Debates estériles (I)

Este artículo inaugura una serie que me he propuesto escribir con el ánimo de paliar el efecto nocivo causado por el deliberado reduccionismo conceptual que los medios de comunicación ejercen sobren las realidades que como sociedad hemos de solucionar en conjunto, y que deja sin efecto los denodados esfuerzos que la sociedad civil viene realizando. Resulta obvio, incluso para personas poco formadas, que poner el foco de un problema en el lugar equivocado, lejos de ayudar a resolverlo, favorece que se enquiste dando lugar a mayor confusión, y por ende menor eficacia en el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. Para desmadejar el colosal desmadre en el que los poderes fácticos nos han involucrado, es fundamental que localicemos el origen del problema, y de este modo, como en un efecto dominó, el resto de piezas irán cayendo solas, optimizando así el esfuerzo social que es menester para tumbar la primera pieza. Es ya apremiante que una masa crítica de ciudadanos consiga separar los motivos de la enfermedad de sus síntomas, a fin de evitar el fallo multiorgánico al que como colectivo parece que estamos abonados sin remedio.

El primero de los debates estériles sobre el que quiero hablarles a todos ustedes es el de los aforamientos. Pareciese como si el hecho del aforamiento de unos u otros actores políticos a un determinado tribunal fuese un problema per se. Se pretende acabar con la lista de aforados, como si acabando con ella se acabase con la impunidad de determinados personajes. Los medios de comunicación de masas atronan con este argumento hasta el paroxismo, proporcionando a los televidentes una falsa percepción de solución, que lejos de acabar con el problema, podría traer consigo uno mayor del que se pretende solucionar. Veamos el porqué de mi razonamiento.

En primer lugar, conviene recordar que aforamiento no es sinónimo de que la persona que ostente tal condición no pueda ser juzgada por sus actos en el ejercicio de sus funciones, sino tan sólo que ha de ser un órgano competente el que lo juzgue, como por ejemplo el Tribunal Supremo. Esta figura tiene como objeto asegurar que los tribunales no se conviertan en un arma política con la que poder desestabilizar gobiernos de uno u otro signo. Aforando a los miembros de la cámara a un determinado tribunal de mayor jerarquía jurisdiccional, el Estado se asegura un proceso justo, en un órgano colegiado que siempre puede ser más ecuánime que un sólo juez, que tan sólo conocerá los asuntos que realmente supongan una negligencia o un abuso de la posición que ostentan los justiciables. No querríamos tener a nuestros representantes políticos malgastando el tiempo del que deberían disponer para el ejercicio de sus funciones, resolviendo minucias políticas disfrazadas de jurídicas, sobrecargando aún más los ya suficientemente saturados juzgados de primera instancia.

¿Quiero decir con esto que la impunidad de la que gozan los diputados y senadores no es tal? En absoluto. Nada más lejos de mi intención. Es totalmente cierto. La cuestión es cómo resolverla de manera que el Estado pueda gozar de estabilidad al margen de las cuestiones jurídicas en las que puedan incurrir sus miembros, pertenezcan al poder que pertenezcan. Como ya he mencionado antes, lo fundamental para resolver un problema es encontrar el origen del mismo, que en el caso que nos ocupa no es otro que la falta de independencia efectiva de los poderes del Estado. La preocupación de una sociedad democrática sana no debería ser si los actores políticos son juzgados en un tribunal o en otro, sino asegurar que los tribunales sean independientes de manera real del poder tanto ejecutivo como legislativo.

Llegados a este punto la pregunta se antoja insoslayable. Son los poderes del estado verdaderamente independientes? Creo que es imposible que a estas alturas, ninguna persona con un mínimo de criterio jurídico pueda sostener que de veras exista una separación de poderes real, efectiva y sana, y son obvias incluso para los usuarios de política ficción las injerencias que el ejecutivo y el legislativo ejercen sobre el Poder Judicial. Lo que quizás se le escapen al gran público son los términos en los que se fraguan tales intromisiones.

Desde mi punto de vista, el epicentro de la coacción que el bipartidismo ha venido ejerciendo desde el 78 sobre el Poder Judicial, se localiza claramente en los medios por los que se elige a sus miembros, tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Tribunal Supremo. Tres quintas partes del pleno del Consejo General del poder Judicial, son nombradas tras ser propuestas por el legislativo y ser aprobadas por el Pleno del Consejo. Esto quiere decir, que el Legislativo, o dicho de otro modo, el bipartidismo, cuenta con el control efectivo del 60% del Poder Judicial, convirtiendo la labor de los órganos jurisdiccionales responsables de juzgar a los parlamentarios en un circo, más testimonial que real, que a la postre no deja de ser el caldo de cultivo perfecto para el intercambio de rehenes políticos entre los dos grandes partidos. La lógica nos lleva a pensar, que nos encontramos en una situación en la que ningún imputado lo es sin que medie una negociación previa entre los partidos tradicionales, llegando a la más alta instancia procesal con todo el pescado vendido, escenificando un juicio con más tintes de cinematográfico que de proceso jurídico real, y con el guión milimetradamente diseñado con anterioridad.

Habiendo encontrado el punto adecuado para ejercer la necesaria presión, el siguiente paso es aplicarla. Ningún debate estéril debería ser neutralizado sin dejar tras de sí una propuesta en positivo. Nada hay más falaz que situarse ante una realidad que pretende ser combatida sin tener otra con la que sustituirla. Por tanto, mi propuesta es cambiar este método de elección del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, por otro que fortalezca la idea de la separación de Poderes propia de un Estado de Derecho sano. Abogo por tanto por un autogobierno efectivo del Poder Judicial, en el que sus miembros sean elegidos de manera democrática por todo el Poder Judicial al completo, y no sólo por un pleno teledirigido desde la Carrera de San Jerónimo.

Artículo de Carlos Sánchez, asociado de Foro Ético, publicado en Publicoscopia

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s