Debates estériles (I)

Este artículo inaugura una serie que me he propuesto escribir con el ánimo de paliar el efecto nocivo causado por el deliberado reduccionismo conceptual que los medios de comunicación ejercen sobren las realidades que como sociedad hemos de solucionar en conjunto, y que deja sin efecto los denodados esfuerzos que la sociedad civil viene realizando. Resulta obvio, incluso para personas poco formadas, que poner el foco de un problema en el lugar equivocado, lejos de ayudar a resolverlo, favorece que se enquiste dando lugar a mayor confusión, y por ende menor eficacia en el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. Para desmadejar el colosal desmadre en el que los poderes fácticos nos han involucrado, es fundamental que localicemos el origen del problema, y de este modo, como en un efecto dominó, el resto de piezas irán cayendo solas, optimizando así el esfuerzo social que es menester para tumbar la primera pieza. Es ya apremiante que una masa crítica de ciudadanos consiga separar los motivos de la enfermedad de sus síntomas, a fin de evitar el fallo multiorgánico al que como colectivo parece que estamos abonados sin remedio. Sigue leyendo

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RESULTADOS DE LAS ENMIENDAS REFERIDAS A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO PRESENTADAS POR FORO ÉTICO A LA CONFERENCIA POLÍTICA 2013 DEL PSOE

LA JUSTICIA EN LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA
Con el objetivo de garantizar un igual y efectivo acceso a la Justicia, tal y como consagra el artículo 24 de la Constitución española, el PSOE ofrece a la sociedad española un conjunto de reformas legales e institucionales que sería deseable que fueran pactadas con el resto de las fuerzas políticas y todos los operadores jurídicos, para que las mismas se conviertan en leyes duraderas que no se modifiquen con cada cambio de Gobierno.
FORO ETICO solicitó que se  incorporara a la Constitución ese conjunto de reformas legales e institucionales, al menos en lo que respecta a la conformación y régimen esencial del Consejo General del Poder Judicial para garantizar su real independencia, evitando su subordinación al juego de mayorías en otros poderes del Estado (Enmienda 1718, RECHAZADA).
Con el mismo objetivo, solicitó también cambiar el sistema de selección y designación de los miembros de altos organismos reguladores y de control para garantizar la efectiva división de poderes y la independencia de sus miembros en su actuación. Hablamos del Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Gobernador del Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Entes de Radio y Televisión Públicas y otras altas instancias del Estado para el mejor control del ejecutivo, del poder judicial, de los poderes públicos, de los partidos, de los poderes económicos y de unas administraciones que han de tener un funcionamiento totalmente transparente y ajustado a la ley. Nos comprometemos a huir de intereses partidistas en su designación, de modo que las propuestas y sistemas de elección a sus miembros se basen en criterios objetivos de trayectoria, capacidad, prestigio y garantía de independencia (Enmienda 1627, RECHAZADA).
UNA NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
En el período del gobierno socialista 2004-2011 la modernización de la Administración de Justicia pasó a formar parte de la agenda política y se sentaron las bases para la tan reclamada, inaplazable y necesaria modernización de la Administración de Justicia española. Debemos proseguir las reformas emprendidas e inacabadas, y actualmente paralizadas, y complementarlas con nuevas medidas que frenen el deterioro del servicio público y eviten el establecimiento de una justicia de dos velocidades en función de quienes puedan o no puedan pagarla.
FORO ÉTICO solicitó asumir el riesgo que comporta la defensa en sede judicial de los derechos (Enmienda 1722, RECHAZADA).
UN SISTEMA DE JUSTICIA PREVENTIVA MÁS EFICAZ
Es deseable regular de forma exhaustiva medidas y procedimientos que, sin obstaculizar el acceso a juzgados y tribunales, introduzcan una oportunidad para la solución extrajudicial de las controversias. Hay una serie de medidas que pueden impulsar la desconcentración de asuntos en los tribunales y la participación activa de la sociedad civil, como la formación de letrados en técnicas de justicia colaborativa, exigir en determinados supuestos un intento de avenencia previo a la demanda y el pleito.
FORO ÉTICO solicitó que se contemplase, entre las medidas para impulsar la desconcentración, la creación de órganos administrativos independientes de control, cuyas resoluciones agoten la vía administrativa, que resuelvan los recursos administrativos que ordinariamente procedan o, en su caso, los recursos especiales, voluntarios para los interesados, que pudieran establecerse (Enmienda 1731, RECHAZADA). Asimismo, para impulsar la participación activa de la sociedad civil, FORO ÉTICO solicitó la implementación de un sistema de justicia cívica, de carácter informal y preventivo, basado en la adopción de mecanismos de mediación o conciliación, que permita a los ciudadanos resolver con inmediatez los pequeños conflictos que inciden en la vida cotidiana (Enmienda 1731, RECHAZADA).
Los socialistas apostamos por reformar el sistema de seguridad jurídica preventiva, con el objetivo de evitar duplicidades, de reforzar el carácter funcionarial de los Cuerpos (Notarios y Registradores), la revisión de los sistemas de acceso y formas de ejercicio y de modernización de los procedimientos. En su condición de funcionarios públicos, los Notarios intensificarán su colaboración con las Administraciones Públicas, en especial en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
FORO ÉTICO solicitó, para reforzar el sistema, que se tomase en consideración los mecanismos de supervisión y control sobre la actividad de los fedatarios públicos (Enmienda 1768, rechazada), y la calidad del sistema de bases gráficas catastrales y registrales (Enmienda 1770, RECHAZADA).
LA REFORMA DE LA INSTITUCIÓN DEL INDULTO
Los socialistas revisaremos la institución del indulto para asegurar que sea un instrumento que solo se aplique de forma excepcional, adaptada a los parámetros de la democracia y el Estado de Derecho y atienda primordialmente a la reinserción en la sociedad. De la solicitud de indulto serán informadas las víctimas del delito, a las que se les pedirá su parecer. El expediente de indulto contará además con el informe preceptivo del Tribunal sentenciador, del Ministerio Fiscal, y de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario o del Subdelegado del Gobierno, en el supuesto de que el reo se encuentre ya en libertad. La concesión del indulto deberá ser motivada.
FOR ÉTICO solicitóque fuera necesario el informe favorable del Tribunal de mayor grado que hubiese conocido del asunto, excluyendo indeseables e injustificadas expresiones de arbitrariedad (Enmienda 1751, RECHAZADA). También solicitó que se exigiera la motivación como elemento que inexcusablemente debe acompañar a cualquier decisión discrecional (Enmienda 1756, ACEPTADA).
UN NUEVO GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL
Treinta y tres años después de su puesta en marcha la institución está necesitada de un replanteamiento, que por afectar a elementos básicos de su configuración, debe desplegarse en el marco de una reforma constitucional. Articular un modelo de Consejo que se configure como un órgano colegiado e independiente de los restantes poderes públicos, que gestione el estatuto judicial, sustrayéndolo del poder ejecutivo, léase Ministerio de Justicia. Defendiendo, además, el principio democrático de elección de los vocales, y fortaleciendo su papel constitucional, adaptando sus competencias a sus genuinas funciones, para mejorar su funcionamiento y racionalizando una institución llamada por la Carta Magna a garantizar la independencia de los miembros de la carrera judicial, lo que contribuirá a garantizar un buen servicio público de la justicia para todos los ciudadanos. Consideramos que la publicidad y la transparencia redundarán en mejorar su imagen y deben de ser principios básicos e inexcusables de sus actuaciones.
FORO ÉTICO solicitó que el replanteamiento de esta institución tuviera como objetivo fundamental garantizar, de una vez por todas, una efectiva separación de poderes en general y que el gobierno del poder judicial no estuviera sujeto a las mayorías y ciclos políticos de los restantes poderes del Estado (Enmienda 1746, RECHAZADA).
UN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL REFORZADO EN SU LEGITIMIDAD
El Tribunal Constitucional ha sido una institución que ha cumplido, más que sobradamente, las expectativas que en él se depositaron cuando la Constitución de 1978 lo creó y reguló en su Título IX, aunque no ha estado exento de críticas y deslegitimaciones como órgano jurisdiccional garante de la Constitución. Al objeto de que dejen de generarse situaciones confusas, gravemente perjudiciales para el funcionamiento del Estado de Derecho, se delimitarán con mayor claridad las funciones que competen a la jurisdicción constitucional frente a la ordinaria con ocasión del recurso de amparo.
FORO ÉTICO solicitó, al objeto de que dejen de generarse situaciones confusas, gravemente perjudiciales para el funcionamiento del Estado de Derecho, que se delimitarán con mayor claridad las funciones que competen a la jurisdicción constitucional frente a la ordinaria con ocasión del recurso de amparo (Enmienda 1760, ACEPTADA)

¿ES LA JUSTICIA IGUAL PARA TODOS?

Artículo 24 de la Constitución. Protección judicial de los derechos:

Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. Eso dice textualmente la constitución


Pido a los jueces que mantengan y respeten este artículo, pero también les pido que no dejen a los ciudadanos en la indefensión de no ver condenados a culpables políticos o financieros por fraude moral y/o material, al aplicar interpretaciones de ley que favorecen al culpable o presunto culpable en contra del interés general y la justicia, interpretaciones que no aplicarían a un ciudadano normal, al dilatar o entorpecer investigaciones que favorecen al presunto o seguro culpable.
Los jueces tienen la obligación moral y profesional de hacer justicia, de hacer la misma justicia para todos y llevarla hasta sus últimas consecuencias en todos los casos, incluso en casos políticos y grandes fraudes financieros y fiscales. Los jueces tienen esa obligación moral y profesional, por ética, por higiene moral y mental de los españoles.
¿Qué es la justicia?
La justicia es a la vez un ideal filosófico y moral, y ante todo un valor que debe o debería medir a todos los ciudadanos con la misma balanza de igualdad.
El ideal de lo justo es indisociable de la actividad de juzgar. La justicia se prueba en ese hilo fino que separa lo justo de lo injusto, en ese acto por el cual se imparte justicia, en el hecho de sancionar una falta. Sobre los jueces recae la responsabilidad de aplicar la ley y discernir lo justo de lo injusto.
¿La justicia es independiente?
La independencia y la imparcialidad constituyen los dos principios fundamentales de todo sistema judicial y está garantizada por la Constitución.
Esto ¿debería garantizar? a los justiciables que el acto de juzgar será determinado únicamente por argumentos del acto judicial, fuera de toda presión o perjuicios. La separación de los poderes ¿garantiza y pone al abrigo? de presiones y amenazas a los jueces.
¿La justicia es imparcial?
La imparcialidad está recogida en la Convención europea de derechos humanos y denota la ausencia de prejuicio que debe caracterizar al juez. En este sentido, la independencia se refiere a la relación entre el juez y los otros poderes y es una condición necesaria, pero no suficiente, de su imparcialidad en su relación con los justiciables.
¿La justicia es igual para todos?
El principio de igualdad de los ciudadanos figura en la declaración internacional de derechos humanos e implica la igualdad de los ciudadanos en la aplicación de la ley por las instituciones judiciales.
El artículo 14 de la Constitución dice: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
No más casos de la Rosa, no más casos Camps, no más casos Cesar Alierta. Como señalaba el New York Times, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de estarlo.”El Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su presentación al tribunal”. 
Perdida la confianza en los políticos, los ciudadanos tenemos, queremos y necesitamos creer en la justicia. Necesitamos saber, creer y tener la seguridad de que la justicia es igual para todos. Pido a los jueces que respeten y apliquen el artículo 14 de la constitución.

Raúl Cortés Pérez

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REFORMAR LA JUSTICIA, COMBATIR LA CORRUPCIÓN

La capacidad de la Justicia de perseguir y sancionar las conductas delictivas es un instrumento fundamental en la lucha contra la corrupción. Tenemos por delante un largo camino si queremos que  la Justicia cumpla este propósito. Cuatro son los objetivos básicos que debiéramos atender: 1. Creación de equipos especializados. 2. Despolitización. 3. Dotación de recursos. 4. Ajustes legislativos.

Equipos especializados. El PSOE ha propuesto esta semana la creación de una Oficina Anticorrupción compuesta por inspectores especializados de máximo nivel. Ésta u otra fórmula similar pueden llenar el vacío actual de equipos especializados en materia de lucha  contra la corrupción. La Audiencia Nacional, mucho más liberada ahora de sus competencias habituales debido al final de terrorismo, puede asumir esta especialización. Sea cual sea la fórmula, el nuevo organismo debe disponer de recursos y personal suficiente para atender funciones diversas: establecimiento de un plan de acción contra la corrupción, promoción de la ética en la función pública, desarrollo de mecanismos de prevención y coordinación  con otros organismos, etc.

El mayor riesgo de la creación de un órgano de estas características es la politización de su composición y tareas. Si se convierte en un instrumento en manos de uno u otro partido, acabará siendo un lastre, costoso e inoperante. Por tanto, antes de ponerlo en marcha, conviene que los partidos se comprometan firmemente en evitar cualquier intromisión política.

Despolitización. Resulta igualmente indispensable reforzar la independencia de los órganos en funcionamiento, por ejemplo, la Agencia Tributaria y el Consejo General del Poder Judicial. Éste último es el órgano rector de los jueces pero no es elegido por los jueces sino por intervención directa de dos asociaciones de magistrados vinculadas a los partidos mayoritarios.

Por otra parte, se ha hablado mucho estos días del alto grado de politización de otro órgano en activo, el Tribunal de Cuentas. Su nombre es engañoso porque no se trata de un juzgado que dependa del Poder Judicial, sino de un órgano que tiene como misión fundamental el control  económico de las Administraciones y de los partidos. Este Tribunal no cumple su misión con diligencia debido, en parte,  al control que ejercen los partidos sobre él. Sus consejeros se nombran directamente por el Congreso y el Senado,  y dependen de las cuotas de poder de los dos grandes partidos.
                                             
El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han denunciado esta intromisión en reiteradas ocasiones. Éste último  ha reclamado, recientemente en varias sentencias, la dotación de más funcionarios de carrera que accedan por oposiciones, en contraposición a los habituales nombramientos recomendados por los partidos.

Dotación de recursos. A pesar de ser un organismo clave para el buen funcionamiento del sistema democrático, el Tribunal de Cuentas tampoco dispone de los medios necesarios para realizar su tarea. Los informes sobre las cuentas de los partidos políticos se emiten con una media de cinco años de retraso.

El problema de la falta de recursos económicos es otra grave deficiencia de nuestro sistema judicial y genera percepción de impunidad. Un Plan de Acción contra la Corrupción debe estar dotado de recursos humanos y materiales suficientes para su implantación. La actual situación económica del país dificulta esta necesidad, pero corresponde hacer un especial esfuerzo por tratarse de un problema de máxima prioridad. Debe incrementarse los recursos o como mínimo mantener los actuales, sin recurrir a ningún tipo de recortes.

Ajustes legislativos. Por último, cabe destacar la necesidad de solventar ciertas deficiencias legislativas. Destaca, por su trascendencia, la eliminación de la prescripción de los delitos de corrupción, en especial de aquellos que causan mayores perjuicios económicos y afectación moral. Muchos  de estos delitos acaban sin juicio porque prescriben debido a la saturación de la Justicia. La persona que comete un delito de corrupción debe saber que no hay tiempo que pueda disculpar su conducta. Esta medida sería un buen mecanismo disuasorio y requiere la modificación del Código Penal y otras leyes orgánicas.

Las leyes actuales deben ser también revisadas para incluir las siguientes modificaciones:

·         Especificar de forma más clara la responsabilidad criminal del delito de corrupción política y generar el concepto de “daño social”, entendido como la afectación y la pérdida del bienestar social que ocasiona un acto de corrupción
·         Incluir nuevas modalidades de corrupción, por ejemplo, los delitos cometidos contra la Administración (gestión desleal de los asuntos públicos, abuso de funciones, conocimiento, intención y propósito como elemento de delito, etc.).
·         Neutralizar los recursos que usan premeditadamente los corruptos para burlar y sortear la ley y los plazos de prescripciones.
·         Adecuar la legislación nacional a las convenciones internacionales vigentes en materia de lucha contra la corrupción
·         Resaltar la responsabilidad que tienen los bancos y las entidades financieras en la detención y denuncia de operaciones sospechosas. Este es un primer  filtro de control en el que hay que insistir.
·         Limitar los mecanismos actuales de “huida del Derecho administrativo” que utilizan algunas administraciones para buscar un régimen legal más flexible de gestión. Por ejemplo, la creación de empresas públicas.
·         En aquellos casos en los que resulta evidente que ha habido un enriquecimiento rápido e injustificado de patrimonio, se debería permitir la “inversión de la carga de la prueba”, es decir, que sean los sujetos quienes demuestren el origen y la justificación de su enriquecimiento.
·         Garantizar que las entidades o personas perjudicadas por un delito de corrupción pueden iniciar acciones legales contra los responsables y obtener la debida indemnización.
·         Los juicios por corrupción política deberían tener cierta preferencia. Esperar años para obtener una sentencia representa un gran inconveniente que afecta a buena parte del sistema político y social.
·      Incorporación de los jurados populares para hacer partícipes a los ciudadanos en la Administración de Justicia en asuntos relacionados con la corrupción política,
·         No permitir que los condenados por sentencia firme obtengan beneficios penitenciarios si no han devuelto al Tesoro Público las cantidades defraudadas.
·         Endurecer la Ley para el Ejercicio de la Gracia de Indulto, en virtud de la cual los gobiernos indultan a condenados por corrupción política según su posicionamiento ideológico u otros condicionantes.
·         Identificar aquellas prácticas nocivas que se han extendido en la sociedad y no constituyen delitos penales (algunas de ellas pueden ser perfectamente legales), pero que acaban generando un alto grado de permisibilidad. Son conductas de corrupción de baja intensidad que resultan muy dañinas porque fomentan la banalización.

Todas estas mejoras legislativas deben ser incorporadas al actual marco jurídico evitando, en lo posible, los inconvenientes de la sobreregulación, la rigidez y los formalismos de los procedimientos. Todo un reto.

Carmen Moraira

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