Un nuevo despotismo ilustrado

Cómo hemos vuelto a este concepto es algo que debiéramos preguntarnos teniendo en cuenta la actualidad en que vivimos. Pues no es lógico, que tras haber evolucionado política, económica y socialmente como civilización, más o menos humanizada, en menos de tres siglos hayamos vuelto a un sistema casi absolutista.

El sometimiento y la humillación que se está practicando sobre la ciudadanía, mediante el expolio de sus derechos y propiedades, convierte al sistema democrático actual en un mero instrumento de los líderes políticos, financieros y mediáticos que usándolo para su propio beneficio consigue que los verdaderos propietarios de este sistema sean deudores del mismo. Sigue leyendo

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COMO CONSEGUIR QUE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA DEL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN TENGA PLENA EFICACIA.

El domingo pasado, con la pretensión de hacer visible la necesidad de enarbolar una propuesta de cambio profundo en las posiciones de los partidos políticos de izquierda, desde Foro Ético se inició una campaña titulada POR LA DEROGACIÓN DEL ART.135 de la Constitución del 78 que, en síntesis, pretende propiciar una iniciativa parlamentaria de los partidos de izquierda para  la sustitución del actual contenido del citado artículo por otro de tendencia más social, que proteja, de conformidad con lo que creemos es la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, los derechos de universalidad y gratuidad de la educación y la sanidad, y la protección de aquellos otros derechos asociados a la definición de Estado Social que asimismo contempla la Constitución española vigente.
Las razones de la petición, están suficientemente aclaradas, y no se trata de reiterarlas, pueden verse AQUÍ. Donde también puedes firmar a favor de la misma.
Es objeto de este artículo señalar el camino que, con las elecciones europeas a la vista, creemos necesario seguir para llevar a término esa reivindicación. La hoja de ruta a nuestro parecer pasaría, además de por esa importante modificación normativa,  por atacar la raíz misma del problema, los Tratados Europeos.
Si recordamos que en la génesis de la modificación del art. 135  que se produjo en 2011, estaba el famoso principio de estabilidad presupuestaria, debemos recordar también que las reglas que lo sustentan no son novedosas, sino que están incorporadas a nuestro derecho desde 1997 y forman parte integrante del mismo desde que aceptamos la entrada en el euro.
Es el derecho europeo el que exige a los Estados cumplir con las reglas de estabilidad, de ahí que muchos no entendiesen en su momento las prisas por introducir en el texto constitucional la discutida reforma, y es el citado derecho europeo el que  proporciona a la Unión los mecanismos para exigirla a los Estados.
No nos adentraremos, porque lo venimos reiterando desde la creación de Foro Ético en que hay “otras maneras” de conseguir la estabilidad presupuestaria, optando por redistribuir equitativamente el esfuerzo, recortando gasto superfluo y no gasto social, aumentando los ingresos y no rebajando los gastos…., pero si nos interesa, en este momento, una vez acreditada la necesidad de cambiar el art. 135 de la Constitución,  situar el foco en el lugar donde se establecen las normas que han ahogado al sur de Europa y por tanto a nuestro país.
La correlación de fuerzas en el Parlamento Europeo no ha sido muy propicia para aprobar normas de contenido social, y sabemos que las políticas de izquierda han estado en posición de debilidad permanente, por lo que las políticas adoptadas en la Unión han ido en detrimento de las clases sociales y el principio de estabilidad se ha mantenido  a costa del poder adquisitivo y de los derechos y prestaciones públicas de la ciudadanía. Esto es lo que hay que cambiar.
No podemos quedarnos en  la derogación del artículo 135 y no dar mas pasos adelante, la derogación tendría un efecto simbólico sin duda muy relevante para la ciudadanía (produciendo el efecto contrario al que produjo su modificación en 2011) pero los importantes efectos normativos los debemos producir en Europa. Es importante resaltar que la clave del problema está también en Europa, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea tienen poder suficiente, en este momento,  para imponernos su manera de hacer las cosas.
Precisamente por ello, las elecciones  de mayo del presente año al Parlamento Europeo son tan importantes .
Si queremos cambiar el signo de la política europea, tener mayoría suficiente para modificar los Tratados y las políticas que en ellos se contienen, si queremos construir una Europa mas social y mas justa que la que se contempla  en los Tratados actuales, deberemos,  la ciudadanía , optar por aquellos  programas electorales que permitan ver que otra Europa es posible y , por supuesto, votar a los partidos que representen esas opciones. 

 Foro Ético

RECUPERANDO EL 8 DE MARZO.

En 1910 la II internacional de mujeres socialistas proclamó el día internacional de la mujer trabajadora, en pro de los derechos y la libertad de la mujer. Su primera celebración fue en 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, por el derecho al voto de las mujeres y a ocupar cargos públicos, la no discriminación laboral, demanda de mejores salarios, abolición del trabajo infantil, derecho a unirse a los sindicatos, y a la formación profesional. En los años 1913 y 1914 en Europa el día de la mujer se celebro en torno al 8 de marzo por la paz y contra la guerra. Después de la revolución la Unión Soviética consiguió que el 8 de marzo se considerase fiesta oficial. Entre los años 1922 a 1975 se institucionaliza en muchos países, en España se celebró por primera vez en 1936. En diciembre de 1977 la Asamblea General de la ONU proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. 


Pero a pesar de la conquista formal de los derechos políticos, civiles y sociales, las mujeres continúan sin igualdad real en el mundo. Una y otra vez son vulnerados los derechos y vuelta a empezar, la celebración del 8 de marzo no tiene fecha de caducidad. La explotación productiva y sobretodo de la capacidad reproductiva de las mujeres perdura, la prohibición de los derechos sexuales y reproductivos de la mujeres está tan consolidada, que ni siquiera la Conferencia Mundial de la mujer Beijing 1995, fue capaz de reclamarlos como derechos a respetar por los Estados.
A pocas semanas de las elecciones europeas, tenemos el ejemplo de la injerencia de los Estados en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, con la amenaza de un anteproyecto del Gobierno popular en nuestro país que amenaza la libertad de las mujeres para interrumpir voluntariamente su embarazo, persiguiendo el control de sus vidas y sus cuerpos, y no nos engañemos, porque los gobiernos y Estados continúan criminalizando el aborto para controlar la demografía y economía según sus intereses del momento. Se restringe el control de la mujer sobre su cuerpo sin importar los riesgos para su salud y desarrollo vital, y es que en lo más profundo subyace el temor al orden mundial de las mujeres, al gobierno del mundo a través del libre uso de su capacidad reproductiva como plus de poder. Es por ello que las leyes que criminalizan el aborto y las restricciones que impiden la reproducción asistida cuando la decisión es tomada por la mujer, están encaminadas a impedir su independencia y empoderamiento.
Todavía hay algunos países en el mundo que prohíben la práctica del aborto como es Chile, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, en Europa son el Vaticano, Andorra, Malta, Liechtenstein, Mónaco, San Marino, o lo permiten en supuestos muy restringidamente.
En otras partes del mundo el aborto está despenalizado y es legal, por ejemplo Canadá, China, Camboya, Corea del Norte, Vietnam, Bahrein, Cuba, Puerto Rico, Sudáfrica, por territorios Australia y EEUU, y en Europa los países de influencia soviética por la Ley del aborto de 1955 hasta la actual imposición de las leyes de plazos, claro retroceso en derechos para las mujeres europeas. Mas, en la mayoría de los lugares del mundo el aborto está penalizado excepto en algunos supuestos concretos, en muchos países solo permitido ante el peligro para la vida o salud de la mujer, concentrados en África, América central y del sur, y países de Asia y oriente medio, a los que se unen los países europeos con leyes de supuestos, como Finlandia, Polonia, Irlanda y Chipre.
Tras dos pronunciamientos en Europa, la Resolución del Parlamento Europeo sobre salud sexual y reproductiva y los derechos en esta materia (2001/2128(INI)), que recomienda para proteger la salud reproductiva y los derechos de las mujeres, que se legalice el aborto y eliminar así los riesgos de las prácticas ilegales, y segundo, a instancia del Comité de Igualdad del Consejo de Europa, el 18 marzo 2008, que reclama el aborto como derecho, y la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, garantizando los gobiernos la práctica del mismo de manera accesible y segura, se aprueba la Resolución 1607 (2008), de 16 abril, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre el acceso a un aborto sin riesgo y legal en Europa, que reafirma el derecho de las mujeres al respeto de su integridad física y a la libre disposición de su cuerpo, y por tanto se reconozca su decisión como definitiva para recurrir o no al aborto. Se invitó, pues, desde el Consejo de Europa a los Estados miembros a despenalizar el aborto dentro de unos plazos de gestación razonables. 
Este es el soporte de las leyes de plazos, de nuestra Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y de las leyes de la mayoría de países europeos, Estados Miembro del Consejo de Europa, como son Noruega, Suiza, Islandia, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Albania, Moldavia, Rusia, Ucrania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Montenegro y Serbia, Turquía, o los candidatos Kazajistán y Bielorrusia, y otros que además son Estados miembros de la UE, como Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Suecia, Reino Unido, Países bajos, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Lituania, Croacia, República Checa, y Rumania; pero también se practica de la misma manera en otros lugares del mundo como Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán, Mongolia, Singapur, Túnez, Nepal, Uruguay, Guyana, y territorios de México, por lo cual no es una privilegiada concesión del viejo continente europeo a las mujeres, sino una cómoda adaptación a los sistemas de salud y a sus centros públicos y privados otra vez bajo el control de los Estados mediante normativas de salud pública, teniendo presente que la despenalización o legalización del aborto, no es suficiente para que dichos Estados eviten vulnerar el derecho de las mujeres a la salud, a menos que éstos generen las condiciones necesarias para ello. En este sentido las leyes de plazos como alternativa al aborto libre solo pueden tener sentido en función de la protección de la vida y salud de la mujer, y no del no nacido.
Pero llegan vientos reaccionarios a Europa que solo pueden ser frenados ganando Europa desde la izquierda. Tras las próximas elecciones europeas, incluso la leyes de plazos estarán en peligro de extinción con una nueva derecha, otra vez se prohibirá a las mujeres el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos aparentemente consolidados, ejerciendo el control sobre su sexualidad, algo que correlativamente legitima su reclusión en el ámbito privado, y de nuevo la división sexual del trabajo y por añadidura la exclusión o discriminación en el ámbito laboral. Y la reacción avanza, en Polonia, el socialismo cayó en 1989, y desde 1993 se restringe el aborto a supuestos. En Hungría, bajo el régimen comunista, se permitió el aborto sin restricción, financiado por el Estado desde la década de 1950, pero en 2011 se adoptó una nueva Constitución que protege la vida del concebido desde el momento de la concepción. Lituania, en junio de 2013, aprobó la toma en consideración de un proyecto de ley que impide las interrupciones excepto en casos de violación, incesto o complicaciones de salud. Recientemente, en 2014, Noruega prohíbe abortar después de 22 semanas.
Y en España se aprueba en el Consejo de Ministros del Gobierno del partido popular el Anteproyecto de “Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada”, que no de la mujer, quedando otra vez sujeta a la tutela del Estado y de su familia, como si de un menor de edad se tratara o incapaz para tomar sus propias decisiones, abocada a la “imprudencia”, como refiere el texto, del aborto clandestino sin cobertura sanitaria, pero por compasión no irá a la cárcel. 
Cuando lo cierto es que se está vulnerando el artículo 15 de la Constitución española, “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”, porque es obvio que es tortura la obligación de parir contra la propia voluntad o de lo contrario abortar en condiciones insalubres que puede llevar desde el menoscabo de la salud hasta la muerte, anteponiendo un bien jurídico, el no nacido, a la persona garante de derechos, referencia al articulo 10 de la misma CE sobre la dignidad de la persona, la inviolabilidad de sus derechos y el libre desarrollo de la personalidad, aplicable a la defensa de los derechos fundamentales de la mujer y de la madre en la intimidad de su decisión. 
Hoy se necesita recuperar un 8 de marzo europeo e internacional, más que nunca y mas allá de las diferencias económicas, sociales, políticas y culturales, porque el derecho a decidir de las mujeres es el cambio de rumbo de la historia, y las elecciones europeas una pasarela. Fuera el aborto del código penal.

Por Elena de León Criado.
Politóloga y profesora.  Socialista y Miembra de ForoÉtico.
Especialista en cuestiones de género y desigualdad.
Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid (FAMCM).

FELICITACIONES

En marzo de 2004 una mujer inteligente y comprometida, refugiada política en España, amenazada de muerte en su país por liderar protestas campesinas, al enterarse de que pronto seríamos padres, nos felicitó por ir a tener una hija en un país como España. 

Hacía poco que el Partido Socialista había ganado las elecciones, con el compromiso de no mentir a una ciudadanía indignada por la ignominosa manipulación de la información que el gobierno de Aznar había llevado a cabo tras la horrible tragedia de los atentados del 11 de marzo.

Que suerte tendría mi hija de vivir en un país con un gobierno que, como primera decisión, retiró las tropas del Irán. Un gobierno comprometido con la igualdad, con los derechos civiles, con la lucha de las mujeres…

Una niña nacida en un país a la vanguardia de Europa, donde todxs podían casarse con independencia de cual fuera su opción sexual, favoreciendo la igualdad efectiva de los ciudadanos en el desarrollo libre de su personalidad, construyendo, como dijo el Presidente del Gobierno, un país más decente.
Un país decente en el que la igualdad entre mujeres y varones se garantizaba por ley, se enseñaba en las escuelas. Donde las mujeres podíamos decidir libremente sobre nuestra maternidad, sin tutelas ni coacciones.
Mi hija no sufriría discriminación salarial por ser mujer, ni sentiría sobre su cabeza el techo de cristal contra el que nosotras seguimos golpeándonos. Podría conciliar su vida laboral y familiar porque el sistema educativo acogería a sus hijxs desde los 0 años y sólo cuidaría de personas dependientes si esa fuera su opción profesional.
Así era su futuro en 2004, pero como en las tragedias de Shakespeare algo terrible ocurrió que lo cambió todo. El tsunami que está arrasando nuestro presente, confundiendo economía con ideología, proyecta su energía catastrófica sobre sus posibilidades. Hoy, a punto de cumplir 10 años, mi hija volverá a estudiar religión en el colegio, una religión que, más allá de creencias, propaga arquetipos femeninos de sumisión al varón ya que la mujer es, a sus ojos, un ser inferior creada para garantizar la supervivencia de la especie. 
Hoy por hoy, mi hija no podrá decidir si quiere o no ser madre si su pareja es del mismo sexo porque “la ausencia de varón no es una patología” y por tanto, todo dependerá, no de su voluntad sino de su cuenta corriente. También, gracias al Partido Popular, su saldo bancario será determinante en el caso de que opte por no ser madre si se queda embarazada, a no ser que acepte que la declaren loca.
Hoy su futuro laborar es incierto, su formación dependerá de nuestra situación económica, la mía y la de su padre, y no de su capacidad y esfuerzo. Y, en segundo lugar, la precarización del mercado laborar y la vuelta a los roles sociales que sufrieron nuestras abuelas, ejercerá sobre ella una presión invisible pero feroz. 
Si trabaja ganará poco y quizás decida quedarse en casa a cuidar de sus hijxs, porque no la compense económicamente pagar una guardería. Quizás se vea obligada a cuidarnos porque nuestros recursos económicos no puedan proporcionarnos una vejez digna.
Puede que tenga que vivir a miles de kilómetros, en otro continente, pero no por elección sino porque no le quede más remedio para “buscarse la vida”.
Hoy, nacer mujer en España es peor que en 2004. Hoy ya no es aquel país decente a la vanguardia de Europa. Hoy España es un país donde fiel al dicho de “a Dios rogando y con el mazo dando”, el gobierno del Partido Popular perpetra un retroceso brutal en los derechos del 50,6% de la población y mientras, la ministra de trabajo se encomienda a la Virgen del Rocío, el ministro de justicia declara que la maternidad es lo que nos hace auténticas mujeres, y el ministro del interior pide protección para España a Santa Teresa y concede a una virgen la medalla de oro al mérito policial.
Por eso hoy no es día de felicitaciones.

Pilar Fernández Tomé
Funcionaria. Concejala del PSOE en Mostoles
De Foro ético

Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma

“Yo no tenía una ideología, solamente creía en nuestra causa, la de la lucha contra el racismo y por los derechos humanos, y en que era justa. “

Hace apenas tres meses Gobierno y oposición en España honraban y lloraban en público la muerte del autor de esta frase y último gran referente moral del planeta, Nelson Mandela. Defensor de la dignidad de los negros, venerado hasta la extenuación en los momentos previos a su funeral, padre de un mensaje olvidado apenas unos días después por casi todos. Los negros que en los días del funeral veíamos con fraternidad, en medio del colocón colectivo provocado por lo emotivo y mediático del momento, hoy mueren, son acosados, son insultados en playas como la de Ceuta. Los políticos que nos representaron ante el cadáver en ese homenaje  hecho carne a los derechos humanos que era Mandela, debieron dejarse sus enseñanzas olvidadas en algún fastuoso hotel sudafricano. Quizá alguno ni escuchó aquellas ideas que él defendió y que se repitieron una y otra vez en su funeral, por aquello de estar más pendiente de rememorar el gol de Iniesta que de sacar algo útil del legado de aquel hombre. Cínicamente, esos políticos que nos representaron, y aquellos que tanto lloraron la muerte de Mandela, hasta podrían parafrasearle, a su manera. La ideología es lo de menos, lo importante es la causa, pero en este caso la propia, la del juego político, que parece estar por encima de todo, y por supuesto de los derechos humanos, más si son los de negros que se ahogan en Ceuta.

Que mueran más de una docena de personas en una de nuestras playas es horrendo. Que se les hostigue e insulte cuando tratan de salvar su vida es de salvajes. Que se falte a la verdad cuando se dan explicaciones públicas sobre lo ocurrido, una vergüenza inadmisible en un cargo público. Cuanto menos, el ministro a cuyo cargo están los autores de todo eso, el político que no destituye o reprueba a quienes cometen dichos actos, el responsable al que la Unión Europea pide –una más, de una ya larga lista- explicaciones por lo ocurrido y le recrimina excesos, tiene que dimitir sí o sí. Y la oposición, especialmente aquella que se jacta de ser la que en su ADN lleva escrita la defensa de los oprimidos, de los vulnerables, tiene que exigir sin ambigüedad alguna la dimisión de ese ministro. Entregue vídeos o no. No hacerlo es incomprensible e inadmisible. Tal es así que si sus ideologías dejan de importar en favor de una causa, la del juego político, nos acaban obligando a los ciudadanos a que nos olvidemos de nuestras ideologías para defender juntos nuestra causa, que es también la de Mandela.

Seguro que hay mil argumentos para abstenerse de pedir la dimisión de ese ministro. Ahora no se nos ocurre ninguno, pero seguro que sentados en una bancada del Congreso se nos revelan por obra y gracia de algún líder todopoderoso causas mucho más importantes que exigir a nuestros gobernantes catadura moral. Pero lo cierto es que por encima de las personas y de los derechos de las mismas no puede haber nada ni nadie. Y si sus señorías piensan que sí, no sólo habrán perdido la cordura sino también lo poco que les queda de la confianza depositada en ellos por los ciudadanos. Acaba William E. Henley su poema Invictus, que en la película del mismo nombre Mandela recoge como loa a la victoria,  con aquello de “soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma”. Ilustrísimas señorías, guíen bien sus almas, que de su destino ya nos ocupamos nosotros.
Chema Cruz,
Miembro de Foro Ético, periodista, cooperante.
Este artículo de opinión refleja la postura de la asociación Foro Ético ante los hecho acaecidos en Ceuta, la actuación del Gobierno del Partido Popular en relación a los mismos y la abstención de ciertos partidos de la oposición a pedir la dimisión del Ministro de Interior de España.

¿DERECHOS O DERECHAS?

Hace muchos años, decidí actuar en contra de lo que para mí eran las injusticias, me afilie a un sindicato de clase siendo muy joven, apenas con 15 años, y me rebelé contra aquella realidad que como un mandato divino se me imponían en mi condición de persona de la clase trabajadora. Era la época de la lucha obrera, después de morir el dictador, teníamos la posibilidad de construir una nueva ciudadanía, una vida con derechos intocables, derechos que proporcionaban a las personas una vida más digna.

A quienes nunca tuvieron nada, les era, y les es, difícil conseguir los derechos que les son por naturaleza. Solo tras la lucha llega la conquista, por eso la historia de la clase trabajadora es una historia de lucha continua. Cualquier derecho, cualquiera, ha sido conseguido a cambio de huelgas, de represión, de despidos, de lucha, y estos derechos fueron, y han sido, conseguidos siempre participando organizadamente bajo las siglas de los sindicatos y partidos llamados “progresistas de izquierdas”.

Conquistamos en los primeros años de la democracia derechos que otros países ya hacía tiempo que los disfrutaban. En España, primero se tuvo que acabar con la dictadura que mataba y encarcelaba por el solo motivo de nombrarlos. Esa fue la maldita causa de que su consecución fuese más tardía que en resto de Europa. Causa tras la que se encontraba muy a gusto la derechona que sustentaba a aquel régimen fascista.

La Historia nos enseña que si ha habido grandes conquistas sociales siempre ha sido porque la izquierda había llegado al gobierno o había presionado con éxito a los gobiernos conservadores,derechos laborales, estado de bienestar, reparto de la riqueza, la libertad en las relaciones de pareja etc.… Y muchas conquistas que aún están por llegar y que hoy se encuentran en plena reivindicación llegarán con la mando de gobiernos de izquierdas o no llegarán.

Recuerdo algunos de los éxitos, de estas conquistas -me emociono al recordarlo-. Creíamos (ilusamente) que como ya eran nuestros, eran inamovibles, Uno de los últimos, la Ley de plazos, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que permite a las mujeres decidir sobre su voluntad de querer o no ser madres y cuándo serlo. Obviamente, llegó de la mano de un gobierno socialista. Aún retengo en mi retina los abrazos de las diputadas y de los diputados cuando el Congreso aprobó esa ley. Abrazos de alegría por la conquista que suponía para nosotras, las mujeres, tener un derecho que la Constitución se negó a consagrar explícitamente en su texto, y, dejarnos así sin la posibilidad de un derecho fundamental.

Hoy, tres años después y después de a que el PP, el mismo que ahora gobierna, siendo oposición recurriera ante el Tribunal Constitucional aquella ley, como recurrieron otras que recogen muchos derechos de ciudadanía, hoy, como decía, este derecho logrado tras la lucha y las reivindicaciones del movimiento feminista, está en peligro, está en peligro el derecho (a la libertad de decidir –de ese derecho, del de la libertad, nace el acto de decidir, si no hay libertad no es posible decidir) a decidir de las mujeres, libertad para poder determinar si realiza una acción o la contraria: intentar se madre o no, llevar a delante un proceso de gestación o renunciar e él, etc.. No voy a repetir lo que durante estas semanas estamos leyendo a favor de esta ley, esta ley de plazos, personas expertas explican cómo no hay ninguna necesidad de tocarla. Una ley, que sobre todo, devolvía a las mujeres un derecho fundamental de la libertad, su derecho a a elegir ser o no ser madre. 

Yo muchas veces me hago esta reflexión ¿Por qué la derecha, la derecha política, con su alidada la iglesia roba, entierra, destruye, aquellos derechos que creíamos conseguidos e incorporados a  nuestro estatus de ciudadanía? Sin embargo, ni la derecha, ni la iglesia, se manifiestan en contra de las desigualdades, ni legislan contra la pobreza, el hambre, la violencia etc.…

¡Qué ingenua!, pensaba que habíamos conquistado derechos, derechos intocables, derechos que nos devolvían la dignidad, que nos hacía mas equitativas a todas las personas; pensaba que lo habíamos consolidado. Hoy vemos…como se descompone este estado social conseguido a base de luchas y de la solidaridad; hoy, de nuevo, la derecha roba derechos ante la lucha de una sociedad que se rebela, esperando que de nuevo una nueva lucha de clases recupere lo que nunca la derecha debió tocar. 
Ángela Escribano Martínez
Máster en políticas de igualdad y violencia de género
Profesora Escuela de ciudadanía en femenino María Moliner
Militante feminista, afiliada al CCOO-PV y al PSPV-PSOE


Este artículo es opinión y responsabilidad de su firmante. Las opiniones vertidas por las personas visitantes son opinión de las mismas.


Un punto de inflexión

No hace falta tener una gran capacidad de análisis para advertir que nos hallamos en un momento muy particular de la historia. Basta echar una somera mirada a la prensa nacional e internacional, para constatar que buena parte de los principios que fundamentan la cohesión social se tambalean bajo nuestros pies.

Trabajar ya no garantiza un techo para la familia; más de la mitad de la juventud no consigue encontrar empleo; millones de familias subsisten merced a las paupérrimas pensiones de sus mayores; la juventud se ve incapaz de asumir responsabilidades familiares ante la incertidumbre laboral; el pesimismo se ha instalado en amplias capas la sociedad; el desasosiego cunde entre millones de familias con todos sus miembros en situación de desempleo; el temor alcanza sectores críticos como la función pública o a las personas con contratos antes considerados estables; el populismo, la intolerancia y otras formas, causas y efectos de la inestabilidad política crecen por doquier; la credibilidad y confianza en las instituciones públicas del Estado de Derecho está en franco retroceso; el proceso de concentración de los medios de comunicación de masas unifica el discurso, determina la agenda política, simplifica y empobrece el marco intelectual y los horizontes a los que aspira la sociedad… crecen el miedo y la sensación de impotencia.


A la vista de semejante coyuntura, es preciso reconocer el elevado grado de civismo de la sufrida población española, cuya tasa de criminalidad se mantiene en niveles estables, y sobrelleva la indignación, año tras año, con estoicismo y sin estallidos… al menos por ahora.
¿Qué ocurre? Estamos ante un panorama complejo, producto de la acción combinada de elementos aparentemente desconexos. Nos enfrentamos a un escenario difícil, cuyo desenlace pasa por la adopción de fórmulas que no serán ni fáciles, ni rápidas, ni gratuitas.
Nos encontramos ante una ruptura planificada del Contrato Social, cuyo efecto inmediato es el fuerte y acelerado deterioro del marco de convivencia en paz y democracia, la progresiva vulneración de los Derechos Humanos y las libertades civiles, y la paulatina desaparición de las garantías constitucionales:
El empleo ya no está garantizado; las pensiones y los subsidios, tampoco; las ayudas a las personas con dependencia, tampoco; la alimentación de la infancia, tampoco; la disponibilidad de fármacos costeados por el Estado, tampoco; el mantenimiento de las bibliotecas públicas, tampoco; la protección pública de las Artes y las Culturas, tampoco; el acceso universal a la Sanidad Pública, tampoco; el acceso a la educación superior para las personas con talento y/o constancia pero sin medios económicos, tampoco; la inversión pública en investigación y desarrollo científico, tampoco; etc.
Para colmo, la debacle económica no solo afecta a la disponibilidad de crédito e inversión, sino que lleva aparejado un retroceso en las libertades civiles: así, vemos cómo se incrementan las injerencias de la Iglesia en el Estado, cómo se suprime la asignatura Educación para la Ciudadanía, cómo se cuestiona la capacidad de decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo, cómo se reintroducen tipos penales que hasta hace poco se consideraban propios de otros tiempos, cómo se laminan día a día derechos esenciales como las libertades de expresión, reunión, asociación, de cátedra y conciencia.
Bien, es el momento de hacer un alto en el camino. Ha llegado el momento de decir: hasta aquí hemos llegado, detenernos a pensar y adoptar decisiones que nos permitan marcar un punto de inflexión, propiciar un cambio de tendencia y regresar a la senda del progreso y la equidad.
La derecha anhela el establecimiento de un régimen en el que los derechos de toda la sociedad se conviertan en el exclusivo privilegio de una reducida élite, a costa del dolor, el miedo, la ignorancia y la desesperación de la inmensa mayoría, pero dicho régimen jamás será posible, y de llegar a serlo, nunca generará estabilidad. No existe un animal tan dócil que al ser atado no se rebele. El sufrimiento es inestable, por definición.
Es preciso que las mujeres y los hombres socialistas inicien un proceso de profunda reflexión y análisis de la realidad. Es preciso recuperar los valores de la Ilustración: efectiva separación de poderes; salvaguarda de la libertad; laicismo; defensa de las Ciencias, las Artes y las Culturas; carácter electo de todos los cargos públicos; respeto a la diversidad cultural, sexual y de conciencia; educación en la paz, el respeto y la concordia; sometimiento del poder militar a la primacía del poder civil; auxilio social de quienes sufren cualquier tipo de desamparo; protección de la industria y los sectores críticos de la economía; procurar un reparto más justo de la riqueza; y la completa sujeción de toda la riqueza nacional, cualquiera que sea su titularidad, al interés general, en cumplimiento del Artículo 128 de la Constitución Española.
Y no, no son utopías. No podemos considerar que las situaciones distópicas son cotidianas y que la utopía es inalcanzable. Renunciar a ganar ya es perder, y hay demasiado en juego: demasiado dolor presente y cualquier felicidad futura dependerán de la firmeza de nuestras convicciones.
No es momento de claudicar, ni de dejar pasar un tiempo que otros sabrán aprovechar. No es momento de mirar hacia otro lado cuando sepamos del sufrimiento que nos rodea. Ha llegado el momento de anteponer el interés general a la ambición particular. Necesitamos honestidad.

Lo mejor de nuestra historia, está por escribir. Hagámoslo. Ahora.


Jaume d’Urgell,
Presidente de la Fundación Internacional de Derechos Humanos


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