Unas europeas incómodas

Apenas quedan cinco meses para las elecciones europeas. Serán los comicios más trascendentes para el futuro económico y social de España de entre los que se celebrarán en los próximos años. Si algo hemos aprendido con la crisis es que para bien o para mal las grandes decisiones sobre nuestro día a día se dictan en Bruselas, no en Madrid o en alguna capital de Comunidad Autónoma. Es además el más decisivo de los escrutinios para elegir buenos representantes en la Eurocámara que se recuerda en décadas, ante el más que previsible auge de antieuropeísmo, populismo y neofascismo, que se da por hecho ganarán peso en el próximo Parlamento. Pero sobre todo, son importantes porque ante un PP desatado con su mayoría absoluta, lanzado a aprovechar la impunidad que considera que tiene para recortar derechos y libertades, la única esperanza que le queda a nuestro país parece ser una fuerte reacción internacional que dé aire, cobertura y esperanza a quienes defienden en la calle lo que les roban desde La Moncloa. Más que un retiro dorado para algunos políticos en decadencia, Bruselas debe convertirse por lo tanto en ágora de debate de primer nivel sobre un más que necesario nuevo modelo cívico y social para Europa. Y más allá de tibias declaraciones, cabría esperar de las instituciones europeas un claro posicionamiento en defensa de las libertades y los derechos de sus ciudadanos, como marcan los tratados a los que deben obediencia.

Por eso sorprende que en España muy pocos parecen tomarse estas elecciones en serio. Nada se sabe aún de los nombres de los aspirantes a conformar la lista de elegidos para defender los intereses de los vapuleados ciudadanos a quienes representarán frente a un Consejo que ha marcado la senda austericida a nuestro país. Menos aún se habla de ideas, programas e intenciones, cuando el ciudadano necesita saber ya quién está de su parte y quién de la de las grandes fortunas, y cuáles son las innovadoras propuestas que les harán volver a creer en Europa y en los políticos. Por otro lado, hasta ahora solo EQUO ha parecido entender que la elección directa de sus aspirantes a eurodiputados a través de primarias es la única vía para conectar a sus bases y a los ciudadanos con la política europea. Del resto de partidos, nada se sabe. 

Parece pues haber una clara connivencia entre una mayoría de políticos para hacernos creer, obviamente de manera intencionada, que el Parlamento carece de la importancia que realmente tiene para frenar, si se quiere, este despropósito neocon, y para que pensemos que una vez más la batalla que se va a librar en la próxima eurolegislatura es la de populares contra socialistas, la de nórdicos contra mediterráneos, la de los centroeuropeos contra la de la vieja Europa. Mentira! La madre de todas las batallas, la que está por venir pero quieren evitar y esconder, tiene que ser la de diputados asumiendo su función de defensa de los intereses de los pueblos que, yendo de la mano de los ciudadanos, le paren los pies a una mayoría de Estados que hacen del neoliberalismo excluyente su bandera. Y para eso hacen falta eurodiputados no solo comprometidos sino también bien preparados, y ciudadanos que les apoyen y se involucren en la construcción de una Europa más social y ciudadana.

En medio se encuentra la Comisión Europea. La ideología de quien la dirija la marcarán los Estados, pero estará condicionada por ese Parlamento que todos votamos de manera directa. Será un actor clave que tendrá que elegir si desea estar con quienes quieren reconciliarse con la sociedad o con quienes, de la Europa ciudadana, ni saben ni contestan. 
Mientras donde rige el absolutismo mayoritario da descaradamente igual lo que el ciudadano reclame, parece que ciertas élites entienden que es mejor que pasen desapercibidos aquellos otros lares en los que las urnas pueden aún evitar desmanes despóticos mayores. Y en ambos casos, por haber comicios de por medio, lo llaman democracia, haciendo deliberadamente que pase inadvertido que por ésta no se entiende aquel sistema por el que un gobierno controla a los ciudadanos, sino los ciudadanos lo que hacen sus gobiernos. 
José María Cruz 

es periodista y consultor especializado en asuntos europeos.


Este artículo es opinión y responsabilidad de su firmante. Las opiniones vertidas por las personas visitantes son opinión de las mismas
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El aborto y el Gobierno del PP.

Tener que decir en pleno siglo XXI que las mujeres tenemos derecho a un aborto legal, libre y gratuito, a que se nos reconozca plena capacidad para decidir sobre nuestro cuerpo, nuestra reproducción, nuestra salud… es algo que no pensé que tendría que hacer.

Tengo una hija de 16 años y cuando yo tenía su edad el aborto en España estaba prohibido. Aún recuerdo los comentarios escondidos relativos a alguna conocida que ingería no recuerdo que hierbas, o se lanzaba al suelo desde lo alto de la escalera, o tomaba aspirina esperando el milagro del aborto espontaneo. Aun recuerdo el miedo que teníamos las jóvenes de esa edad a quedar embarazadas.

 La idea de ese embarazo no deseado, no planificado, imposible de asumir para quienes aún luchábamos por buscar  nuestro lugar en el mundo, nos inoculaba el temor de tener que buscar una “clínica clandestina” que, en el mejor de los casos, y siempre que tuviésemos el dinero suficiente, utilizaría instrumental esterilizado; a ese horror se añadían: los riesgos de expulsión de su carrera y cárcel para los profesionales que se atrevían a ayudar a las mujeres en esa situación,  la posibilidad de ser condenadas, de contraer una infección, de desangrarnos …. todo ello, nos hacía sentir un miedo irracional al embarazo, lo que condicionaba, sin duda, nuestra libertad y por tanto, nuestra vida.

Obviamente, ni se nos pasaba  por la cabeza la idea de poder conseguir el dinero suficiente para abortar en Londres, allí donde quienes tenían dinero pasaban un fin de semana “de compras” en el que “el problema” quedaba solucionado. Nosotras no teníamos esa opción. 


Recuerdo  a mi profesor de derecho Penal, Don Marino Barbero Santos, abogando, algunos años antes de la primera ley,  por la despenalización del aborto y explicando a un auditorio de jóvenes universitarias de apenas 18 años como se practicaban abortos clandestinos en la pobreza, con agujas de punto y similares materiales (no sé porqué, pero las agujas de punto se me quedaron grabadas en el alma), provocando desgarros irreparables, muertes incluso, de aquellas menos favorecidas económicamente que, saltando todas las trabas, encontraban una esperanza para poder abortar que acababa, en muchas ocasiones, en la esterilidad cuando no en la cárcel o en la tumba.


El 5 de julio de 1985, tras muchos esfuerzos y lucha feminista se despenalizó el aborto en España. Atrás quedaban esos años oscuros … esa ley, que inicialmente despenalizaba tres supuestos, fue mejorada en 2010 con la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo vigente por el momento.


Hace meses el Ministro Gallardón ya nos amenazó a las mujeres con volver a la regulación de 1985 y por tanto a la posibilidad de que fueran necesarios abortos clandestinos,  con tan absurdas excusas como la supuesta “violencia estructural” que tantas críticas levantó, y en un paso mas en la vuelta a aquellos lejanos años 80 , decía que el aborto “No es un asunto prioritario para el Gobierno y se analizará cuando toque, incluyendo la posibilidad de excluirlo de la cartera básica de servicios.”

El Ministro de ¿Justicia? (que falta de precisión en los términos) de España ha decidido al parecer que ya toca y hoy el Consejo de Ministros aprobará cambiar la ley de plazos por una de “indicaciones” en la que hasta el riesgo para la vida de la madre deberá acreditarse. “Será una constatación, no una declaración”. Se han apresurado a decir que las mujeres que aborten no irán a la carcel, pero también que sí serán condenados los profesionales que colaboren en la interrupción voluntaria de un embarazo que al Gobierno le parezca reprobable. 

Parece que la pobreza o el drama de los desahucios o del desempleo no son problemas que están ahí, y este Gobierno pretende  crear un problema donde no lo hay y quitarnos a las mujeres nuestro derecho a decidir si queremos o no tener descendencia. Las mujeres somos para el Gobierno actual seres con la capacidad de obrar limitada, con escaso discernimiento respecto de lo que nos conviene o, si me permitís, incubadoras del Estado. 

Espero de mis conciudadanos que esta intolerable intromisión en la vida de las mujeres no se consienta, de mis representantes políticos que defiendan la bandera de la libertad y que se comprometan a impedir con todos los mecanismos a su alcance que se cometa tamaña ignominia.


Aplicar a la generalidad la moral de unos pocos. Esa es la postura que ha tomado el Gobierno. Y si no se está de acuerdo, se impone por la fuerza. La de la inquisición en su momento, la del franquismo después, la del neoliberalismo nacionalcatólico de moral restrictiva de derechos ciudadanos  ahora.

Se pretende la modificación legislativa de una regulación que , tal cual está,  ha sido aceptada por la sociedad española sin mayores problemas, y que lo único que hace es permitir que quien así lo decida haga uso de su derecho.

No podemos permitir que devuelvan a este país al blanco y negro de nuestros peores recuerdos, no podemos consentir que se imponga a toda la sociedad la moral de unos pocos, tenemos que evitar que las mujeres tengan que recurrir a las agujas de punto si desgraciadamente  no puedan pagar un aborto en Londres.


Otilia Armiñana Villegas

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ACTUAR LOCALMENTE: UN ANÁLISIS DE LA REFORMA LOCAL.

Se cumplen 34 años de las primeras elecciones municipales y prácticamente tres décadas de la aprobación de la Ley de Bases de Régimen Local, la ley que ha regulado hasta hoy la gestión de los ayuntamientos. Muchas cosas han cambiado desde entonces y es pertinente plantear una reforma de la administración local. La Troika desde Europa y el PP desde el gobierno han diseñado, sin embargo, un escenario político con sobradas dosis de economicismo, improcedente para esta reforma.
La nueva ley elaborada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se denomina Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Su tramitación parlamentaria ha tenido escasa repercusión pública, a pesar de que se trata de una de las reformas administrativas más profundas que se producirá en nuestro país en los próximos años. Ante el gran público, el debate sobre esta ley ha aparecido como un simple tira y afloja entre administraciones. Pero la ley, que entrará en vigor a principios del próximo año, trastocará sustancialmente el día a día de muchos pueblos y ciudades.
Esta reforma afecta a un grupo de instituciones olvidadas tradicionalmente por la alta política: entidades locales menores, municipios, diputaciones provinciales, comarcas, mancomunidades, consorcios, áreas metropolitanas… Todas ellas ofrecen un catálogo de servicios de gran relevancia para la vida de los ciudadanos: políticas de igualdad y de género, servicios sociales, guarderías, vivienda, empleo, juventud, infancia, participación, dependencia, inmigración, transporte, formación… La reforma aborda las condiciones en las cuales estos servicios deberán ser gestionados por dichas instituciones en el futuro.
Muchas de las medidas plateadas afecta a la distribución de las competencias municipales. La ley persigue hacer efectivo el criterio “una Administración, una competencia”, pero no define con precisión las competencias que deben ser desarrolladas por la Administración Local, diferenciándolas de las estatales y autonómicas. Se enumera un listado de materias que los municipios han de ejercer obligatoriamente como competencias propias, pero su determinación definitiva se reserva para normas posteriores.
En relación con las competencias consideradas impropias (prestadas por los municipios voluntariamente durante años, sin transferencia de recursos por parte de las administraciones competentes) se establece que no deberán ser asumidas por las entidades locales. Sólo en el caso en que dichas competencias no pongan en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda local, se admitirá la prestación por parte del ayuntamiento.
Con esta reforma el gobierno pretende ahorrar 8.024 millones de euros para el período 2014-2019. Es fácil imaginar que dicho ahorro se conseguirá a base de reducir costes en la prestación de los servicios municipales. La ley no menciona explícitamente otra posibilidad. Para gestionar esta sustancial disminución de recursos de los ayuntamientos, la ley establece, entre otras medidas, que sean las diputaciones provinciales las entidades encargadas de gestionar determinados servicios mínimos en los municipios con población inferior a los 20.000 habitantes.
El gobierno recurre a los responsables de las diputaciones no por ser mejores gestores que alcaldes y concejales (la experiencia más bien demuestra lo contrario), sino porque desde las diputaciones, lejos de la presión de los ciudadanos y los destinatarios de los servicios, parece más fácil y efectivo reducir la calidad y cantidad de las prestaciones municipales. Pero el gobierno se equivoca gravemente al menospreciar las habilidades gestoras de los municipios. Durante años los ayuntamientos han desarrollo sistemas de administración que han resultado muy eficientes y los han convertido en las instituciones menos hipotecadas del ámbito público: la deuda municipal sólo representa el 6% del total de la deuda pública. Lamentablemente con esta reforma vamos a perder la oportunidad de trabajar con los mejores gestores públicos en la mejora de la administración local.
Por otra parte, no sabemos cómo se va a producir el traspaso de competencias de los miles de municipios a las diputaciones provinciales, ni cómo se va a evitar que este proceso se convierta en un verdadero despropósito. Tampoco tenemos la seguridad de que las diputaciones puedan garantizar la continuidad de los servicios.
Ante tanta incertidumbre es previsible que los servicios municipales traspasados a las diputaciones acaben siendo privatizados, lo cual es motivo de profundo desánimo entre gestores municipales, que llevan años de trabajo minucioso, silencioso y prácticamente vocacional. Y no sólo eso, un reciente informe del Tribunal de Cuentas  que analiza la prestación de servicios de ayuntamientos españoles de menos de 20.000 habitantes, concluye literalmente que sale más caro un servicio público cuando lo ofrece una empresa privada que cuando lo ofrece el ayuntamiento.
Cabe decir, por otra parte, que como consecuencia del traspaso y la privatización de los servicios municipales, los ciudadanos perderán el derecho a pedir responsabilidades políticas por su gestión, porque los miembros de las diputaciones no son cargos electos, no se eligen por elección directa. Con toda probabilidad, el castigo político que se pueda derivar de la pérdida de calidad de los servicios, recaerá electoralmente en los representantes municipales que hasta ahora han sido prestadores, produciéndose así un grave déficit democrático.
Una ultima objeción al traspaso de competencias a las diputaciones. Se parte de la idea de que las diputaciones gestionaran más eficientemente al aplicar el criterio de economía de escalas (costes menores a escalas superiores). Y en efecto, muchos servicios municipales funcionan bajo este criterio, por ejemplo, el tratamiento de residuos urbanos y el transporte público, que ya funcionan en muchos casos mancomunadamente. Pero no todos los servicios que gestionan los ayuntamientos se adaptan a esta fórmula. Sólo cuando los costes fijos son muy altos y los costes variables bajos, la economía de escalas es eficiente (Ignacio Escañuela, “Una reforma local absurda”). Por tanto, habrá que estar atentos a esta consideración, y evitar que se produzcan traspasos a las diputaciones que no supongan un ahorro efectivo o que incluso puedan representar un incremento de costes.
Uno de estos servicios podrían ser los denominados servicios sociales. En nuestro país, más de 50.000 personas trabajan en los servicios sociales que prestan las corporaciones locales para atender a unos 7 millones de usuarios. Con la reforma local miles de ayuntamientos perderán la gestión de estos servicios y se convertirán en meros gestores administrativos sin capacidad de decisión política. Las decisiones se tomarán lejos y las prestaciones se reducirán mucho.
El gobierno se ha percatado de la inoportunidad que supone desmantelar los servicios sociales pocos meses antes de las elecciones municipales (mayo de 2015) y generales (noviembre de 2015) y, de momento, ha aplazado ésta y otras medidas sensibles hasta el 31 de diciembre de 2015.  Pero a pesar de la inoportunidad y la falta de consenso político y social, el Ministerio de Hacienda se muestra dispuesto a seguir adelante con la reforma. Rechazó la mayoría de las 447 enmiendas que presentaron los grupos de la oposición. Algunos partidos han reclamado  la retirada total de la reforma, y otros se han mostrado dispuestos a recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Algunas comunidades autónomas también están valorando esta posibilidad por entender que invaden las competencias que les otorgan sus estatutos. El mundo local se ha movilizado para la protesta. Asociaciones vecinales y de municipios, sindicatos, alcaldes y concejales protagonizaron concentraciones bajo el lema Defiende tu ayuntamiento, el 12, del 12, a las 12. Contra la reforma local. Algunos cargos públicos del PP también han manifestado públicamente sus reticencias.
Los opositores califican el proyecto como una ley anti-ayuntamientos y consideran que es una reforma parcial y autoritaria, que fomentará la pérdida de empleo público y las desigualdades en la financiación. Muchos la consideran un grave ataque al municipalismo y al papel que han jugado los municipios en la construcción de este país. Gran parte de los argumentos de los opositores han sido avalados por un demoledor informe del Consejo de Estado, obviado también por el gobierno.
A muchos sólo se les queda la posibilidad de esperar una derrota electoral del PP dentro de dos años para derogar la ley. Es la única alternativa que queda cuando los cambios legislativos se consiguen a base de autoritarismo. Las leyes requieren consensos sólidos, tiempo de elaboración y legisladores comprometidos con la sostenibilidad de las políticas. Si se tramitan por la fuerza de las mayorías parlamentarias, de forma rápida, insuficiente y mal trabajadas, el resultado final son leyes-acordeón que se inflan y desinflan dependiendo de algo tan volátil como los resultados electorales. Desgaste de tiempo, energía y recursos; oportunidades perdidas por falta de miras, madurez política y democrática; años de estancamiento y parálisis; desafecto ciudadano.
Los municipios necesitan mecanismos adicionales de refinanciación (sólo se les asigna el 13% del gasto público); un reparto de competencias por áreas y programas, no un sistema horizontal igual para todos; sistemas de evaluación de los servicios municipales inspirados en criterios sociales, no únicamente economicistas; gestión mancomunada de algunos servicios; ahorro, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; pero también, autonomía, descentralización, subsidiariedad, proximidad y rentabilidad social.
Una reforma de este alcance sólo sería posible con la participación de los tres niveles del Estado: central, autonómico y local; con un trabajo que profundice en la comprensión del papel que los pueblos y ciudades han jugado en el bienestar social. Sólo se alcanzaría si definitivamente se considerara a los ayuntamientos parte del Estado, en igualdad de condiciones con respecto a otras administraciones.
Esta ley tiene un problema conceptual de fondo: no se comprende bien la labor que ejercen los municipios. Los ayuntamientos conocen mejor que nadie las preferencias locales y mejor que nadie pueden dar respuesta a las necesidades. Si queremos que los ayuntamientos sean realmente eficientes debemos dejar que participen más, y no menos, en las decisiones de las políticas locales. Posiblemente con esta ley conseguiremos ahorrar costes pero, no cabe duda, que alejaremos a los ciudadanos un poco más de las instituciones públicas, justo en el momento en el que se requiere actuar localmente y con mayor proximidad.

Carmen Moraira Reina

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ENTREVISTA A JULIO GONZÁLEZ EN BARBERÁ AL DÍA

Independencia, federalismo y más.
MANIFIESTO ACERCA DE LA CONVOCATORIA UNILATERAL DE REFERENDUM EN CATALUÑA
FORO ÉTICO, a la vista del anuncio del Presidente de la Generalitat de Cataluña de convocatoria unilateral de un referéndum con dos preguntas concatenadas, para el próximo 9 de noviembre de 2014
MANIFIESTA:
1. Que con el debate territorial traído al primer plano, se corre el riesgo de olvidar la pérdida de derechos sociales, económicos y de garantía de vida digna que se están produciendo y que asolan a una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas, tanto de Cataluña como de la totalidad del Estado.

2.  Rechazamos las actuaciones políticas unilaterales y  la falta de comunicación directa y transparente entre las autoridades como forma de hacer política ante una cuestión de tal transcendencia. En particular, reclamamos el uso del diálogo y del consenso como vehículo para el entendimiento entre las diversas posiciones que se enfrentan en esta cuestión.

3. La necesidad de abordar el debate territorial en España, mediante un análisis exhaustivo del funcionamiento del Estado de las autonomías. En particular, FORO ETICO manifiesta que el modelo del Estado de las autonomías no resulta suficiente como fórmula de integración de las naciones y regiones que componen España y, por ello, afirma su preferencia por una federalización sustancial del Estado español y por huir de tentaciones recentralizadoras.

4. La necesidad de diálogo, y por tanto la conveniencia de convocar de forma inmediata la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, con carácter previo a la convocatoria de un referéndum popular, a fin de adoptar las reformas constitucionales que sean necesarias al menos para

1. Resolver los mecanismos de tutela de los derechos económicos y sociales y las garantías del Estado social, 
2. Reforzar las garantías para  el funcionamiento democrático del Estado y abrir  nuevos caminos que nos permitan una mayor participación en los asuntos públicos y
3.  Abordar los problemas de la articulación territorial del Estado.


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MANIFIESTO ACERCA DE LA CONVOCATORIA UNILATERAL DE REFERENDUM EN CATALUÑA.

FORO ÉTICO, a la vista del anuncio del Presidente de la Generalitat de Cataluña de convocatoria unilateral de un referéndum con dos preguntas concatenadas, para el próximo 9 de noviembre de 2014
MANIFIESTA:
1. Que con el debate territorial traído al primer plano, se corre el riesgo de olvidar la pérdida de derechos sociales, económicos y de garantía de vida digna que se están produciendo y que asolan a una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas, tanto de Cataluña como de la totalidad del Estado.
2.  Rechazamos las actuaciones políticas unilaterales y  la falta de comunicación directa y transparente entre las autoridades como forma de hacer política ante una cuestión de tal transcendencia. En particular, reclamamos el uso del diálogo y del consenso como vehículo para el entendimiento entre las diversas posiciones que se enfrentan en esta cuestión.
3. La necesidad de abordar el debate territorial en España, mediante un análisis exhaustivo del funcionamiento del Estado de las autonomías. En particular, FORO ETICO manifiesta que el modelo del Estado de las autonomías no resulta suficiente como fórmula de integración de las naciones y regiones que componen España y, por ello, afirma su preferencia por una federalización sustancial del Estado español y por huir de tentaciones recentralizadoras.
4. La necesidad de diálogo, y por tanto la conveniencia de convocar de forma inmediata la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, con carácter previo a la convocatoria de un referéndum popular, a fin de adoptar las reformas constitucionales que sean necesarias al menos para
1. Resolver los mecanismos de tutela de los derechos económicos y sociales y las garantías del Estado social,
2. Reforzar las garantías para  el funcionamiento democrático del Estado y abrir  nuevos caminos que nos permitan una mayor participación en los asuntos públicos y
3.  Abordar los problemas de la articulación territorial del Estado.

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CEOE y ÉTICA O LA ÉTICA DE CEOE.

“… la actividad virtuosa es mejor
                                                                                                                que la mera posesión de la virtud”
                                                         Aristóteles, Gran Ética.

Cuando su último Presidente D. Gerardo Díaz Ferrán llevaba ya medio año en su nueva residencia de Soto del Real, en la sierra madrileña, la Asamblea General Ordinaria de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) aprobaba su “Código Ético y de Buen Gobierno”el día 18 de Junio de 2.013. Dicho Código entraría en vigor el 1 de Septiembre de 2013, quedando derogado el vigente Código de Buenas Prácticas a partir de ese día. Es encomiable  la consideración de la CEOE en cuanto a no disturbar el merecido descanso estival de sus afiliados.

Da la impresión que los dirigentes empresariales españoles se dieron cuenta, de forma abrupta, que no sólo el bien anidaba en los corazones y mentes de sus afiliados, que no bastaba con auspiciar la sana emulación a través de las mejores prácticas y se decidieron a internarse en el desagradable camino de definir pecados y codificar sanciones. Claro que gastaron más de tres años en el rechazo de dimisiones y aplausos a su presidente y haciendo oídos sordos a las  solicitudes de dimisión provenientes de algunas filas empresariales, todo sea dicho.

Mi tía Eduviges, muy celosa en esto de éticas y moralinas y menos kantiana que aristotélica, me decía “sobrino, esa gente lo que trata es de que no se les vea el plumero”. Yo que en estos asuntos soy más optimista que Pangloss, consideré que lo adecuado era estudiar el Código con la esperanza de poder contradecir a pariente tan estricta.

Así que, vayamos por partes:

El Preámbulo se abre con la siguiente declaración de principios:

“Desde su creación en 1977, CEOE ha adquirido por derecho propio el carácter de institución vertebradora de la sociedad civil española, contribuyendo, de una manera decisiva, a la consolidación de la democracia en España y al desarrollo de la economía de mercado. Dos elementos fundamentales de cualquier país desarrollado.”

Al tiempo que resalta entre sus principios fundamentales “respeto a la Constitución, libre empresa economía de mercado y unidad de mercado.”

No seré yo quien cuestione la lealtad constitucional de la CEOE, pero veamos el texto constitucional antes de sacar conclusiones apresuradas.

“Artículo 1.1. España se constituye como Estado social y democrático de Derecho,…”

“Artículo 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.”

Tengo la impresión que la libre empresa y la economía de mercado adjetivada por la CEOE, no se corresponden del todo con la letra y la intención de la CE, en la medida que esta asigna al Estado Social la función de promover  la justicia social y garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. Al tiempo que atribuye al Estado Democrático de Derecho la capacidad de intervenir en la economía y regular el funcionamiento de los mercados.

Es verdad que la definición constitucional ofrece la posibilidad de traducirla en términos de la Economía Social de Mercado propio de la democracia cristiana  o del Estado del Bienestar de la socialdemocracia. Pero lo que llama la atención es que la organización empresarial mire para otro lado manteniendo la idea del Estado de Derecho del siglo diecinueve.

Hay que admitir que tiene claro que “En particular, la CEOE como organización empresarial, deberá respetar siempre la legislación sobre defensa de la competencia.”

Faltaba más. Lo curioso es que no se alarme ante extendidas prácticas de facturación en negro o la más grave aún como la contratación laboral sin altas en la seguridad social y pago de remuneraciones en negro, que por un lado significan un fraude a la SS y la hacienda pública y, por otro, son claras prácticas de competencia desleal.

En un país donde estas prácticas alcanzan un nivel intolerable e inocultable, correspondería a CEOE liderar una acción vigorosa conjuntamente con las Centrales Sindicales y las Administraciones Públicas. Pero de eso nada.

CEOE deposita una gran esperanza en este Código que “establece los valores y pautas que deben guiar el comportamiento de quienes forman parte de la CEOE, así como ayudar a consolidar una
conducta empresarial y personal aceptada y respetada por todos los cargos directivos, afiliados y empleados”.

Y afirma que  “Todos los afiliados, se comprometen a mantener entre ellos, con la CEOE, con la Administración Pública, con los partidos políticos, con los sindicatos y en general con la sociedad, unas relaciones basadas en la buena fe, la cortesía, la integridad moral, la ética empresarial y el respeto a la honorabilidad y prestigio de todos los afiliados.”

Y, rigor obliga, otorga a una Comisión de Régimen Interno la competencia de velar por el cumplimiento de este Código, con las formulas de procedimiento al uso.

Puede aceptarse que el Código no había visto la luz en los tiempos de D. Gerardo Díaz Ferrán, pero hace ya tiempo que “Todos los afectados por este Código, deben evitar cualquier conducta que, aún sin violar la ley, pueda perjudicar la reputación de la CEOE y afectar de manera negativa a sus intereses.” ¿Piensan que su Vicepresidente D. Arturo Fernández – de quien la tía Eduviges opina que “de presunto va el asunto”- no merecería alguna intervención de la Comisión de Régimen Interno en vez de los golpes de pecho y apoyos inquebrantables?

Pero es que el Código marca clarísimas líneas rojas:

“Ninguno de ellos (directivos, afiliados y empleados) colaborará conscientemente con terceros en la violación de ninguna ley, ni participará en ninguna actuación que comprometa el respeto al ordenamiento jurídico vigente.”

Toda persona afectada por este Código, asume el compromiso de comunicar al Presidente de la Comisión de Régimen Interno, la apertura al mismo de cualquier procedimiento judicial penal con trascendencia empresarial, poniendo a disposición de los órganos de gobierno de CEOE su cargo hasta que se resuelva el asunto.”
La Junta Directiva de CEOE podrá, por mayoría simple de los miembros presentes y representados, con audiencia del interesado, y previo informe de la Comisión de Régimen Interno suspender de su cargo a esa persona, o proponer a la Asamblea General el apartamiento de su cargo.”

Que bueno sería para la propia CEOE, para tantos empresarios honestos y las buenas gentes de España que, en coherencia con “el respeto de valores fundamentales como la honestidad, la integridad, la transparencia y la seguridad” pregonados en el Código, hiciera conocer sus actuaciones respecto a los numerosos implicados en GÜRTEL, los supuestos clientes del tesorero del Partido Popular señor Bárcenas, los empresarios de los ERE andaluces, el Presidente de la Cámara de Comercio de Castellón  D. Carlos Fabra y tantos otros casos de corrupción.  ¿Porque  algunos serán afiliados de CEOE? preguntaría mi tía Eduviges.

Por último, una escueta mención a la Patronal francesa MEDEF que, ante la noticia de la multimillonaria pensión de jubilación (21M€) aprobada por Peugeot-Citröen (PSA) a su actual Presidente Ejecutivo Mr. Philippe Varin , anunció que elevaría el caso a su Comisión Ética y Deontológica.

¿Cuál ha sido la actuación de la Patronal española ante los numerosos casos de indemnizaciones, jubilaciones y bonus de escándalo a ejecutivos de entidades financieras – muchas de ellas rescatadas con dinero público –  o empresas con serias dificultades? Que yo sepa, ninguna.

¿Y no se sonrojan?

Como acostumbro, le di a leer mis borradores a la tía Eduviges advirtiéndole que, quizás, con este Código los dirigentes de CEOE pretendieran ayudar a los empresarios a encontrar su imperativo categórico.

Sobrino, no me vengas con kantanadas que esos señores no precisan el couching de ningún cátedro en responsabilidad social corporativa para perseguir su único imperativo: el de la máxima ganancia a cualquier precio.

Por suerte tengo siempre a mano algún librito de Voltaire. “Está demostrado – decía Pangloss – que las cosas no pueden ocurrir de otro modo, porque al estar todo hecho para determinado fin, todo es necesariamente bueno hasta conseguir ese fin.”

Eso es todo.
Madrid, Diciembre 2013 
Francisco S. López Romito
Economista
PD: el Código Ético de CEOE puede encontrarse en: http://www.ceoe.es/resources/image/codigo_etico_ceoe_2013.pdf


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