisis, de nuevo la excusa, una nueva ofensiva,  pero a esta tarea del descrédito llevan muchos neoliberales de mullido sueldo y sillón público, muchos años dedicados.

Hay que denunciarlo, no hay que parar de hacerlo  y  hacer una defensa a ultranza de lo público, y de los trabajadores de lo público, porque lo público es de todos.

Otilia Armiñana Villegas

Esta entrada es responsabilidad de su autora, las opiniones vertidas por los visitantes serán responsabilidad d elos mismos.

Posición de Foro Ético en relación con el nombramiento de D. Enrique López como Magistrado del Tribunal Constitucional

La elección de Magistrados del Tribunal Constitucional es uno de los hitos más relevantes en el sistema de garantías para la ciudadanía que recoge la Constitución de 1978. Precisamente por ello, la suprema norma exige el cumplimiento de una serie de requisitos para las personas que vayan a cumplir con el cargo: el artículo 159.2 exige que sean “juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional”.

Que se cumpla sobradamente con ese requisito es tanto una función de garantía de los derechos como una salvaguarda para un correcto funcionamiento de los poderes del Estado y una prueba de lealtad institucional. 


No todos los Abogados, Funcionarios, Profesores de Universidad, Fiscales o Jueces están capacitados para cumplir con el mandato constitucional: Hace falta tener una amplia trayectoria real y efectiva de más de 15 años de actividad jurídica y ostentar alta cualificación a través de un reconocimiento de su competencia.

En este sentido,
Foro Ético expresa su repulsa a que los nombramientos para las Altas Instituciones del Estado en los que se exige el cumplimiento de requisitos de alta cualificación no estén motivados en lo relativo a su cumplimiento por parte del designante, en este caso el Gobierno de España.
Foro Ético expresa su preocupación por el nombramiento de D. Enrique López como Magistrado del Tribunal Constitucional por parte del Gobierno de España.
Los análisis que se han hecho sobre la labor que el sr. Lopez ha desempeñado dificultan sobremanera que pueda considerársele un “jurista de reconocida competencia”. El propio Tribunal Constitucional ha tenido que decidir por el voto de calidad de su Presidente, ya que D. Enrique López ha contado con el voto negativo, sobre su idoneidad, de la mitad de los Magistrados. Es la primera ocasión en la que ha ocurrido una censura parecida.
Foro Ético insta a los partidos políticos y en especial al PSOE a que, en garantía de un funcionamiento adecuado del Tribunal Constitucional, se proceda al estudio de los mecanismos más adecuados para la impugnación de dicho nombramiento.
Foro Ético manifiesta, por último, su disgusto por la cuestionable independencia de criterio y vinculación de carácter político del Magistrado D. Enrique López, que condiciona de raíz el ejercicio de la función constitucional.

@foroetico

Sobre la necesaria transparencia y democratización interna de los sindicatos.

Son sindicatos aquellas organizaciones que defienden los intereses de los trabajadores, tal como los define nuestra Constitución o simplemente aquellas asociaciones de trabajadores, jurídicamente constituidas para la defensa y la promoción de sus intereses profesionales, económicos o sociales de sus miembros. De todos ellos solo tendremos por representativas las organizaciones  que representan al conjunto o a una parte de los trabajadores y trabajadoras de una empresa o administración tras obtener la representatividad necesaria mediante la celebración de unas elecciones para negociar las mejoras laborales y salariales de sus representados o del conjunto de personas de un colectivo determinado.
¿Por qué planteamos esta explicación previa?. Porque es necesario que cuando se habla de sindicatos no se centre el debate únicamente en las dos organizaciones más representativas de este país, que también, sino que ese debate debe alcanzar a todos ellos pues el binomio transparencia y democracia debe estar presente, obligando conductas, en toda organización sindical, por pequeña que sea su representatividad en su ámbito de actuación, porque también está recibiendo fondos públicos y está obligada a dar cuenta sobre su correcta utilización.
En cuanto a su regulación, en la legislación española, el Comité de Empresa está regulado en los artículos 62 y 63 del Estatuto de los Trabajadores, como uno de los tres órganos colegiados representativos de los trabajadores a efectos de relaciones laborales. Para concurrir a las elecciones sindicales en España es necesario hacerlo en representación de un sindicato legalmente constituido, o avalado como independiente, por un porcentaje de firmas de entre el total de trabajadores de la empresa o centro de trabajo. En este último caso, la eficacia de la elección se agota en el ámbito para el que esos representantes hayan sido elegidos, es decir, no serán tenidos en cuenta a la hora de determinar su carácter representativo.
En el mundo occidental no cabe dudar del papel que jugaron las organizaciones sindicales en los siglos XIX y XX, como defensoras, en un primer momento,  de la vida de los trabajadores e inmediatamente después como definidoras y defensoras de los derechos de los trabajadores. En España, los sindicatos, surgidos en el año 1830 han constituido un elemento fundamental de modernización, unas veces a través del enfrentamiento y otras mediante la negociación, contribuyendo a la construcción de un sistema en el que la garantía de un creciente bienestar para la clase obrera y la movilidad entre clases terminaron siendo una realidad.
Ya en el siglo XX, -y sin entrar a analizar el papel político que cumplieron durante la Guerra Civil – durante la dictadura franquista, se plasmó la concepción falangista de que en las relaciones laborales no había ni clases ni grupos enfrentados, sino que todos, patronos y trabajadores tenían un mismo fin que les iguala. De ahí los denominados Sindicatos Verticales. Una organización en la que se agrupaban escalonadamente trabajadores y empresarios de una misma rama de producción. Aunque formalmente este tipo de organización estaba definido como forma de solventar las tensiones entre productores y dueños de la producción, de hecho fueron un simple instrumento de dominio y subyugación de los trabajadores quienes se encontraban totalmente indefensos al ocupar la parte baja de esa “verticalidad”. Es más, los jueces estaban para refrendar las decisiones de la patronal y las fuerzas de orden público para coaccionar a todo aquel que fuese más allá de lo concedido benévolamente por el Estado/Patronal.
Cuando llegó la democracia a mediados de los años 70 y tras las primeras elecciones sindicales se puso de manifiesto la existencia de dos centrales sindicales casi hegemónicas: UGT y CCOO. Esa condición las legitimó como principales interlocutores y así les fue reconocido por los responsables políticos, necesitados de una contraparte social que validase unos acuerdos que eran imprescindibles para alcanzar la necesaria paz social que permitiese el avance de la democracia en España. Por esta razón se les reconoció un importante peso político  e importantes ventajas económicas.
A partir de ese momento estas dos organizaciones sindicales y de clase obtuvieron una serie de beneficios económicos como:
a) Devolución del patrimonio sindical incautado por Franco tras la guerra civil
b) Asignación de subvenciones fijas con cargo a los Presupuestos Generales de Estado.
c) Participación en los programas de formación de los trabajadores
d) Regulación de la actividad sindical con la determinación de las horas que cada delegado electo puede dedicar a sus funciones sindicales. En las administraciones públicas esas horas pueden ser cedidas por los delegados electos a fin de que haya personas dedicadas a tiempo completo a las tareas sindicales.
e)Participación en los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorros y de los entes públicos con el cobro de sus correspondientes retribuciones.
f)Concesión de subvenciones por parte de las Comunidades Autónomas para programas.
Transcurridos más de treinta años desde el inicio de la democracia en nuestro país comprobamos cómo es, más que necesaria, una revisión de sus modelos organizativos y sobre la transparencia de la gestión de las subvenciones públicas que perciben. No decimos esto porque sea una moda hablar de transparencia sino desde el convencimiento de que toda organización, institución o persona que perciba dinero público debe ser un cristal impoluto a través del cual la ciudadanía pueda conocer el destino dedicado a ese dinero, puesto que es el de todos.
La creciente brecha entre los dirigentes sindicales y la sociedad es paralela con la que percibimos con los políticos y esto es negativo para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras ya que desconfían de las organizaciones que tienen que velar por el mantenimiento y mejora de sus derechos laborales.
Algunas de las propuestas, en aras a la recuperación del prestigio social perdido, deberían obligar a que:
.- Sus cuentas fueran públicas, al margen de la subvención establecida en los Presupuestos Generales del Estado, y que fueran auditadas externamente cada año, haciéndose públicos los resultados. Tanto esas cantidades como las percibidas por su participación en órganos consultivos o por formación deberían ser estrictamente justificadas. De igual forma deben ser auditadas por el Tribunal de Cuentas
.- Se rinda por el dinero destinado a formación de los trabajadores y trabajadoras, que es la cantidad que a cada uno de nosotros se nos detrae de nuestra nómina para ello, y  la formación realizada sea sometida a evaluación.
.- La presencia sindical en los Consejos de Administración solo lo será en el caso de que esta sea necesaria y fundamental , siempre y cuando, su papel sea el de garante del cumplimiento estricto de la legalidad vigente en las materias que atañen a dichos consejos.
.- Se determine con claridad el número de “liberados” sindicales en cada una de las ramas de los sectores productivos. Esto no debe producir ningún temor o recelo. En el sector público vienen determinados, desde la Mesa general de la Función Pública a las mesas sectoriales  establecidas en el EBEP, pero en el resto de sectores este número es más incuantificable. Claridad y transparencia: tantos liberados sindicales para el número de representados. 
La mayor parte de la financiación de las organizaciones sindicales procede del cobro de sus cuotas, ¿podrian mantenerse con las cuotas  de su afiliación o mediante la asignación directa, voluntaria y libre, que los trabajadores hiciesen a través de la declaración de la renta?. Si fuera posible el mantenimiento de las mismas únicamente con esos ingresos se habría dado un paso importantísimo en cuanto a su independencia del poder político

Del mismo modo afirmamos que es imprescindible un cambio radical en la organización interna de los sindicatos: que en los procesos electorales todos sus miembros puedan ser candidatos con el único requisito de que así lo hayan manifestado o, cuando menos, que todas las listas sean abiertas; elección universal y directa de los secretarios  generales, obligación de dedicar un espacio amplio en las publicaciones para el pensamiento discrepante dentro de la organización; participación en la toma de decisiones previa consulta a la afiliación…En estos momentos el funcionamiento interno sigue respondiendo a un modelo rígido propio de tiempos pasados donde las diferentes “familias” o “sensibilidades” tienen su cuota de poder e impiden la regeneración interna del sindicato evidenciándose ante cualquier observador las actuaciones realizadas para controlar los procesos electivos en función del fin que la dirección quiere conseguir.
Y tú ¿que opinas? 

UNA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA, UN NUEVO MODELO DE PARTIDOS, PARA UNA SOCIEDAD DIFERENTE.

En la Constitución de 1978 se estableció en nuestro país, después de 40 años de dictadura, un sistema político en el que los partidos se situaban como el eje fundamental sobre el cual giraba todo el sistema.

El articulo 6 de nuestra Constitución establece que “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.


La falta de cultura política y la bisoñez de nuestra sociedad, en términos de funcionamiento democrático, hizo necesario otorgar a los partidos un papel, no sólo como catalizador de la voluntad ciudadana expresada en las urnas, sino también otorgándoles un cierto tutelaje sobre una sociedad inexperta que inciaba un proceso de transformación marcado pr grandes tensiones sociales, económicas y políticas.
Han pasado 35 años desde entonces, la sociedad ha evolucionado a todos los niveles, en poco se parece la España de hoy a quel país en blaco y negro de los años 70. Pero sin embargo el sistema político que tenemos, el funcionamiento interno de los partidos y el propio modelo de democracia repesentativa se mantiene prácticamente inalterables dsde hace más de tres décadas.
Esta disfunción está en la génesis de la actual situación de alejamiento y desafección de la ciudadanía respecto a los partidos y respecto al propio sistema político. Si pretendemos resolver esta situación sin abordar el origen del problema fracasaremos. Por ello se hace más necesario que nunca plantear una profunda transformación del funcionamiento y de la organización interna de los partidos, sólo de esta manera conseguiremos que los ciudadanos vuelvan a considerarlos “instrumentos fundamentales para la participación política”.
Por ello, defendemos junto con otras medidas una regulación legal y real del funcionamiento de los partidos políticos en España que siente de manera definitiva las bases de un sistema de partidos profundamente democrático en su funcionamiento interno y por ende en su relación con los ciudadanos. Lo defendemos porque creemos que la única manera de que quienes representan a la ciudadanía no sean visualizados como extraños, ajenos y alejados de la realidad cotidiana de los ciudadanos a los que representan. Deben estar tan pegados a la realidad que ningún problema de ninguna persona les resulte ajeno, que tienen la responsabilidad de acertar, que es vital evitar los intereses ajenos al interés general y que la transparencia y la rendición de cuentas debe ser la regla y no la excepción.
Es prioritario también para nuestra sociedad dar sentido a la militancia política y hacerla atractiva porque durante demasiado tiempo desde los partidos y con una importante aquiescencia social se ha trabajado con un sistema más propio del despotismo ilustrado que de uan sociedad verdaderamente democrártica, moderna y avanzada, tanto en la gestión de la “cosa pública” como en la vida interna de los partidos; todo por el pueblo pero sin el pueblo, todo por los militantes pero sin los militantes.
Si los ciudadanos sufren los problemas, en ellos tiene que estar la solución y en cualquier caso tienen que participar en la misma y no sólo a través de quienes les representan en las Instituciones. Esta realidad se puede trasladar también a los militantes y simpatizantes de los Partidos. Si empezamos por cambiar el modelo de participación y de toma de decisiones dentro de las propias organizaciones políticas, seremos capaces de impulsar también una verdadera transformación democrática en nuestra sociedad, reconstruyendo un vínculo esencial entre electores y elegidos, entre votantes y represententes, lo cual constituye sin duda la principal fuente de legitimidad de cualquier sistema polítco y que hoy en nuestro país se encuentra en una situación crítica.
La solución a la crisis socioeconómica y política que estamos viviendo no es por tanto menos democracia sino más y mejor democracia, mejor y más profunda. Con más y mejor política y con más y mejor democracia saldremos antes de esta crisis y saldremos mejor y además podremos evitar con mayor eficacia y eficiencia crisis posteriores del estilo de la actual. 
En el ámbito interno, todos los Partidos Políticos deberían contar por Ley con procedimientos verdaderamente democráticos de toma de decisiones, en los que tuvieran la oportunidad de participar todos y cada uno de sus militantes en el caso de la elección de sus direcciones políticas en los diferentes ámbitos y también de sus simpatizantes para la elección de sus candidaturas a las elecciones. 
Por tanto, ninguna formación política debería poder presentarse a unas elecciones sin ser absolutamente democrática en su ámbito interno y ello implica que tanto las personas que las lideran como los proyectos que representan y desde luego sus candidatos y sus programa electorales deben haber sido elegidos y decididos directamente por el conjunto de sus miembros y no solo a través de un sistema indirecto de delegados, que a su vez eligen a otros delegados, y que tampoco rinden cuenta a los primeros de las decisiones que finalmente han llevado a cabo en los procesos internos correspondientes. 
Hace unos años parecía interesante, positivo y oportuno pasar de una democracia representativa a una democracia participativa en nuestro país, pero la bonanza económica lejos de traer más sentido común en este aspecto, provocó una relajación del control democrático en todos los ámbitos: políticos, institucionales, económicos, sociales, financieros, etc
Sin duda tenemos una enorme tarea por delante que tiene también que ver con mejorar el grado de interés por la “res pública” en unos tiempos en el que tiene un papel preponderante la atención hacia cuestiones personales de cada cual, toda vez que los postulados más individualistas del neoconservadurismo de los últimos años ha llegado a su culmen a nivel mundial. 
La fórma de implicar a las personas en la toma de decisiones no es otra que hacerla partícipe de las mismas. El PSOE, que ya fue ejemplo en su momento con la instauración de las conocidas y finalmente poco practicadas primarias (salvo en casos muy excepcionales), tiene la obligación política y cívica de liderar de nuevo estos mecanismos de participación democrática, no ciñendose únicamente a la elección de su candidato/a a la Presidencia del Gobierno de la Nación, sino también para el resto de candidatos en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y por descontado para la elección de sus órganos internos.
Por ello, hoy es absolutamente imprescindible impulsar ese cambio, empezando por las organizaciones políticas y configurando un nuevo Contrato Social en el que verdaderamente sean los ciudadanos y ciudadanas su eje central.Porque nos estamos jugando nada más y nada menos que nuestro futuro como Sociedad. 
Laura Oliva y Guillermo Magadán

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La democratización interna de los partidos

A lo largo de las últimas décadas se ha hablado mucho de la democracia interna de los partidos sin que su debate haya pasado a primer plano, pero es en este momento, inmersos en una crisis política europea supeditada a otra económica de similares dimensiones, cuando decidimos replantear todo lo conocido, pues todo lo conocido ha cambiado profundamente. Es legítimo y necesario, pues la necesidad de actuar de urgencia, impele a reflexionar rápida y decididamente antes de que la crisis social impida que sean los propios partidos, herederos de la democracia, quienes planteen soluciones, o cuando menos propuestas, que recojan la sensibilidad de la mayoría. Para ello se ha de pasar un filtro difícil de eludir por la exigente ciudadanía: la credibilidad. No puede demandarse a estamentos, entidades, organizaciones e individuos que asuman unos compromisos de madurez democrática si los partidos no son capaces de hacerlo. Es el principio básico de lo que podemos denominar un nuevo contrato con la ciudadanía que ha de permitir la justificación de los actos que se realicen ante quienes son los firmantes de ese contrato.


De los estudios publicados y procesos observados en nuestro entorno y en los más lejanos, analizados con distancia estadística, esta situación no parecería que pudiera ser grave, pues la reflexión en algunos países democráticos recientes es de décadas en procesos tranquilos de debate sobre el asunto y, todo sea dicho, con importantes avances. Pero también en el seno de Europa se están moviendo posiciones hasta hace poco rígidas que destierran la parte teórica efectuada hasta el momento, tal y como estamos observando en países como Francia o Italia, siempre viendo como lejanos, incluso extraños, los procedimientos de actuación de los países nórdicos. En España también se pueden analizar algunos estudios detallados, como los de la Fundación Alternativas, que nos dicen que la ciudadanía no estaba hace unos años, y en líneas generales, descontenta con el funcionamiento de los partidos y su dinámica interna, con cuestiones relevantes que, aunque se debatían, no se consideraban apremiantes y por tanto existía una democracia interna en los partidos razonablemente adecuada, con sistemas que eran aparentemente óptimos por causas diversas que van desde la resistencia al cambio hasta la conveniencia de unos resultados que fueron buenos electoralmente a lo largo de décadas y que conforman estructuras rígidas y altamente pesadas en sus movimientos, imposibilitando la voluntad de sus miembros que desean que no sea así y sin que exista correspondencia con los intereses de la sociedad. A ello se refieren los extensos reglamentos que recogen los derechos y deberes de los militantes y las garantías jurídicas que se ofrecen, por ejemplo, como “la regulación de la posición jurídica de los miembros con base en la igualdad de derechos” o la “previsión clara de la articulación territorial y de organización del partido, de las facultades y responsabilidades de sus órganos y de las condiciones para acceder a sus cargos”, ambos, elementos de petición de mejora constante a lo largo del tiempo, pero enmarcados en otra época, en otras circunstancias.

Sin embargo, tal y como hemos señalado, el tiempo actual nada tiene que ver con el de hace una década, ni tan siquiera un lustro, y por tanto todo se han demostrado claramente insuficientes. Los casos de corrupción que ocupan repetidamente las portadas de los diarios, los acontecimientos, las demandas sociales y el desencuentro de los partidos con los ciudadanos por sus propios incumplimientos electorales, hacen que de forma más clara podamos hablar de déficits democráticos que urge atajar, más que de de una ausencia de democracia de la mayoría de partidos. 

A estos déficits son a los que me voy a referir para no hacer de este documento algo innecesariamente extenso, además de ser los elementos comunes a las demandas y análisis efectuados desde diferentes ámbitos en la sociedad española. Si se palían, si se consiguen corregir, podremos decir que el avance habrá sido significativo.

La categorización puede ser cambiada, pero en base a ella, encontramos dos elementos que me parecen esenciales, demandas recurrentes que abarcan a órganos e individuos en los tres ámbitos siguientes, que son transversales y por tanto con atención prioritaria en el momento de detallar mecanismos y procedimientos: la atención a las minorías en procesos y órganos, especialmente las mujeres, y la innovación tecnológica que ha de estar presente en todo momento como elemento de gestión de conocimiento indisoluble a cualquier aspecto que pretendamos corregir. 

Por otro lado no hemos de olvidar que entre los fines que se pretenden, que antes apenas se consideraban pero sin los cuales todo lo demás pierde sentido, está la apertura a la sociedad mediante la disolución progresiva de las fronteras que separan la militancia de los partidos con aquella, dando participación continua a los movimientos sociales y ciudadanos que quieran colaborar y recibir correspondencia. 

Así pues los déficits de democracia interna en los partidos políticos que son precisos mejorar son:

De transparencia en:

– En la elección de candidatos y representantes, ( a nivel nacional, autonómico y local de más de 20000 habitantes) así como en sus mecanismos. Se necesita transparencia en la selección de candidatos y listas. Si bien existen fórmulas diversas, se ha demostrado como un procedimiento a seguir el de las elecciones primarias abiertas a la ciudadanía mediante voto de militantes y ciudadanos según un compromiso escrito. Incluso en algunos partidos se ha experimentado con éxito esta fórmula también para la elección de las listas. La continua demanda de listas abiertas hace que en su estudio, como mínimo, se haya de considerar listas abiertas en procedimientos mixtos. Si bien el proceso ha de detallarse para garantizar el éxito en participación y garantías ( nosotros propondremos pronto uno) es indudable que se trata de un proceso que permite hacer visibles equipos, propuestas, debates y la conformación y confrontación de liderazgos que la sociedad recibe de primera mano provocando dinámicas intra y extra partidos que envuelven e involucran a grandes bloques ciudadanos, lo que de por sí constituye un fin en sí mismo. Conviene reiterar el hecho de que la presencia de minorías de forma general, y de la mujer en particular, es deseable por cuanto el compromiso ( en el PD de Italia, las listas en primarias abiertas eran de cremallera en cuanto a género) hacia los partidos que suponen la edición pública de estas listas permite un ejercicio ejemplar para el citado contrato ciudadano.

– En la financiación. Es imprescindible eliminar cualquier rastro de posible corrupción en la financiación de los partidos, sea legal o no. Un país corrupto, que lo es a través de sus partidos, es directamente proporcional a la desafección del ciudadano hacia ellos. Este aspecto es de tal entidad que por sí solo constituye un estudio aparte, sin embargo básicamente hay que atender a la publicación periódica y actualizada, en internet, de cada ingreso tanto a nivel colectivo como individual, de los gastos y de la distribución de éstos. Los militantes y ciudadanos han de conocer no solo la limpieza del proceso interno económico sino del peso que se le da a cada una de las partidas a las que se destina el dinero y bienes.

– Mediante la rendición de cuentas periódicas: no referido al ámbito económico, sino a la gestión de cada uno de sus cargos orgánicos en base a criterios por determinar por las propias agrupaciones de base, entre cuyas funciones ha de prevalecer ésta. Esta rendición de cuentas no ha de ser únicamente al terminar un mandato, sino que se han de establecer mecanismos que permitan, de forma clara y ordenada, su difusión incluso externamente al partido a partir de ciertos niveles, lo que facilitará, con mayor criterio, la elección de candidatos.

– En la decisión de grandes temas de interés. Existen asuntos de temas de interés nacional o autonómico transcendentes que no pueden decidirse de manera exclusiva por la dirección del momento en partidos que cada vez son más plurales, donde las tendencias son diversas y las opiniones a menudo contrapuestas. Por tanto es necesario que de manera pública se efectúen debates que ayuden a tomar decisiones y que pueden efectuarse tanto de manera presencial como virtual por medio de plataformas de comunicación digital de manera sencilla para consultas reflexivas, dinámicas y rápidas. Este tipo de debates, si se hacen visibles de manera continuada, potencian un cambio de cultura arraigado que divulga que un partido político en sus debates se desangra y es castigado por los votantes.

– En los compromisos con su programa electoral: los partidos se presentan siempre ante la ciudadanía a través de su programa electoral y observan que, más tarde o más temprano, incumplen ese programa que le ligaba a sus votantes de manera en ocasiones recurrente sin que haya una correspondencia a su frustración. Por tanto han de existir mecanismos internos que evalúen de forma periódica el cambio de planteamientos para que, los militantes primero y los ciudadanos después, respalden o reprendan las actuaciones tomadas y permitan la corrección de las mismas si se demanda, evitando que esa forma de proceder continúe a los largo de meses o años.

– En las alianzas y figuras próximas. A menudo, de forma sobrevenida o prevista, se producen alianzas que contradicen el propio ideario del partido, los valores del mismo o el propio contrato con la ciudadanía o sus militantes. Es preciso que los vínculos o compromisos hacia otros partidos, con un margen de flexibilidad claro y decidido, así como con figuras próximas como los movimientos ciudadanos, queden definidos de antemano, explicados a la militancia y debatidos si es necesario en un escenario de tomas de decisiones importantes.

De participación en : (innovación, mecanismos de comunicación, votación y debate mediante internet):

– Elección de cargos orgánicos y representantes: no puede ya obviarse la demanda de las bases sobre una participación directa en la elección de cargos internos del partido, tanto para secretario general a nivel autonómico, autonómico, local y muchos de sus órganos internos. Esta elección ha de ser mediante elección directa por los militantes por la fórmula de 1 militante 1 voto. De esta forma se reduce el control, a menudo excesivo, de los aparatos del partido sobre la selección de dirigentes que impiden la renovación de las élites y que, en todo caso, ha de regirse bajo principios recogidos vía estatutaria de mérito, capacidad y valores éticos. 

– La toma de decisiones: para la mayoría de decisiones que, incluso a nivel local, se han de producir se necesita de la participación de los militantes que desean ser consultados. Han de sentir que su poder en el partido es real, que participan de los éxitos y fracasos del partido. Para ello se han de proveer mecanismos de consulta a las bases, mediante procesos innovadores presenciales y virtuales que asuman esa consulta como vinculante y dar peso a la militancia, dotándolas de poder.

– La pluralidad interna, en el fomento de debates internos : es necesario el reconocimiento explícito de múltiples corrientes de opinión en el seno de un partido, como debería ser lo habitual. Todo ello redunda en una pluralidad que ha de favorecerse, pues es naturaleza de la dinámica interna de los partidos, no ocultarse. Se han de crear los mecanismos necesarios para que se produzcan los debates internos y sean percibidos por la sociedad como algo normalizado que enriquece la vida del partido y fortalece la ideología del partido. De acuerdo con el mandato constitucional los partidos han de expresar el pluralismo, por tanto no hay más remedio que regular ese pluralismo en el plano interno, y eso exige no solo el reconocimiento de estas corrientes de opinión, sino de unas reglas de juego presididas por la equidad y la libertad de expresión asegurando un debate profundo, avanzado, entre opciones plurales dentro del marco establecido.

De seguridad en:

– Órganos de control ( garantías ) para los procesos de elecciones: en especial en lo que afecta a los avales de los candidatos que han de ser públicos, en el porcentaje de acceso y en los procesos que han de regirlos. Todo ha de estar muy concretamente especificado en los reglamentos. Estos órganos han de ser, en la medida de lo posible plurales ( que respeten todas las sensibilidades) y externos.

– Acceso a cargos: mecanismos que conduzcan a procesos con garantías para que desde la igualdad se pueda optar a cualquier puesto siempre bajo los principios de mérito capacidad y valores éticos.

– Afiliaciones y expulsiones: los mecanismos de afiliaciones suelen ser opacos y sujetos a alguna contrapartida que, aunque pudiera ser ética, ha ser transparente y vinculada a los procesos de mecanismos internos poco aprovechados, como los órganos sectoriales, en directo contacto con los ciudadanos, para favorecer su implicación de acuerdo a principios regulados. En el momento en que se habla de difuminar las fronteras del partido con la ciudadanía, la afiliación ha de sufrir un proceso de transformación que invite a convenir con el ciudadano un compromiso que vaya más allá del carnet de afiliación que ha sido, demostrado en muchas ocasiones, ficticio, interesado o inútil. Las expulsiones, de forma paralela, no pueden ser gratuitas o sujetas a una normativa que diga de forma genérica que daña la imagen del partido o va contra los intereses del mismo cuando lo decide una oligarquía, cuando oculta una legítima discrepancia, por lo que ha ser regulada por órganos externos o mixtos que tengan en cuenta las circunstancias y el contexto.
Emilio Martínez Hernández


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