SECTORES REGULADOS, TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN

Los sectores regulados en España nacen al principio de la década de los noventa como resultado de los programas de liberalización de mercados que marcaban la política económica liberal en el panorama internacional. Es seguro que la política del gobierno Aznar se inspiró en el ejemplo inglés donde, las reformas pioneras llevadas a cabo en el Reino Unido desde los años 80 por el gobierno Thatcher, significaron un cambio radical en la organización de estos sectores, en cuanto a que las decisiones que se tomaron en aras a una mayor eficiencia económica consistieron en medidas de desintegración vertical, liberalización y privatización. Además, la aprobación de las directivas europeas (EC, 1997,1998) sobre la aplicación de reglas comunes para la creación del mercado interior de la energía supuso un impulso adicional en la misma dirección.

Los sectores susceptibles de regulación son sectores que tradicionalmente habían permanecido apartados de la disciplina de mercado, en los que las empresas eran propiedad del Estado, o bien estaban sometidas a una intensa regulación por parte de las autoridades públicas. La naturaleza de estas industrias es la producción de bienes y servicios básicos esenciales, pero además comparten todas, una característica principal, se requiere una red para su suministro. Tal es el caso de las telecomunicaciones, el gas, el agua o la electricidad. Y es por tanto, lo que determinaba básicamente que se consideraran y se trataran como un monopolio natural en todas las fases del proceso productivo.

Con el nuevo enfoque liberalizador, las diferentes actividades que componen el suministro, ya no son vistas como un único sector con características de monopolio natural, sino como un conjunto de actividades complementarias, algunas de las cuales conservarían la característica de monopolio natural. Y el proceso de reestructuración entonces, se basa en la desintegración de la configuración tradicional de la industria mediante la identificación y separación de las actividades susceptibles de funcionar en régimen de competencia, de las actividades que debido a sus características de monopolio natural, deben continuar sometidas a la autoridad reguladora.

Estas actividades sometidas a regulación son las que dan lugar al desarrollo de instituciones reguladoras que por un lado, gobiernen los segmentos caracterizados por monopolio natural y, por otro, promuevan y aseguren el correcto funcionamiento del mercado en los segmentos competitivos. Pero todo esto, que en la teoría y el discurso político puede ser muy bonito y fácil de entender, es muy complejo de implementar y de estructurar en el caso de los sectores regulados, ya que a los problemas de competencia comunes a cualquier liberalización de mercado les debemos sumar los de regulación. Los problemas de regulación se centran en la necesaria regulación de precios y en las propias instituciones reguladoras, ya que el objetivo principal y tradicional de la regulación es la prevención del poder del monopolio de las compañías, evitando abusos y discriminaciones entre los consumidores.

Los problemas de la competencia en sectores regulados surge a finales de los 90, ya que confluye por una parte la exclusión por Ley de la legislación de defensa de la competencia para este tipo de sectores y, además, la progresiva consideración del mercado único europeo y en general, el imparable proceso de globalización, hace que aparecieran diariamente continuas operaciones de concentración, alianzas y fusiones que afectaban a grandes empresas eléctricas, petroleras, de transporte y telecomunicación, tanto en España como fuera de España. Todas debían pasar el escrutinio de las Autoridades de la Competencia (a veces, más de una, en Europa y Estados Unidos) en medio de una total incertidumbre económica y legislativa como la española. Este escenario, favoreció una absoluta discrecionalidad, por no decir arbitrismo, con que los gobiernos autorizaron, vetaron o condicionaron las operaciones de concentración, impropia de un Estado de Derecho y más basada en beneficios partidistas, cortoplacistas y de “lobbies” de presión, que en argumentos técnicos y de interés público.

Como consecuencia de estas operaciones la tipología de los sectores regulados es muy similar. Podríamos definir cada uno de ellos como un mercado de tipo oligopolio, constituido por un número muy pequeño de empresas que dominan la actividad. Esta estructura paradójicamente es de lo que se quería huir. Curiosamente pasamos de un monopolio del estado a unos pocos monopolios en manos privadas y que como hemos visto en la actualidad internacional en estos años, sucumben fácilmente a una mala práctica, castigada con grandes multas, concertar los precios como un “cartel”.

Finalmente, a modo de ejemplo y debido a la trascendencia económica y social que supone en estos últimos años, vamos a adentrarnos un poco más en detalle en el mercado eléctrico español.

El Mercado Eléctrico Español podríamos considerarlo como un oligopolio, en el sentido de que se reparte entre cinco grandes empresas eléctricas, las cuales generan el 80% de la producción total y el 90% de la venta o comercialización españolas. Estas empresas son: Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, EDP-Energías de Portugal y E.ON

La primera fase de la liberalización del sector eléctrico comienza en la primera legislatura del gobierno de Aznar (Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico), en la que se separan las actividades reguladas (transporte y distribución) de las no reguladas (producción y comercialización), por lo que las empresas se ven obligadas a separar contable y jurídicamente esas actividades. El Gobierno presidido por Aznar y apoyado oficialmente por Piqué, Nemesio Fernández Cuesta y Luca de Tena, decide entonces “indemnizar” con 1,3 billones de PTA a las empresas eléctricas existentes en ese momento en base a lo que se definió como CTC (Costes de Transición a la Competencia) ya que se pasaba de un sistema regulado totalmente a otro liberalizado. Desgraciadamente, no se concretó ninguna prescripción para el gasto de esa desorbitada cantidad, por lo que fundamentalmente las empresas lo gastaron en fusiones, adquisiciones y diversificación, aprovechando el escenario económico y legislativo que se ha mencionado anteriormente y no lo hicieron en ser más competitivos en el sector eléctrico.

Al mismo tiempo, este gobierno desarrolla la Ley Eléctrica, determinando que es el mismo gobierno el encargado de aprobar las tarifas eléctricas en cada período marcado. Anualmente hasta 2007 y trimestralmente desde 2007. En el año 2000 los responsables gubernamentales aprobaban unas tarifas que no incluían todos los costes que las compañías eléctricas aseguraban tener, reconociendo ya legalmente ese déficit de tarifa, con lo que ya estamos asistiendo al origen del “Déficit Tarifario” de Piqué, que arrastramos desde entonces y que actualmente es superior a 27.000 Millones de Euros. Se trataría de una especie de deuda aplazada de los consumidores con las empresas eléctricas. El objetivo de este déficit era mantener bajos los precios de la electricidad y evitar efectos negativos en la inflación, la competitividad, así como desgaste político.

La explicación dada en su día por Josep Piqué, Ministro de Industria en esa época, sobre el porqué de esta medida es que la situación económica del país era mala y con ella y otras medidas se trataba de aliviar la situación de los consumidores (empresas y familias). Sobre dicha medida añade que tenía carácter temporal. El problema ha sido que, hasta ahora, los
sucesivos gobiernos han mantenido esta decisión y el déficit de tarifa ha aumentado. Cuando se incurre en déficit, el sistema eléctrico asume esta deuda que, una vez reconocida a las compañías eléctricas, habrá que pagar a lo largo de los años siguientes mediante un aumento del precio de la electricidad.

El quid de la cuestión es que el déficit tarifario no es un déficit económico, sino regulatorio; ya que se define como la diferencia entre los ingresos que las empresas perciben por los pagos de los consumidores (que fija la Administración y que pagan por sus suministros regulados y competitivos) y los costes que la regulación les reconoce por suministrar electricidad (costes de adquisición de la energía para las tarifas integrales, de transportar, distribuir, subvencionar determinadas energías que según el Ordenamiento Jurídico están incluidos en las tarifas, etc.). Y la verdad es que los costes reales que tienen las empresas son inferiores a los costes que la regulación les reconoce. De hecho, el coste real de la producción de electricidad es desconocido porque las empresas productoras se niegan a someterse a auditorías públicas de costes, así como el dudoso y engañoso sistema en el mercado horario de subasta (pool), pagándose el kWh de equilibrio al precio marginal, que es el precio más alto de la casación.

En definitiva, los gobiernos que desde el año 2000 han aprobado estas tarifas eléctricas han tenido en cuenta los costes esperados, pero también los “costes deseados” (desde el punto de vista del regulador) de suministrar electricidad para ese periodo. La divergencia entre los costes reales esperados y los costes “deseados” por el regulador se debe, fundamentalmente, al coste político del supuesto impacto inflacionista de las tarifas eléctricas y a su efecto sobre la competitividad de algunos sectores de producción con consumo intensivo de energía. El miedo de las sucesivas administraciones a estos efectos derivados de un aumento de las tarifas eléctricas ha hecho que los distintos Gobiernos hayan preferido incluir en el proceso de cálculo de las tarifas el “coste deseado” de suministro en vez del “coste esperado”.
El hecho real es que en España pagamos por la electricidad uno de los precios más altos de Europa, según lo declara la misma Comisión Nacional de Energía en el Informe sobre el sector energético español, del 7 de marzo de 2012,
“…
Con respecto al nivel de competitividad del sistema, en España los precios finales, especialmente de electricidad, que tienen un impacto directo en la competitividad industrial, se situaron en 2011 en el rango elevado de la Unión Europea. Por su parte, los precios finales para los consumidores doméstico-residenciales, especialmente de electricidad, registran puestos entre los más elevados del ranking europeo…

María Teresa González Aguado 

MEDIDAS INELUDIBLES PARA LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA.

Han hecho falta años de comportamientos poco éticos y poco estéticos por parte de unos, con la connivencia de otros, el desconocimiento de muchos y la ceguera interesada de los que podrían haberlo evitado, para llegar a la situación de desconfianza en los políticos y en la política que marcan, mes tras mes,  los distintos sondeos de opinión ya que seamos una sociedad con una grave enfermedad democrática. 
Para poner remedio a todos los obstáculos que impiden que el pueblo soberano se sienta realmente representado por instituciones y partidos, es preciso formular una alternativa creíble, una alternativa que, permitiéndonos luchar contra la crisis con un reparto real y justo de los sacrificios, garantice la regeneración ética de la política.
Esa alternativa debe pasar ineludiblemente por medidas políticas de aplicación inmediata y reformas legislativas contundentes.
Son muchos los artículos y muchas las tesis respecto a lo que debiera hacerse y como debiera hacerse y surgen casi a diario plataformas de distinto signo con aportaciones, todas ellas interesantes, que no terminan de cuajar en un discurso común.
Con ánimo de síntesis de todo lo leído hasta ahora, planteamos a continuación ese decálogo inexcusable para la regeneración que cualquier demócrata progresista debiera defender 
1.- Arbitrar mecanismos que vigilen los compromisos electorales.
Para que no pueda pasar que los compromisos con la ciudadanía se conviertan en papel mojado el día siguiente a las elecciones y las excusas y apelaciones a la “ ineludible necesidad” sean revisadas y aceptadas, o no, por los electores. Este punto pasa necesariamente por profundizar en nuestra democracia representativa para convertirla en:
2.- Democracia participativa, consultiva y deliberativa. 
A modo ejemplificativo, que no exhaustivo, podemos citar un mayor desarrollo de las Iniciativas Legislativas Populares, creación de un Comité de seguimiento electoral o la figura del referéndum revocatorio que diera paso a la convocatoria de nuevas elecciones, en el caso de que la ciudadanía entendiera que el incumplimiento es merecedor de tal sanción.
3.- Estatuto del cargo público.
Con eliminación de privilegios, regulación transparente y razonable de sueldos y dietas, reforzamiento de las medidas de incompatibilidad del cargo público con el ejercicio de actividades económicas en el sector privado y control de “puertas giratorias” en ambos sentidos considerando la imprescindible regulación de los conflictos de intereses que surgen de las actividades privadas desarrolladas antes de acceder a un determinado cargo. 
4.-Investigación a fondo de los escándalos financieros y depuración de las responsabilidades.
De Bancos y Cajas de Ahorro, de evasión de capitales, de delitos fiscales, de compra-venta de voluntades, así como de la financiación irregular de los partidos políticos, con adecuada atención a los corruptos y también a los corruptores.
5.- Reformar las leyes de funcionamiento y financiación de los partidos.
Asegurando que el funcionamiento sea plenamente democrático, con transparencia en la elección de aquellos llamados a ser nuestros representantes, con rendición de cuentas no solo financieras sino también de comportamientos y funciones de los cargos públicos con democracia en los procedimientos de toma de decisiones.
En el ámbito de la financiación impidiendo las donaciones, que deben prohibirse, así como reducir el plazo de rendición de su contabilidad que deberá ser publica y realizarse íntegramente ante un Tribunal de Cuentas también reformado para que quede plenamente garantizada su función de control.
6.-Transparencia y buen gobierno.
Forzar la ejemplaridad en el comportamiento de los responsables políticos pasa ineludiblemente porque estos den cuenta de sus actos y de en que gastan el dinero de todos, de forma fácil. Todo debe ser accesible a la información pública, lo que no puede contarse no debe hacerse.
7.- Selección en base a los principios de mérito y capacidad.
Miembros del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General del Estado, el Director General de RTVE y los Organismos Reguladores, los miembros españoles del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo, de tal manera que se valore el curriculum de los candidatos y su adecuación para el puesto y no sea como hasta ahora un premio a los más leales.
8.- Creación de un Observatorio contra la corrupción.
Que coordine las estrategias de prevención en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria y cuantos órganos tengan capacidad de realizar medidas de inspección y control en relación con las informaciones de corrupción.
9.- Garantizar la restitución al erario público.
De las cantidades ilegítimamente percibidas o desviadas como consecuencia de la corrupción, así como para hacer frente a cualquier tipo de responsabilidad por daños a la Administración o al dominio público.
Por último
10.-Fiscalización efectiva y seguimiento detallado.
Del cumplimiento de los anteriores puntos tanto por las instancias judiciales como por los organismos y observatorios democráticos e independientes, instaurando cambios para reforzar su independencia 
Deben incluirse además medidas de protección de las personas que denuncien casos de corrupción. 
Todo lo anterior es importante, pero no debemos olvidar el esfuerzo que debe hacer la ciudadanía por interesarse e intervenir en la cosa pública, de lo contrario, de seguir desentendiéndonos como si no fuese con nosotros,  nada servirá para nada.


Foro Ético


Esta propuesta ha sido  firmada y asumida por Bases 20.20

Proponemos reinventar el Comité de Ética y Garantías en los Partidos para luchar contra la corrupción.

Es un clamor, en la calle, en los medios y en las redes; la ciudadanía exige medidas inmediatas para poder creer en la voluntad de los partidos, en especial de los mayoritarios, de acabar con la corrupción, tanto en el seno de las instituciones como la que pudiera organizarse desde el interior de los mismos. 

Más allá de las reformas pendientes en el Congreso para el control, prevención y castigo de los corruptos, que afectan nada menos que a 13 leyes ( desde la ley de financiación de partidos, la de indultos, contratos públicos, Código Penal hasta la ley del Tribunal de Cuentas, entre otras ) y que se están haciendo de rogar demasiado, el PSOE podría asumir una posición de vanguardia y adoptar decisiones ejemplares e innovadoras. Es lo que debe hacerse, en una situación crítica, para avanzar en la regeneración democrática.

Es el caso del llamado Comité de Ética y Garantías que tiene que reformular sus funciones para pasar a desempeñar una labor decisiva en la dignificación del ejercicio de la política, la vigencia de los principios éticos, el respeto a la democracia interna y el control de los abusos de poder, la lucha interna contra los comportamientos inmorales y los casos de corrupción protagonizados por cargos socialistas. Se resume en un doble papel: velar por el respeto a los principios y actuar como investigador inmediato en “asuntos internos”.

Sus componentes han de ser hombres y mujeres socialistas intachables (algun@s profesionales del Derecho), independientes de las direcciones del PSOE, con capacidad para hacer su labor y hasta para investigar casos internos con anticipación, sería lo deseable, a la intervención judicial.

Con esta filosofía nos gustaría poner el acento en las siguientes nuevas funciones : 


– velar por la defensa de los principios y valores del Socialismo, 

– promover la integridad y la honestidad de los cargos públicos socialistas y hacer seguimiento de la aplicación de un Código de conductas y del Pacto Ético contra la corrupción.

– actuar en los casos de corrupción y comportamientos inmorales de cargos socialistas, desarrollando la investigación de “asuntos internos” en caso de denuncias ciudadanas, de la direccion local del PSOE, de militantes o de imputaciones judiciales para proponer medidas cautelares a la Comisión Ejecutiva Federal o dictaminar sobre responsabilidades de carácter político,

– gestionar -en su caso- la rehabilitacion de la honorabilidad y la reposicion en sus anteriores puestos de quienes habiendo sido apartados preventivamente sean finalmente declarados inocentes, 

– control y evaluación anual del nivel de cumplimiento de los programas y compromisos electorales,
– actuar como un observatorio de la calidad de la democracia interna emitiendo un diagnóstico anual,
– supervisar y garantizar el respeto a los procedimientos aprobados para el desarrollo de una primarias profundamente democráticas y, por tanto, con igualdad de oportunidades
– y actuar como última instancia en los casos de expedientes disciplinarios dentro de la organización. 


Desde Foro Ético estamos convencidos de que no sería difícil poner esto en marcha. Bastaría la voluntad política y un golpe de audacia para superar lo que han venido haciendo estos comités en algunos partidos: ser el brazo ejecutor de la dirección sobre los “indisciplinados y críticos”. Desde luego es el momento para que los Comités de Ética y Garantía de los partidos ejerzan otras misiones y contribuyan a la regeneración democrática de la vida política.


Odón Elorza
Foro Ético 

Peticiones y reflexiones de militantes y simpatizantes socialistas dirigidas al Comité Federal del PSOE.

Resumen de nuestras aportaciones al debate de las y los socialistas ante la situación límite de la ética democrática en el ejercicio de la política en España:

  1. Rechazamos nuevos Pactos bilaterales con Rajoy.
  2. Pedimos al PSOE que Impulse la regeneración democrática pendiente como tarea urgente.
  3. Consideramos que la Conferencia política debe servir para escuchar a la sociedad y debatir con libertad un proyecto alternativo.
  4. Debemos garantizar la dimensión democrática de las Primarias en el PSOE.
  5. Proponemos crear una Comisión de Ética y Garantías.
  6. El Comité Federal ha de ser un órgano plural promotor de debates.
 
1- Rechazamos nuevos Pactos bilaterales con Rajoy.
Podemos entender acuerdos puntuales con el Gobierno de Rajoy o el PP, siempre mejor en sede Parlamentaria que en La Moncloa, en aspectos como la defensa de una política común ante Bruselas y la exigencia ante la Comisión Europea de decisiones urgentes para combatir el desempleo.
Pero sería un error que se produjeran nuevos pactos bilaterales con la derecha porque provocarían mayor confusión ciudadana y el sentimiento en la calle de que con ello estamos legitimando las políticas de ajustes y recortes de servicios públicos y derechos que realiza el PP o los procesos de involución para la democracia española. Hemos de demostrar que hay otra forma de hacer las cosas y que es posible una política alternativa frente a la crisis para reforzar la idea de que el PSOE no es igual que el PP.
La trayectoria del Partido Popular es tan regresiva e indignante que rechazamos cualquier tentación posibilista de pactar con el PP las medidas para la regeneración democrática de la vida política, las instituciones y los órganos reguladores, así como la recuperación del prestigio de las personas que están en política. Además, los escándalos que se están conociendo en los últimos años hacen imposible, desde una perspectiva ética y de transparencia democrática, los pactos con el PP.
2- El PSOE debe impulsar la regeneración democrática pendiente como tarea urgente.
Constatamos, en medio del hastío e indignación ciudadana por los casos Bárcenas, Gürtel, EREs y tantos otros, que el proceso de regeneración y de lucha decidida contra la corrupción, en cumplimiento de las resoluciones aprobadas por el propio Congreso de los Diputados, no avanza. Y estamos convencidos de que el Gobierno de Rajoy no tiene interés en actuar ni lo considera una prioridad y que por el contrario, quieren continuar con su estrategia de involución social y democrática frente a la imperiosa necesidad de revitalizar la democracia, acabar con la corrupción y abrir nuevos cauces a la participación ciudadana.
Frente a esa realidad la respuesta de la dirección del PSOE no podría ser la defensa de un pacto bilateral de corto alcance con Rajoy y el Partido Popular. Cometeríamos un grave error ante la ciudadanía si tomamos esa vía.
Por contra, el Partido Socialista ha de convertirse en garante del combate contra la impunidad y defensor de la exigencia y delimitación de responsabilidades políticas. Y a la vista de la negativa de Rajoy a comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre su implicación en el caso Bárcenas, por dignidad de la democracia y en defensa de la función de control parlamentaria, el PSOE ha de presentar una Moción de Censura.
La situación general de la democracia exige que las direcciones del PSOE y del Grupo Parlamentario Socialista se doten de una “Agenda propia por la Regeneración” que impulse medidas y las reformas legislativas pendientes. Y que tomen la iniciativa en el Parlamento y en la calle, planteando públicamente nuestras propuestas relacionadas con las 13 leyes (desde la ley de financiación de partidos, la de indultos, contratos públicos, Código Penal hasta la ley del Tribunal de Cuentas, entre otras) que han de ser objeto de reformas para hacer más efectiva la prevención, control y sanciones de todos los casos de corrupción.
Sin olvidar que también los altos órganos reguladores ( Tribunal de Cuentas, Comisión Nacional del Mercado de Valores, CGPJ, Tribunal Constitucional, Banco de España, etc. ) deben actuar con más agilidad y con un sistema de elección consensuada de sus miembros en el que primen la profesionalidad, el prestigio y la independencia. Siempre con el objetivo primordial de garantizar el control del ejecutivo y la efectiva división de poderes.

 

En este sentido, el PSOE debe ser especialmente riguroso ante el proceso de renovación del CGPJ y la elección de miembros de la Comisión de Competencia, tanto en la presentación de candidaturas como en el procedimiento de examen en el Parlamento.
3- La Conferencia política debe servir para escuchar a la sociedad y debatir con libertad un proyecto alternativo.
La próxima Conferencia Política ha de dar presencia y voz en su desarrollo a movimientos sociales que expresen los problemas más graves de la sociedad española en un ejercicio democrático elemental de escuchar y reflexionar sobre sus reivindicaciones. Todo ello nos servirá para acertar en la formulación de nuestra alternativa política y económica de cara a avanzar en la salida de la crisis. Porque la Conferencia no puede convertirse en un encuentro cerrado sólo para socialistas y desconectado de la realidad social. Si así lo hiciéramos, no serviría para recuperar credibilidad ciudadana.
La Conferencia tiene que formar parte de un cuidadoso proceso de participación de las bases, ha de ser ejemplo de transparencia y organizarse de manera que acoja la pluralidad de opiniones existentes dentro del PSOE, sin exclusiones y con generosidad. Buscamos la mayor legitimidad para unas conclusiones cuyo alcance y aplicación real deben ser aclaradas con antelación al no tratarse de un Congreso Socialista.
4- Es necesario garantizar la dimensión democrática de las Primarias en el PSOE.
Las Primarias son una de las medidas para democratizar el funcionamiento de los partidos y han de convertirse en parte de un proceso democrático innovador en España, una apuesta decidida del PSOE para impulsar un debate en profundidad para elegir líderes éticos con proyectos, raíces ciudadanas y trayectoria personal coherente con el ideario socialista.
 
Han de servir para la elección de los más destacados cargos públicos (en primarias abiertas) y orgánicos. Su regulación ha de ser aprobada en la Conferencia con determinación clara de los procedimientos a seguir en ambos casos para garantizar de todo punto la democracia interna, el debate abierto sobre los proyectos y modelos que identifiquen a las y los candidatos, la reducción de avales al 3%, la entrega a las candidaturas del censo electoral de afiliación y simpatizantes, la concurrencia plural de opciones y la ética de los nuevos liderazgos públicos.
Consideramos que las Primarias para la elección de candidato o candidata por el Partido Socialista a la Presidencia del Gobierno deben desarrollarse antes de las elecciones europeas con el objetivo de revitalizar el PSOE lo antes posible y recuperar credibilidad.
 
En relación con la convocatoria de las próximas Elecciones Europeas, y para evitar contradicciones, debiera aprobarse un procedimiento que permita a las bases participar en la selección y ordenación de los y las Socialistas que integren la lista.
5- Hay que crear una Comisión de Ética y Garantías.
Es un clamor, en la calle, en los medios y en las redes; la ciudadanía exige medidas inmediatas para poder creer en la voluntad de los partidos, en especial de los mayoritarios, de acometer la regeneración política y acabar con la corrupción, tanto en el seno de las instituciones como la que tiene lugar desde el interior de los partidos.
El PSOE tiene que asumir una posición de vanguardia y adoptar en el próximo Comité Federal decisiones ejemplares e innovadoras. Es el caso del llamado Comité de Ética y Garantías que tiene que reinventar su papel para pasar a desempeñar una labor decisiva en la dignificación del ejercicio de la política.
Sus componentes han de ser hombres y mujeres socialistas intachables (en algunos casos profesionales del Derecho), independientes de las direcciones del PSOE, con capacidad para hacer su labor y hasta para investigar casos internos con anticipación, sería lo deseable, a la intervención judicial.
6- El papel integrador del Comité Federal como órgano plural para el debate.
En unos momentos trascendentales para la historia del  socialismo, nos dirigimos al Comité Federal, máximo órgano del PSOE, para pedirle que juegue un papel integrador de las diferentes corrientes y estados de opinión existentes, que aborde los debates con valentía y plena libertad de expresión y que trate de dar respuesta a los retos urgentes del Partido Socialista en su próxima reunión con acuerdos y compromisos claros.
Si estás de acuerdo con esta declaración, envíanos tu firma (que será recogida a continuación de la fecha) a través del formulario que figura a la derecha de esta entrada.
 
11 de Julio de 2013
 
ASUMEN ESTA DECLARACIÓN: 

FORO ÉTICO
COMPROMISO SOCIALISTA DE LEÓN
VOCES TRANSVERSALES DE GRAN CANARIA
JOSE JULIO GOSALVEZ CARBONELL
JOSE LUIS GIL ABANADES
JUAN JESÚS MARTIN CHAMOSO
ALEGRIA ALONSO
FRANCISCO ESPEJO HEREDIA
JULIO CENSO GONZALEZ
LUIS REQUENA LOPEZ
BEATRIZ TALEGÓN 
JOAQUIN GOMEZ GOMEZ
OTILIA ARMIÑANA VILLEGAS
BEATRIZ SESTAYO DOCE
ISABEL FERNANDEZ TORRES
JULIO GONZALEZ GARCIA
ANGEL MARTINEZ MARTINEZ
MANUEL RAMOS NAVARRO
ROSARIO ALONSO IBAÑEZ
DAVID SUAREZ MANZANERO
DAVID PEÑALVER TALAVERA
FERMÍN APARICIO SAEZ
RAFAEL ALARCÓN CORBACHO
JOSERRA PLAZA
PEDRO SAIZ
MARIA ESTRELLA DOMINGUEZ OTERO
ELIAS PRELLEZO ALVAREZ
FRANCISCO ESPEJO HEREDIA
JULIO CESAR TEJEDOR BIELSA
OSCAR RODRIGUEZ VAZ
JULIO SANTIAGO CORRAL
ESPERANZA ARRIAGA PIÑEIRO
MIGUEL GUTIERREZ GARITANO
NUÑO JIMENEZ WALTER
JUAN ANTONIO SANCHEZ RUIZ
JOSE LUIS DIAZ LOPEZ
SARAH ALONSO FRAU
FRANCISCO JOSE BERNAL MARTINEZ
MANUEL SALGADO ORTIZ
DIEGO RUIZ RUIZ
RAMÓN  MIRANDA MARTÍN
ANGELES SERRANO OSUNA
EMILIO MARTINEZ HERNANDEZ
ANGELES MORENO DA SILVA
CARME SANTAMARÍA BLASCO
INMACULADA SANCHEZ VELASCO
ALVARO VIU SANZ
ALBERTO BORGOÑÓN
OSCAR CANAL
ALBERTO GEJO
JUAN RAMÓN DURÁN
CHARO CARNERO GONZALEZ
ALFONSO MUÑOZ CUENCA
XANTI PABLO
ENRIQUE MARTIN
LUIS DEL CASTILLO VERGARA
JOSÉ LUIS TALEGÓN SANZ
ENRIQUE DEL OLMO
ITZIAR LACALLE SUKUNZA
JOSÉ MIGUEL RODRIGUEZ
HELENA GONZALEZ
FERNANDO PLAZA RUIZ
JOSÉ SANCHEZ MARTINEZ
AGUSTÍN MILLÁN
BARTOMEU PICOMELL YANES
JOSEP BERNALES SASTRE
KATIA ALCOVER PONS
ANGEL PORTA ALVAREZ
JUAN JOSE MARTÍN ARAHAL
PEDRO JULIAN NAVARRO
FRANCISCO PINILLA
JESUS PRIETO SANTOS
CURRA RIPOLLÉS
ENRIQUE GUTIERREZ FRAILE
SILVIA CARRIÓN CALLEJA
MARIA DOLORES AMORÓS
ANTONI BENITO NOU
ODON ELORZA GONZÁLEZ
JOSÉ EMILIO SANCHEZ
LUIS LEÓN
ANA CHECA
GABRIEL BACETE DIAZ
JAVIER PUYUELO
PILAR FERNÁNDEZ TOMÉ 
JOSE MIGUEL GONZALEZ HERNANDEZ
SALVADOR DIAZ
ALEJANDRO RUBIAL ABELLA
MANUEL QUINTANA GIL
IVAN ROMERO
RUBEN FRANCISCO PAZ MARTINEZ 
JAVIER BAÑARES CARO
MONICA MELLE
DAMIAN ZAMORANO
CARMEN SANZ
SANTIAGO FERRER Y COSTA
HERMAN NOVOTNY RINCON
JESÚS SANCHEZ JUAN
JUAN FCO RAMOS BERMUDEZ
KIKE DIAZ PUELLES
ROSARIO PUJALTE MARTINEZ
ANTONIO PEREZ MUÑOZ
JOSÉ MIGUEL MATEOS PEREZ
CONCHA ARRIBAS LLORENTE
VICTOR GOMEZ FRIAS
JOSÉ BORRUE
RAFAEL JOSENGE ROUCO
RAMON MIRANDA
ANTONIO JOSÉ RIVAS
MERCE PERELLO
SONIA PALACIO SUAREZ
JUSTO GONZALEZ SERNA
ALFONSO RAMIREZ JIMENEZ
MARISA BOU
FLORA SANZ
CRUZ LEAL
VICTORIA PRADES
PABLO REIG CRUAÑES
CARMEN MORAIRA
LUIS GARCIA TRAPIELLO
JOSE LUIS URIZ IGLESIAS
AUGUSTO RODRIGUEZ
LAURA OLIVA
JUAN ANTONIO SANCHEZ RUIZ
LUIS DELGADO
YOLANDA MESQUIDA
ANTONIO MARIA CASARRES ORDIALES
MARIA FELISA DIEZ DE LA ROSA
RAFA GIL FUENTES
MIGUEL ORS MONTENEGRO
JOSE MIGUEL ABARRATEGUI
MARIA MARCOS
JOSE FCO QUESADA ROMERO
ANTONIO GONZALEZ LOSCERTALES
PEPE REIG CRUAÑES
ANGELA ESCRIBANO MARTINEZ
IRENE QUINTERO ANGEL
LUISA MARÍA BEGUE
ANA DE SANDE
JORGE JIMENEZ SAAVEDRA
MANUEL ORTIZ
CESAREO ORTEGA
CARME OLIVER
MARIA FERNANDA CASTAÑON
BIBIANA VICENTE MANRESA
DIEGO CARRETERO
ANTONIO SANCHEZ PEREZ
ROMAN LLORENTE MARTINEZ
MIGUEL SANCHEZ
CARMEN TASCÓN FDEZ TASCON
RAFAEL GUIRAO ALCARAZ
ISABEL CABETAS HERNANDEZ
ANDRÉS GARCÍA ELBAL
JESUS DEL CURA REVILLA
ROBERTO GONZALEZ BOZA
JUAN CARLOS SANCHEZ LÓPEZ
IGNACIO TRILLO HUERTAS
PABLO MATILLA YÁÑEZ
CHARO LOPEZ
ROSA MARÍA SANCHEZ
ANTONIO RUIZ MORALES
JUANA PEREZ RAFFO
ANGEL RODRIGUEZ GARCÍA
JUAN ANTONIO JIMENEZ MADERERO
JOSE MARÍA ODRIOZOLA ZAYO
JESUS HUETE ESTEBAN
MANUEL VALENCIA
GASPAR MARTÍN
MARÍA JOSE DIEGO
JOSE ANTONIO ABAD HUETE
CAYETANO MAS
MANUEL BEJARANO BARRERÁ
CARMEN RODRIGUEZ GARCÍA
PABLO NUÑEZ
MANUEL BAHAMONDE ALONSO
JULIA PEREZ
CRISTINA DIAZ PINIES
SANDRA LÓPEZ CANTERO
EMI HERNANDEZ
CARLES SANCHEZ
JORGE ROBERTO MARTINEZ PEÑARANDA
OLIVERIO IGLESIAS URIA
MARIJE AMIEVA
CESAR SERRANO
AZUCENA PUEYO GRACIA
ANTONIO FLORES MARQUEZ
ANGELA MARÍA GOMEZ VALDES
JUAN MARÑÍA HERNANDEZ PEREZ
DOLORES MURCIA AROCA
NURIA GONZALEZ LORES
FRANCISCO DE LA ROSA MARTINEZ
NUÑO JIMENEZ WALTER
JUAN LUIS LEÓN AZORÍN
Mª JOSE TORMO
ANTONIO VALENCIA
MAR SANZ
CARMINA MONCADA TOSCANO
MANUEL RAMOS
MARIA LUISA VILLANUEVA
ESPERANZA BUESO
YVES FRANQUELO ROBLES
GENOVEVA TENT
CRISTINA LOPEZ MUÑOZ
DAVID TEJÓN SANCHO
JAIME CENALMOR
JM TOLEDO
JOSE LUIS OVEJAS ARELLANO
MANUEL GARCIA ALGARRA
JOSE MANUEL GARCÍA VAZQUEZ
ROBERTO OSCAR DIEZ ALVAREZ
AMALIA ROSA REQUENA SANTIAGO
Mª JOSE FERNANDEZ
MONTSERRAT LARA
IGNACIO PAREDERO ALVAREZ
LUCAS PALLARÉS
RAFAEL VARELA
JOSE NOTARIO 
JOSE MANUEL GARCÍA VAZQUEZ
MALENA ESTEVE
JUAN PEDRO ESTEBAN
ANTONIO JOSÉ BARQUERO VECINO
DAVID COLOMAR
FUENSANTA PEREZ
LORENA SERRANO
MERCEDES RAMIREZ RUIZ
JOAQUÍN SANCHEZ MARTINEZ
GREGORIO CARRASCO IRIARTE

MARIA RODRIQUEZ PEREZ
ALBERTO BON MIRON
JOAN FERRER RIPOLL
JUAN ANTONIO CABRERO SAMANIEGO
CARMEN MOLINA HERNANDEZ
FERNANDO SANTAMARIA PAVÓN
MARÍA ESTHER FERNANDEZ
JULIO FERNANDEZ
MANUEL PAREDES ARJONA
SONIA CARRASCO
LUIS GONGORA
ESTRELLA DOMINGUEZ
CARLOS BERÁSTEGUI AFONSO
JOSÉ ROMERO AFONSOI
CARME LOPEZ SAMANIEGO
ANA SOTO GONZALEZ 
MARIA JOSE CAMARILLO
MARÍA JESUS DE LA BELLA HERNANDEZ
PELAYO COBOS HERNANDEZ
FERNANDO FONSECA SANTOS
DANIEL PUERTO GARCÍA
RICARDO PEREZ-SOLERO PUIG
ROSA Mª ARQUÉS TRIGUEROS
CARMEN ANDONAEGUI
ROCIO CERVERA CRESPO
JOSE RAMÓN MATEOS MARTÍN
JOSE MARÍA CRUZ
ALBERTO FERNANDEZ
MARISA ALVAREZ DURANTE
SERGIO SANZO
CONSUELO GUERRERO
FRANCISCO BARRERA
Mª TERESA GONZALEZ
NURIA SORIANO
ANTONIO PEREZ MUÑOZ
JOSÉ NAVARRETE TUDELA
ROBERTO MONTES
RAUL CORTÉS



 
 
 

POR UNA URGENTE REVOLUCIÓN ÉTICA

Introducción

Son cada vez más las voces que se oyen reclamando una renovación ética de la vida política, entendiendo por esta el conjunto de  acciones realizadas por personas concretas con la finalidad de incidir en la regulación de las relaciones entre las personas pertenecientes a una misma sociedad que se ha dado un Estado del que forman parte y, también, de incidir en las relaciones entre los distintos Estados del mundo. Una intervención ordenada dentro de una asociación de quienes voluntariamente han aceptado hacer converger sus voluntadas en orden a determinar normas  a las que han de sujetarse los ciudadanos, hombres y mujeres, e instrumentos con los que realizar el contenido de esas normas.

Es cierto que esas referencias a la renovación ética casi siempre se realizan pensando en las organizaciones políticas, esos conjuntos de personas que tienen como fin específico alcanzar el gobierno de la Nación para desde él redactar las normas de acuerdo con su concepción del mundo, de la sociedad y de los individuos que la componen. Pero no es menos cierto que la revolución ética que algunos reivindicamos, o lo hacemos con mayor contundencia, que exigimos, está dirigida a todo tipo de organización inscrita en  un estado democrático. Y decimos “estado democrático” porque solo en su seno es posible hablar de requisitos éticos. Las dictaduras o teocracias (un “o” que debe entenderse como inclusivo) están huérfanas de ética,  es un conocimiento incompatible con ellas.

A pesar de ese incremento de movimientos, de asociaciones, de voces reclamándola a uno no deja de sorprenderle que cada vez que alguien diserta sobre la materia no deja de hacerlo limitándose a expresar un conjunto de conceptos universales. Casi siempre, por no afirmar que siempre, se trata de discursos de la Razón Conceptual cuando, por tratarse de la Ética, esos discursos deberían serlo de la Razón Práctica. Tenemos a los primeros como vacíos y utilizables en cualquier momento y por cualquier sujeto, incluso por aquellos que carecen de un comportamiento ético, es decir, les es ajeno un comportamiento sujeto a normas universales que lo son porque si obligan a los demás es porque obligan antes a uno mismo; si los otros las cumplen, antes es uno quien las ha cumplido.

Dicho de la política se ha de construir un pensamiento en el que se funden los enunciados normativos que regulen el hacer de las personas que hayan decidido asociarse para intervenir en la acción de gobierno o en cualquier otro tipo de acción convertida en institucional por cuanto procede precisamente de un grupo organizado y reconocido por las leyes de un Estado.

La organización y sus dos elementos constitutivos: el aparato administrativo y el aparato político (1)

El aparato administrativo

Toda organización tiene en su ser dos elementos perfectamente diferenciados que la constituyen y que no deben ni confundirse ni entrelazarse: una estructura organizativa con la gente  encargada de su funcionamiento y un conjunto de personas que cumplen con la función propia de la organización, en el caso que nos ocupa, hacer política. Ha sido habitual, y sigue siéndolo aunque en menor medida,  que esos dos elementos se hayan confundido o, cuando menos, que el primero haya sido utilizado por quienes formaban el segundo para beneficio propio, o dicho de otra manera, para asegurar en él su continuidad ilimitada en el tiempo.

Son dos áreas de actuación que nada tienen que ver entre sí, por mucho que se quiera desmentir este aserto. La organizativa es una función técnica a desempeñar por profesionales de mayor o menor cualificación en función de los servicios para los que sean requeridos. Pero han de ser eso, profesionales ajenos a los intereses partidistas de grupos o grupúsculos que puedan existir en el seno de las organización. Se trata, así pues, de personas contratadas con la misma finalidad y las mismas condiciones que se pueden exigir en una empresa privada o en un departamento público. La permanencia en su puesto de trabajo solo deberá depender de las condiciones objetivas nacidas de la necesidad del servicio o, en su defecto, de las causas objetivas que pudieran motivar un despido. Han de formar parte de la estructura organizativa independientemente de quién sea el dirigente de turno. A pesar de los cambios en el aparato político. deberán seguir realizando su trabajo con la profesionalidad que les debe ser propia.

Se ha oído en más de una ocasión que ese trabajo ha de estar en manos de personas de confianza. De ser cierta esa afirmación, se estaría afirmando que la actividad de la organización tiene recovecos o habitaciones oscuras a las que nunca deberá llegar la luz del conocimiento, o dicho de otro modo, se estaría afirmando que en la organización hay miembros del aparato político que están realizando alguna actividad o delictiva o inmoral, únicas actividades que quienes las realizan procuran que permanezcan en la zona oculta a la que nadie ha de tener acceso.

No, en esas organizaciones políticas o sociales no pueden haber zonas oscuras y ocultas. Sus trabajadores, las personas encargadas de su funcionamiento, están obligadas a guardar confidencialidad pero no más allá de la legalidad o de la eticidad, como en cualquier empresa privada o cualquier departamento público. Por eso, ha de entenderse que quien defienda la adscripción de unas personas determinadas a esos puestos de gestión en función del “grado de confianza” que calibrarían esos dirigentes, está defendiendo, aunque lo niegue, que parte o toda su actividad en la organización o no es legal o no es ética, pues de lo contrario buscaría la transparencia absoluta de su hacer.

La izquierda ha pasado durante un largo periodo de su existencia por una mala escuela: el estalinismo que no deja de ser un trasunto del fascismo. Por el bien que se decía perseguir, los dirigentes adoptaron actitudes que en nada se distinguían de la de aquellos a los que se decía combatir. Fueron momentos en los que el aparato administrativo de las organizaciones estaban al servicio, no de la organización y de sus fines, sino de las personas que en cada momento decidían qué hacer. Pues bien, de aquella escuela han permanecido en el tiempo ciertos tics como son sustituir el conocimiento por el autoritarismo y usar la organización en beneficio del dirigente con el fin de perpetuarse en su posición dentro de la organización.

Ha de entenderse, respetarse y cumplirse que la parte administrativa y la gente que la forma no pueden ni deben ser condicionados en su tarea profesional. La exigencia a la que deben estar sometidos no es otra que la propia derivada de la profesionalidad del puesto de trabajo para el que hayan sido contratados. Pero también hay que afirmar que en ningún caso se ha de dar el supuesto en el que personas del aparato administrativo puedan pasar a formar parte del aparato político. La existencia de esa mera posibilidad tenderá a pervertir la actividad de las personas encargas de las funciones administrativas en función de si lo que realizan es eficaz para alcanzar alguno de los puestos de dirección en la organización con lo que se estaría vulnerando el principio ético que obliga a hacer aquello a lo que uno está obligado a hacer por su puesto. Es un principio ético que cada elemento de la organización realice su función independiente y sin que desde una ella se altera la naturaleza de la otra. Cada persona debe hacer lo que ha de hacer, es decir, el contenido predeterminado de ese hacer.


El aparato político.

No hay nada escrito sobre cómo se constituye este colectivo. Cada organización tiene sus caminos para que las personas lleguen a formar parte del aparato político, pero en todos ellos se ha consagrado en los últimos tiempos la intriga como vehículo y la insidia como instrumento. Y todo ello porque los aparatos han devenido en espacios muy apetecibles no solo por el reflejo mediático que por formar parte de ellos proyecta de su persona en la sociedad sino, sobre todo, por ser un nicho de empleo muy bien remunerado y de no excesiva exigencia evaluada. Mientras la gran mayoría de afiliados al partido lo son por la mera voluntad de cooperar en la realización de un ideal, aparecen individuos que parecen reducir todo su esfuerzo y dedicación a aunar voluntades con el fin de llegar al poder del partido.

Es en tiempos de persecución de las libertades y de terror en los que se pone de manifiesto la virtud ética que caracteriza la conducta de cuantos se integran en organizaciones políticas, de aquellas personas que se comprometen con una causa o un fin: la generosidad. No están lejos los años en los que las personas que en España se comprometían con una causa política lo único que podían esperar, exceptuada la de alcanzar el fin por el que luchaban, era la cárcel. No había otra compensación a sus esfuerzos y al tiempo de sus vidas dedicado a ello. Eran gentes que daban, sin esperar nada a cambio para ellas. Entregaban sin recibir. Lo que se alcanzaba o era para el colectivo o no se alcanzaba nada.

Lo cierto es que casi desde los primeros años de la transición fueron muchas las personas, jóvenes, que vieron en la política un espacio deseado para una fácil realización personal ajena, o al menos indiferente,  a los fines para los que se entendía entraba a formar parte de un partido político, un sindicato o una organización social. Las estructuras de los aparatos políticos de esas organizaciones estaban constituidas por numerosos nichos en los que se remuneraba con alegría a quienes los ocupaban. Ocuparlos no era ya una consecuencia nacida del compromiso sino del deseo egoísta.

La percepción que comenzó a formarse de esas organizaciones fue la de un laberinto de pasiones por el que se movían unas personas que querían ocuparlos cuando los nichos no eran  suficientes para atender tanto deseo desenfrenado. Eran y son muchas las personas que se afilian a un partido por encontrar en ellos el instrumento que puede hacer efectiva su concepción de la sociedad o, por lo menos, que procurará intentarlo. Es una asociación de sujetos altruistas por un bien común. Pero también es cierto que entre ellas siempre hay un grupo reducido cuyo fin primero es ser algo en la organización, por ser y por obtener una sustanciosa remuneración. Desde el momento en el que se tomó conciencia de que quien llegase a formar parte de los aparatos de las organizaciones tenía mayores posibilidades de ocupar alguno de esos nichos bien remunerados, desde ese mismo momento la gente que conforma esos grupos minoritarios no dedicó su esfuerzo a desarrollar un pensamiento que acertase con las acciones que deberían conducir al fin último de la organización, sino que casi todo ese esfuerzo, por no decir que todo él, se agotaba en buscar alianzas internas, diseñar estrategias para encontrar los apoyos necesarios y malbaratar el tiempo en dimes y diretes con el fin de desgastar al definido como contrario y contrincante en esa carrera por ocupar el nicho correspondiente.

Llama poderosamente la atención el caso de aquellas personas más preparadas, con una vida rica fuera de la organización e incluso con un reconocimiento social que se han ido separando poco a poco de los puestos de responsabilidad dentro de los partidos. Han ido abandonando esos puestos para permanecer en el mayor de los anonimatos en la organización, cuando no la han abandonado. Se cumple así, una vez más, la máxima económica ya conocida en la Edad Media de que la moneda falsa termina expulsando del mercado la moneda verdadera. Las direcciones de las organizaciones (¿todas?, cada una deberá motivarlo de sí misma) tienden a prescindir de quienes saben y por eso, porque saben, exponen su pensamiento crítico. Esa actitud molesta. Sin embargo, esas direcciones mantienen a su lado a aquellas personas que sumisas callan o repiten palabra por palabra lo que ellas afirman. Es curioso observar cómo cuando uno habla de estos asuntos con gente de distintas organizaciones, hasta ahora, lo predica de la suya y reitera un pensamiento que podría resumirse en una declaración que, en cierto momento, se oyó al dirigente de una federación sindical: “Entre quienes trabajan pero piensan y manifiestan lo pensado y quienes simplemente se limitan a votar a mi favor en la ejecutiva, me quedo con estos últimos. “Brazos de madera” , dicen, pero no inquietan[2]”.

Estos comportamientos están completamente alejados de una ética de izquierdas, de una reflexión crítica en la que se sustentan valores, de aquellas que buscan el bien de la comunidad y que tienen el bien propio solo si lo es de la comunidad. Están tan alejados que su comportamiento es igual al de quienes están enfrente, esa derecha que tiene el egoísmo como principio de actuación del individuo, lo único que existe y que importa.

Principios éticos o ideas reguladoras de la conducta de quien se compromete en la acción política.

Se entiende que cualquier persona que aspire a un puesto de dirección o de representación ha de tener la capacidad suficiente para generar un pensamiento creativo ordenado a la consecución de los fines propios de la organización a la que pertenece. Si eso es así, y así debe ser,  (si alguien no tuviese esa capacidad se estaría cometiendo un fraude, pues se estaría eligiendo a alguien para hacer algo sin la capacidad para hacerlo), entonces de toda persona candidata deberían ser conocidos sus escritos sobre aquellos asuntos de los que ha de ocuparse en el caso de ser elegido. ¿Qué se ha de esperar de una persona ágrafa? ¿Cómo evaluarla si previamente no se conoce de ella qué piensa sobre aquello que ha de ser gestionada por ella? No es suficiente la palabra hablada, no está mal, pero solo la palabra escrita, esa que objetiva el pensamiento de manera permanente y convierte lo escrito en objeto de análisis por muchos y en cualquier momento. Solo lo escrito objetiva el pensamiento de las personas, la palabra dicha es una realidad fútil que siempre puede ser negada. La máxima medieval ha de ser contradicha con hechos. Solo lo escrito puede ser objeto de contradicción por mucha gente, en muchos sitios y en cualquier momento o tiempo. Por eso, toda persona candidata ha debido ser autora de algunos escritos en los que sus electores puedan conocer aquello que piensa. O dicho de otra forma: no puede ser candidata una persona que no haya escrito nada.

La concepción de que los partidos son nichos de buenos empleos ha de ser contradicha con el hecho de que quien ocupe un puesto en el aparato ha de proceder del mundo del trabajo (estar en activo en él o, coyunturalmente, en paro, pero con una actividad laboral ajena a la organización a la que se pertenece y a la que se puede incorporar en cualquier momento). No deja de ser una perversión de la concepción del hacer político aquella que justifica que una persona comience militando en las secciones juveniles de las organizaciones y a partir de ellas “haga carrera” en el partido. El compromiso político solo nace como tal en un sujeto que teniendo vida social y laboral propia decide dedicar parte de su tiempo o todo su tiempo a la intervención colectiva en la gestión de la vida pública. Es fácil que se dé una confusión entre interés y compromiso en aquellas personas que tienen su vida social y laboral como una realidad unidimensional circunscrita desde siempre a la organización en la que han llegado ocupar alguno de sus nichos. Es más que posible que así sea por cuanto su compromiso es su interés, ya que si se quebrase este por voluntad propia o por voluntad de terceros, entonces también se quebraría su compromiso. Y de esa confusión nace el que, en esos casos, se esté más pendiente de cómo defender el interés que de cómo incidir en la mejora de la gestión de la vida pública. Por eso, toda persona candidata ha de tener un puesto de trabajo fuera de la organización en la que se presenta o por la que se presenta para un cargo electo. O dicho de otra manera, nadie podrá ser candidato si no tiene un puesto laboral externo de referencia.

Cualquier ocupación en atender las necesidades de los ciudadanos, hombres y mujeres, y de regular la relación entre ellos es de tal naturaleza que exige la atención máxima de aquellos que han de dirigir la acción orientada a ello. La responsabilidad no puede ser compartida, pues si pudiese serlo, entonces se estaría poniendo de manifiesto que lo que la constituye no tendría la entidad suficiente para alcanzar tal grado y debería por lo tanto, junto con otras, formar parte de una distinta. A este hecho debería añadirse que esa ocupación se desarrolla en un marco democrático que por definición  busca el reparto del trabajo y de las responsabilidades. Cualquier otra forma de gobierno o de gestión de la cosa pública justifica la acumulación de ocupaciones, que no se realizan, pero que sí se poseen, pues en su posesión está la constatación del poder que uno tiene. Uno ha de ocupar aquello que puede realizar y a lo que está obligado por ocuparlo. Y como se ha dicho, si una ocupación tiene entidad propia exige una dedicación plena. La honestidad en el hacer obliga a ocupar solo aquello que uno realiza. Por eso, toda persona elegida o designada para un puesto de responsabilidad lo será solo para uno recibiendo las retribuciones de ese solo puesto. O dicho de otro modo: Nadie podrá ocupar más de un puesto de responsabilidad, como electo o designado, ni percibir más de un sueldo por ello.

La verdad es el fundamento sobre el que se construye la persona libre. Su ausencia es la que hace real su alineación. Solo cuando ella está presente el individuo tiene posibilidad de elegir, acertando o equivocándose, pero en cualquier caso será una acción predicable solo de él. Lo contrario significa que otro sustituye su voluntad actuando por él o provocando que él actúe de acuerdo con lo que el otro quiere. El desarrollo evolutivo hizo posible que el ser más complejo tuviese como capacidad de su naturaleza aquella que le permite decidir hacer o no hacer, hablar o callar, cazar solo o buscar otras voluntades cooperativas, en definitiva, optar entre dos o más posibilidades. Es de entender que el Hombre honesto busque siempre la acción en la verdad. porque esa acción será libre. Pues bien, en nuestro sistema político el elegido solo sabrá la verdad de su elección si ha recibido el voto directo de todos aquellos que les corresponde por derecho: sujetos inscritos en el censo electoral o afiliados a las organizaciones políticas, sindicales o sociales. Si la elección es convertida en un proceso de selección representativa, se está vulnerando el principio de veracidad y el de libertad, pues la de aquellos que actúan en el primer nivel selectivo se diluye en cuanto corresponde al segundo nivel realizar otras acciones electivas. Y así, hasta el nivel más alto y selecto, por seleccionado. La única posibilidad de que lo que piensa el elector llegue al elegido es que aquel lo elija directamente. Esta reflexión motiva dos ideas reguladoras: a) La elección a cualquier órgano de dirección ha de ser por votación universal y directa y b) Las propuestas para ocupar cargos de representación o dirección han de realizarse a través de listas abiertas en las que sus componentes serán ordenados de forma aleatoria (nunca por orden alfabético)[3].
La relación electores/electo genera en éste la obligación de devolver a aquellos que lo han constituido como cargo electo la explicación del uso que realiza del mandato recibido. Toda persona elegida contrae un débito con aquellas que lo han elegido, débito que como tal está obligado a satisfacer. En los partidos son frecuentes los llamamientos para que un cargo o persona electa explique a los suyos lo que aquel considere oportuno, pero esa explicación realizada mediante la palabra hablada es tan ligera y rápida que ni tan siquiera las personas que han podido o querido asistir pueden retenerlas para revisarlas, entenderlas y, en su caso, expresar un análisis crítico de ellas. Considerando la misma reflexión del punto anterior, si quien ha contraído ese débito tiene como una de sus misiones luchar contra la alineación del Hombre, entonces esa persona viene obligada a facilitar a los afiliados o a los electores los medios suficientes para que puedan conocer la verdad y así puedan, consecuentemente, actuar en libertad ante el cargo o la persona electa. Por eso es obligación de quien ha sido elegido presentar a sus electores a qué dedica su tiempo, cuáles son sus iniciativas para la consecución de los fines para los que fue elegido, qué ha conseguido y qué no, y por qué no. Dicho de otra forma, todo cargo electo está obligado a presentar por escrito el uso que realiza del mandato recibido. Asambleas explicativas, todas, pero solo el escrito podrá dar por cumplida la obligación.

Los partidos políticos son entes cuya actividad es totalmente ajena a la contraprestación mercantil por el servicio que prestan. Por eso, solo pueden tener tres fuentes de financiación: las cuotas que abonan sus afiliados, las cantidades que a través de los presupuestos les asignen los gobiernos de acuerdo con la legislación pertinente que obligue a ello y, por último, aportaciones particulares en forma de donación. En cualquier caso, el dinero que puedan manejar  no tendrá origen en el trabajo propio convertido en mercancía, con valor de mercado, que alguien paga por ella y permite a la organización no solo recuperar el capital invertido sino obtener una plusvalía a repartir entre sus “socios”. En todos los casos, el montante mayor de la financiación corresponde a fondos públicos y de los afiliados, pues bien, siendo así, es obligado que los ciudadanos sepan en todo momento cuál es el uso que se realiza de esos dineros aportados. Por ello, los ciudadanos, como contribuyentes de los que el Estado toma una parte de lo que ellos han aportado a lar arcas públicas para dárselo a esas organizaciones, como los afiliados, que aportan directamente sus dineros (y en ese ciudadanos y contribuyentes siéntanse comprendidos hombres y mujeres) tienen todo el derecho a conocer el salario de quienes lo perciban por tener una responsabilidad en la organización (debe entenderse por salario el total percibido por los conceptos que sean) así como lo gastado en el resto de actividades sufragadas con esa parte del dinero. Por eso, es obligación de los responsables políticos, sindicales o de la organización hacer público todo lo que perciben de su organización y las organizaciones deberán garantizar la trasparencia en la gestión del gasto. O dicho de otro modo, los electores o afiliados deben tener fácil acceso a la información que contengan las fuentes de financiación, en qué se ha gastado el dinero y lo que cobra cada uno de sus miembros mes a mes (la totalidad de lo ingresado en su cuenta por cualquier concepto: salario, dietas, indemnizaciones, ayudas, etc).
Es necesario hacer una última consideración relacionada con las personas que deciden implicarse en un proyecto político en aquello referido al tiempo que han de dedicar a ese proyecto. La decisión de involucrarse nace de la voluntad que en libertad conduce a las personas a aceptar dedicarle su tiempo laboral, nadie es forzado a asumir ocupar puestos de responsabilidad en cualquiera de esas organizaciones y todas las personas saben que esa dedicación es obligada que nazca de un compromiso de servicio al otro, por lo tanto, en este caso, no se está hablando estrictamente de tiempo laboral sino de tiempo de entrega que ha de ir más allá de los parámetros con los que se regulan las jornadas y los esfuerzos laborales en las actividades realizadas por cuanta ajena y que están sujetas a intercambio mercantil. Si fuese considerado como una actividad laboral más, entonces la relación de la persona con la organización estaría presidida por un contrato laboral, lo que no es el caso. Se está hablando, pues, de que la persona con cargo está obligado a una acción continua en función de las demandas a las que da entrada el proyecto político, sindical o social. Por eso, quienes acepten ser cargos electos o de representación vienen obligados a no tener su tiempo laboral medido como jornada sino como entrega, sabiendo que siempre ha de ir más allá de los tiempos marcados para cualquier persona trabajadora por cuenta ajena. O dicho de otro modo: las personas dedicadas a la acción política, sindical o social con cargo tendrán como entrega nacida del compromiso el tiempo de dedicación al proyecto.

 Luis García Trapiello

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(1) Aunque la reflexión está dirigida a los partidos políticos, todo lo que aquí se dice puede predicarse en igual medida de los sindicatos y organizaciones no gubernamentales.

(2) Expulsaron a quienes sabían y exponían su pensamiento crítico y se quedaron con aquellas personas que asumían calladas. Prescindieron de quienes trabajaban y se ensancharon cómodos entre quienes votaban siempre a favor. Juntaron sumisos (sometidos) y “brazos de madera” y con ellos dieron contenido a sus organizaciones. Por eso fueron constituidos como “jefes”.

(3)  Con las listas cerradas el elegido nunca conocerá la verdad de sus electores pues nunca podrá saber cuántos de los votos recibidos por la lista que encabeza o de la que forma parte  fueron emitidos pensando en su capacidad e idoneidad

PSOE. RECUPERAR LA CONFIANZA PERDIDA

Es duro y a veces desmoralizador para los militantes y simpatizantes, si es que nos quedan,  asistir día a día, mes a mes a la continuada publicación de datos negativos sobre la valoración de nuestras políticas, de nuestros lideres…

La sensación es que nos movemos como pollos descabezados, sin rumbo y sin orden, a  impulsos desordenados en función de actuaciones, sucesos, noticias que si bien son mediaticamente relevantes, no necesariamente todas conllevan aparejadas la necesidad de un posicionamiento inmediato de carácter exhaustivo.

Este aluvión de temas nos ha derivado a la celebración de una magna conferencia, prevista para el mes de Noviembre, donde se proponen en amplios tomos, cual enciclopedia Espasa, la solución y el posicionamiento del PSOE ante todos y cada uno de los retos de la socialdemocracia española, europea y mundial para este siglo. Encomiable tarea si no fuese por que los problemas que nos acucian en estos momentos aquí y ahora son mucho mas cercanos, urgentes e identificados. No es el tiempo de filosofar si son galgos a podencos, si monarquía o república, si federalismo o no, si rompemos el Concordato, modificamos la Constitución…los perros están encima y terminaran devorándonos.

Los problemas a los que hay que dar prioridad y que nos están demandando, están perfectamente identificados y concretizados, véanse las diferentes encuestas de opinión incluido el CIS, así como las reivindicaciones y movilizaciones populares masivas y constantes que a diario se producen a lo largo y ancho de nuestro España.

Se nos demandan entre otras, soluciones o posicionamientos y liderazgos inequívocos, públicos, beligerantes, cohesionados, constantes y concretos sobre el paro ( jóvenes, mayores 50 años), la educación (modelo, becas), la sanidad (privatización, medicinas), las pensiones (defensa, estabilidad), los desahucios y la gestión bancaria (derecho a la vivienda, intereses demora, ayudas bancarias, pymes, responsabilidades)  la defensa de las libertades (dependencia, aborto), la corrupción en todos sus ámbitos, la mejora y ampliación de la participación ciudadana (partidos, instituciones, elaboración leyes) y Europa como fuente de problemas y soluciones.

Tampoco debemos olvidar que para defender y hacer creíble estas propuestas es muy urgente la aparición y la promoción de nuevos liderazgos, es tan importante sino más quien lo dice, que lo que dice. La convocatoria mas inmediata es la de las Elecciones Europeas, inmejorable oportunidad para que el PSOE establezca primarias abiertas para nuestros representantes en la candidatura y comprobar así  el alcance, el respaldo y la movilización conseguida, demostrando con hechos incuestionables la autentica voluntad de regeneración democrática.

Estos problemas identificados, no requieren un prolijo desarrollo, ni una gran convocatoria de grandes pensadores, solo requieren una voluntad de solución y unos planteamientos sencillos y cercanos a los problemas concretos que sufren día a día los ciudadanos.
Efectuando así esas propuestas y estableciendo una defensa numantina de las mismas en todos los ámbitos, privados, públicos y judiciales hasta sus ultimas instancias y  consecuencias, estaremos realmente en el camino de recuperar la confianza perdida, si no estaremos como aquel, que  yendo en su coche oye en la radio un aviso, de que hay un conductor que va por la autopista en dirección contraria y alarmado grita  ¡!!como que uno, a cientos!!!           
José Miguel Abarrategui
Comité Nacional de Euskadi PSE-EE.PSOE 

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Ser de izquierdas.

Cuando Nietzsche dijo “Dios ha muerto”, en realidad quiso decir que había nacido el hombre, dueño de su destino, sin ataduras impuestas. A inicios del siglo XXI “Dios” pretende resucitar con otro nombre, ahora se llama Dinero, y es el hombre el que puede morir. Si el dinero termina imponiéndose como el nuevo becerro de oro, simplemente tendremos una sociedad como la que conocieron nuestros antepasados, en la que unos pocos serán muy ricos, muchos serán pobres (espero que al menos subsidiados) y habrá un estrato intermedio al servicio de los primeros, haciéndoles la pelota para poder estar donde están, al que quizás se seguirá llamando clase media.
El dinero sin regular jugó al casino financiero creando la actual crisis económica que, solo en España, ha amargado la vida de millones de personas. Y es ahora en plena crisis cuando el dinero puede chantajear sin escrúpulos, pues sabe que tiene todo el poder. El dinero solo pretende generar mas dinero, está en sus genes esta característica, y ante una España vencida, envejecida, ineficiente, dividida entre facciones políticas irreconciliables y profundamente desorientada, aplica lo que sus genes dictan: hay que obtener más dinero. Eso implica que hay que eliminar los derechos de los trabajadores, cosa sencilla cuando hay mas de 5 millones de parados, carne de cañón para la precariedad y los salarios basura. También implica limitar el estado de bienestar y otros mecanismos de reparto de beneficios que dificultan la acumulación de capital por el nuevo amo del mundo.


Ser de izquierdas es desear una vida digna para todos, y organizarse y luchar por conseguirlo. Como diría Rajoy, ser de izquierdas significa luchar por una sociedad donde cada recién nacido tenga un futuro predecible, “como Dios manda”, independiente de la alcurnia de su cuna, raza, país, inteligencia o minusvalía. Que tenga una infancia feliz, bien alimentado, sano, con una educación de calidad, que ya de adulto tenga acceso a un trabajo digno, a una vivienda, a crear una familia, que pueda disfrutar de la cultura, de un entorno sostenible y humano, protegido ante incontinencias desagradables como la enfermedad y el paro, y una vez jubilado disponga de su tiempo en un mundo amable y de los cuidados que pueda merecer su declive físico. Dependiendo de sus capacidades y esfuerzos unos tendrán más y otros menos, pero nadie tendrá menos de lo necesario para una vida digna. Ese es el modelo de izquierdas, nunca conseguido, pero en el que antes de la crisis se estaba avanzando.

La crisis y el chantaje posterior a la crisis ha dejado a la izquierda profundamente desorientada y dividida, no sabiendo que hacer, y en eso la derecha ha copado prácticamente todo el poder en España. No quiero ser injusto con el votante del PP, que probablemente desea un mundo tan feliz como propugna la izquierda, y que incluso cree que solo se conseguirá gobernando los suyos, pero es evidente que quien tiene el poder, el Dinero, no se anda con tonterías, y sabe que unos les serán más útiles que otros, aunque solo sea para engañar a todos.


Si la izquierda sigue sin saber qué hacer hará lo que se hace es estos casos, actuar a la defensiva, estupenda estrategia para contemplar cómo se pierde una batalla tras otra, un derecho tras otro, con alguna contención puntual al tsunami a base del sobresfuerzo de movilizaciones en la calle. 


Si no queremos ser esclavos del dinero, sino mantener el objetivo de un hombre digno en una sociedad digna, la izquierda solo tiene un camino, y es pasar a la ofensiva, y para ello lo primero que tiene que hacer es aclarar sus ideas. Algunas sugerencias:

-En este mundo globalizado y competitivo no vamos ser prósperos por ser guapos. O cuidamos la economía o nos hundimos. Tenemos que aumentar la productividad a base de innovación y excelencia, o nos veremos obligados a hacerlo al estilo chino, a base de jornadas laborales interminables. Tampoco se debe gastar lo que no se tiene.
-Los servicios públicos tiene que ser necesarios y eficientes, ofreciendo la mejor calidad al menor coste posible. El objetivo de estos servicios es el beneficio de los ciudadanos, no los intereses corporativos de nadie.

-La sociedad tiene que ser culta, informada, madura y responsable, si de verdad se pretende que sea la sociedad y no el dinero el motor del cambio. La educación es el principal arma. Los parásitos sociales, los aprovechados, los derrochadores, y por supuesto los corruptos deben ser reprobados.
-Se requiere un partido de izquierdas con capacidad para hacer oposición y para gobernar. Hablo del PSOE. Este partido, democrático y plural, tiene que ser como la sociedad que pretende representar, y debe de estar donde esta la gente y debe incluir en sus programas los deseos y las necesidades de la gente. Si no sabemos combinar la ideología con la realidad tenemos un problema.

-Todos los militantes de izquierdas deben ser moralmente intachables, ideológicamente bien formados, y técnicamente preparados si tienen que gestionar asuntos públicos, como en su momento diseñó Pablo Iglesias el PSOE.

Damián Zamorano Vázquez. 
Médico

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