Una transparencia demasiado opaca

La transparencia es una de las palabras más usadas últimamente en todos los partidos políticos. Con esta fase de regeneración que se supone estamos viviendo todos quieren echar carreras para ver quién es más joven, más innovador, más transparente, más descarado y más auténtico.
En un momento en el que la corrupción parece ser un virus que ha venido para destrozar todo lo que encuentre a su paso (como si en los últimos treinta, setenta, doscientos años no fuera nuestro país un lugar idóneo para este tipo de actividades), la ciudadanía necesita respuestas contundentes. Y aunque muchas de ellas sean buenos pasos, en la mayoría de los casos, cuando miramos con lupa las innovadoras propuestas, terminan resultando casi como un atractivo anuncio que utiliza publicidad engañosa. Leyendo la letra pequeña encontramos “Diegos donde se dijeron digos” y se somete todo a tanta condicionalidad que más bien parece una póliza de un seguro, que una propuesta con la intención de llevarse a cabo verdaderamente. Sigue leyendo

La política de mesa-camilla

La política no es sucia; sucias son las personas infames que entran en ella y la corrompen, que es distinto. De unos años a esta parte mucho se ha hablado de la necesidad de transparencia en la gestión pública y en la vida política, pero casi siempre referido a los procedimientos administrativos en el gasto de nuestros impuestos. Empero, yo apostaría por ir más allá de las consecuencias y apuntar a la raíz del problema, a las causas primeras que desembocan en la corrupción posterior de los políticos. Me refiero a cómo consiguen estas personas corruptas llegar y mantenerse en el poder. Y, en el camino, corromper a otros compañeros débiles de espíritu pero ayunos de moral.

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Ética, transparencia y coherencia. Cuestión de voluntad

No me cansaré de repetir estas palabras una y otra vez. Ya advierto que en este artículo se repetirán varias veces. Como persona y como socialista tengo muy claro que no daré ni un paso atrás en defenderlas siempre y si para ello tengo que renunciar a algo, lo haré, como ya lo he hecho en el pasado.
 
Todos cometemos errores, pero de estos se debe aprender para no volver a caer en ellos. Cuando el error solo te afecta a ti se queda en tu ámbito y ya está, pero cuando este error afecta a una organización, como es el caso de un partido político, la responsabilidad es más grave. La falta de ética, de transparecia y de coherencia, dan lugar a graves errores que nos alejan cada día más de la ciudadanía, esa a la que se supone debemos servir y no al revés.
Aferrarse a un cargo aunque con ello se hunda el partido, no dimitir aunque uno esté imputado al cuadrado o al cubo, perpetuarse en oligarquías que le aseguren la vida (Beatriz Talegón me recordó ayer cuan frecuente es la “Ley de las oligarquías” de Michels), recibir o dar ayudas sin ningún tipo de control ni transparencia…. La lista de comportamientos faltos de ética y transparencia es interminable, por desgracia.
A muchos se les llena la boca de ética, transparencia y otras formas cuando acceden a un cargo, pero demasiado a menudo se les olvida que están ahí porque hubo personas que confiaron en ellos y en sus promesas. Y que a nadie se le ocurra poner de verdad en práctica lo de la transparencia y la ética (eso solo se dice para quedar bien, tonta), porque puede arriesgarse a que lo expedienten o expulsen del partido.
El famoso “daño al partido” que se invoca siempre desde un inmovilismo pacato cuando alguien osa discrepar, no lo hacen aquellos que trabajan con ética y transparencia, sino que lo hacen aquellos que intentan tapar las vergüenzas para que no les salpiquen. Y así va creciendo la bola hasta que explota, porque al final siempre explota. El tiempo siempre acaba dando la razón a quien la tiene.
El daño de verdad al partido lo hacen quienes siguen perpetuándose en prácticas oscurantistas, más propias de clanes que de organizaciones sociales, para preservar su trocito de poder y que nadie les mueva de ahí. Que no nos engañen, es solo cuestión de voluntad. Repito: ÉTICA, TRANSPARENCIA y COHERENCIA.

 

Mercè Perelló Coderch
Documentalista y miembro de Foro Ético


Este artículo es opinión y responsabilidad de su firmante. Las opiniones vertidas por las personas visitantes son opinión de las mismas.

SECTORES REGULADOS, TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN

Los sectores regulados en España nacen al principio de la década de los noventa como resultado de los programas de liberalización de mercados que marcaban la política económica liberal en el panorama internacional. Es seguro que la política del gobierno Aznar se inspiró en el ejemplo inglés donde, las reformas pioneras llevadas a cabo en el Reino Unido desde los años 80 por el gobierno Thatcher, significaron un cambio radical en la organización de estos sectores, en cuanto a que las decisiones que se tomaron en aras a una mayor eficiencia económica consistieron en medidas de desintegración vertical, liberalización y privatización. Además, la aprobación de las directivas europeas (EC, 1997,1998) sobre la aplicación de reglas comunes para la creación del mercado interior de la energía supuso un impulso adicional en la misma dirección.

Los sectores susceptibles de regulación son sectores que tradicionalmente habían permanecido apartados de la disciplina de mercado, en los que las empresas eran propiedad del Estado, o bien estaban sometidas a una intensa regulación por parte de las autoridades públicas. La naturaleza de estas industrias es la producción de bienes y servicios básicos esenciales, pero además comparten todas, una característica principal, se requiere una red para su suministro. Tal es el caso de las telecomunicaciones, el gas, el agua o la electricidad. Y es por tanto, lo que determinaba básicamente que se consideraran y se trataran como un monopolio natural en todas las fases del proceso productivo.

Con el nuevo enfoque liberalizador, las diferentes actividades que componen el suministro, ya no son vistas como un único sector con características de monopolio natural, sino como un conjunto de actividades complementarias, algunas de las cuales conservarían la característica de monopolio natural. Y el proceso de reestructuración entonces, se basa en la desintegración de la configuración tradicional de la industria mediante la identificación y separación de las actividades susceptibles de funcionar en régimen de competencia, de las actividades que debido a sus características de monopolio natural, deben continuar sometidas a la autoridad reguladora.

Estas actividades sometidas a regulación son las que dan lugar al desarrollo de instituciones reguladoras que por un lado, gobiernen los segmentos caracterizados por monopolio natural y, por otro, promuevan y aseguren el correcto funcionamiento del mercado en los segmentos competitivos. Pero todo esto, que en la teoría y el discurso político puede ser muy bonito y fácil de entender, es muy complejo de implementar y de estructurar en el caso de los sectores regulados, ya que a los problemas de competencia comunes a cualquier liberalización de mercado les debemos sumar los de regulación. Los problemas de regulación se centran en la necesaria regulación de precios y en las propias instituciones reguladoras, ya que el objetivo principal y tradicional de la regulación es la prevención del poder del monopolio de las compañías, evitando abusos y discriminaciones entre los consumidores.

Los problemas de la competencia en sectores regulados surge a finales de los 90, ya que confluye por una parte la exclusión por Ley de la legislación de defensa de la competencia para este tipo de sectores y, además, la progresiva consideración del mercado único europeo y en general, el imparable proceso de globalización, hace que aparecieran diariamente continuas operaciones de concentración, alianzas y fusiones que afectaban a grandes empresas eléctricas, petroleras, de transporte y telecomunicación, tanto en España como fuera de España. Todas debían pasar el escrutinio de las Autoridades de la Competencia (a veces, más de una, en Europa y Estados Unidos) en medio de una total incertidumbre económica y legislativa como la española. Este escenario, favoreció una absoluta discrecionalidad, por no decir arbitrismo, con que los gobiernos autorizaron, vetaron o condicionaron las operaciones de concentración, impropia de un Estado de Derecho y más basada en beneficios partidistas, cortoplacistas y de “lobbies” de presión, que en argumentos técnicos y de interés público.

Como consecuencia de estas operaciones la tipología de los sectores regulados es muy similar. Podríamos definir cada uno de ellos como un mercado de tipo oligopolio, constituido por un número muy pequeño de empresas que dominan la actividad. Esta estructura paradójicamente es de lo que se quería huir. Curiosamente pasamos de un monopolio del estado a unos pocos monopolios en manos privadas y que como hemos visto en la actualidad internacional en estos años, sucumben fácilmente a una mala práctica, castigada con grandes multas, concertar los precios como un “cartel”.

Finalmente, a modo de ejemplo y debido a la trascendencia económica y social que supone en estos últimos años, vamos a adentrarnos un poco más en detalle en el mercado eléctrico español.

El Mercado Eléctrico Español podríamos considerarlo como un oligopolio, en el sentido de que se reparte entre cinco grandes empresas eléctricas, las cuales generan el 80% de la producción total y el 90% de la venta o comercialización españolas. Estas empresas son: Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, EDP-Energías de Portugal y E.ON

La primera fase de la liberalización del sector eléctrico comienza en la primera legislatura del gobierno de Aznar (Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico), en la que se separan las actividades reguladas (transporte y distribución) de las no reguladas (producción y comercialización), por lo que las empresas se ven obligadas a separar contable y jurídicamente esas actividades. El Gobierno presidido por Aznar y apoyado oficialmente por Piqué, Nemesio Fernández Cuesta y Luca de Tena, decide entonces “indemnizar” con 1,3 billones de PTA a las empresas eléctricas existentes en ese momento en base a lo que se definió como CTC (Costes de Transición a la Competencia) ya que se pasaba de un sistema regulado totalmente a otro liberalizado. Desgraciadamente, no se concretó ninguna prescripción para el gasto de esa desorbitada cantidad, por lo que fundamentalmente las empresas lo gastaron en fusiones, adquisiciones y diversificación, aprovechando el escenario económico y legislativo que se ha mencionado anteriormente y no lo hicieron en ser más competitivos en el sector eléctrico.

Al mismo tiempo, este gobierno desarrolla la Ley Eléctrica, determinando que es el mismo gobierno el encargado de aprobar las tarifas eléctricas en cada período marcado. Anualmente hasta 2007 y trimestralmente desde 2007. En el año 2000 los responsables gubernamentales aprobaban unas tarifas que no incluían todos los costes que las compañías eléctricas aseguraban tener, reconociendo ya legalmente ese déficit de tarifa, con lo que ya estamos asistiendo al origen del “Déficit Tarifario” de Piqué, que arrastramos desde entonces y que actualmente es superior a 27.000 Millones de Euros. Se trataría de una especie de deuda aplazada de los consumidores con las empresas eléctricas. El objetivo de este déficit era mantener bajos los precios de la electricidad y evitar efectos negativos en la inflación, la competitividad, así como desgaste político.

La explicación dada en su día por Josep Piqué, Ministro de Industria en esa época, sobre el porqué de esta medida es que la situación económica del país era mala y con ella y otras medidas se trataba de aliviar la situación de los consumidores (empresas y familias). Sobre dicha medida añade que tenía carácter temporal. El problema ha sido que, hasta ahora, los
sucesivos gobiernos han mantenido esta decisión y el déficit de tarifa ha aumentado. Cuando se incurre en déficit, el sistema eléctrico asume esta deuda que, una vez reconocida a las compañías eléctricas, habrá que pagar a lo largo de los años siguientes mediante un aumento del precio de la electricidad.

El quid de la cuestión es que el déficit tarifario no es un déficit económico, sino regulatorio; ya que se define como la diferencia entre los ingresos que las empresas perciben por los pagos de los consumidores (que fija la Administración y que pagan por sus suministros regulados y competitivos) y los costes que la regulación les reconoce por suministrar electricidad (costes de adquisición de la energía para las tarifas integrales, de transportar, distribuir, subvencionar determinadas energías que según el Ordenamiento Jurídico están incluidos en las tarifas, etc.). Y la verdad es que los costes reales que tienen las empresas son inferiores a los costes que la regulación les reconoce. De hecho, el coste real de la producción de electricidad es desconocido porque las empresas productoras se niegan a someterse a auditorías públicas de costes, así como el dudoso y engañoso sistema en el mercado horario de subasta (pool), pagándose el kWh de equilibrio al precio marginal, que es el precio más alto de la casación.

En definitiva, los gobiernos que desde el año 2000 han aprobado estas tarifas eléctricas han tenido en cuenta los costes esperados, pero también los “costes deseados” (desde el punto de vista del regulador) de suministrar electricidad para ese periodo. La divergencia entre los costes reales esperados y los costes “deseados” por el regulador se debe, fundamentalmente, al coste político del supuesto impacto inflacionista de las tarifas eléctricas y a su efecto sobre la competitividad de algunos sectores de producción con consumo intensivo de energía. El miedo de las sucesivas administraciones a estos efectos derivados de un aumento de las tarifas eléctricas ha hecho que los distintos Gobiernos hayan preferido incluir en el proceso de cálculo de las tarifas el “coste deseado” de suministro en vez del “coste esperado”.
El hecho real es que en España pagamos por la electricidad uno de los precios más altos de Europa, según lo declara la misma Comisión Nacional de Energía en el Informe sobre el sector energético español, del 7 de marzo de 2012,
“…
Con respecto al nivel de competitividad del sistema, en España los precios finales, especialmente de electricidad, que tienen un impacto directo en la competitividad industrial, se situaron en 2011 en el rango elevado de la Unión Europea. Por su parte, los precios finales para los consumidores doméstico-residenciales, especialmente de electricidad, registran puestos entre los más elevados del ranking europeo…

María Teresa González Aguado 

AGENDA DEMOCRATICA. Una llamada a ejercer el control de la regeneración democrática

Desde Foro ético queremos avanzar en la regeneración de la vida política y  luchar decididamente contra la corrupción.

Existe la sensación de que el proceso de regeneración está parado,  que  no se adoptan medidas para que la ley se respete y que si se adoptan acuerdos estos no se aplican.

Es lo que consideramos está ocurriendo con la Resolución sobre regeneración democrática y transparencia que se adoptó por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 26 de febrero.
Tras el debate en el Congreso de los Diputados sobre el estado de la nación, se aprobó una Resolución con un conjunto de actuaciones propuestas por el PP y votadas a favor por UPyD, CIU y PNV con la abstención, por no contener las suficientes medidas, del PSOE e IU.. Con la citada Resolución se pretendía dar respuesta a las demandas urgentes de importantes sectores de la sociedad española para abordar la regeneración de la política y mejorar la calidad de la democracia.
Pero la Resolución no tiene un alcance suficiente para dar respuesta a los problemas ni se aprobaron  garantías y controles especiales para asegurar la celeridad exigible en su puesta en marcha , ni la profundidad necesaria.
Aún así consideramos que debe darse a conocer lo  mas ampliamente posible con el fin de que la opinión pública la conozca, y para que con actitud de compromiso colectivo ,  realicemos un control sobre las medidas comprometidas en esta Resolución detectando los retrasos, incumplimientos y carencias de la misma, manifestando cuantas actuaciones entendamos que hay que hacer para avanzar decididamente en la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción.
Reproducimos a continuación el texto de la Resolución aprobada en el Congreso y recogemos algunas notas a la misma , en color rojo, así como recogeremos cuantas aportaciones nos hagáis llegar por cualquier medio.

Es preciso que entre tod@s propiciemos un desarrollo urgente de los compromisos adquiridos por el Parlamento que han de tramitarse como reformas legislativas de urgencia, e incorporemos otras medidas complementarias no previstas en la Resolución. 


RESOLUCIÓN SOBRE “REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENCIA” DEL PLENO DEL CONGRESO TRAS EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN, CON LOS VOTOS A FAVOR DE PP, UPYD, CIU, PNV, … Y LA ABSTENCIÓN DE PSOE E IU.


El Congreso de los Diputados considera necesario un acuerdo de las fuerzas políticas, con el fin de adoptar cuantas medidas de regeneración democrática, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción sean precisas para que los ciudadanos aumenten su confianza en las instituciones. Entre otras, este acuerdo debería incorporar las siguientes iniciativas:

1.La elaboración de un pacto ético entre los partidos respecto al tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados. 

        Los pactos éticos han demostrado hasta ahora su inutilidad, algunos (PP especialmente) los incumplen sistemáticamente. La mejor forma de forzar a los otros a cumplir es predicar con el ejemplo y ser líderes imponiendo medidas ejemplarizantes para que a los demás no les quede más remedio que cumplirlas también.

2. La creación de una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración de la democracia. 

Si el informe no es vinculante o no se establece algún tipo de sanción, quedará como papel mojado.


3. La aprobación por parte del Gobierno de los siguientes proyectos de ley para su remisión al Parlamento:

a) Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos con nuevas exigencias a los partidos, como los procedimientos mínimos de aprobación de cuentas, que, en todo caso, deberán ser aprobadas y remitidas al Tribunal de Cuentas en los primeros tres meses del año siguiente al ejercicio al que se refieran, la regulación del papel de los responsables económico- financieros de estas organizaciones, así como el tratamiento de las donaciones a los partidos políticos. 

        Los partidos deben no sólo publicar sus cuentas sino rendir cuentas de en qué se gasta cada euro, los resultados de cada euro invertido, no simplemente una relación de partidas. Igualmente se debería publicar la relación del personal a sueldo de los partidos, los cargos de confianza, sueldos, qué labor desempeñan, cuál fue el sistema de selección Si no por ley, el PSOE podría ser pionero en ofrecer esa información.

b) Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para articular más instrumentos de control para poder optimizar la capacidad de respuesta, en tiempo adecuado, del Tribunal de Cuentas, así como más medios para su desarrollo y fórmulas de colaboración por parte de la AEAT, el INSS y la Oficina de Conflictos de Intereses.

c) Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para fortalecer el régimen de las prohibiciones de contratación con el sector público a todas las personas físicas y jurídicas condenadas por corrupción. 


d) Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, que constituya un verdadero Estatuto del Cargo Público al servicio de la Administración General del Estado. Esta norma debería incluir, entre otras, las siguientes medidas: la regulación de la publicación de las declaraciones tributarias, de bienes y de actividades de los cargos públicos; la realización de auditorías de la situación patrimonial de los altos cargos al final del mandato; el establecimiento de escalas de retribución de los cargos públicos de la Administración General del Estado; la determinación y límites de los sistemas de protección social; la limitación de la compensación tras el cese, y el refuerzo de la Oficina de Conflicto de Intereses.

e) Reforma del Código Penal para endurecer la sanción de la corrupción. En concreto, se analizará el tratamiento penal de los siguientes delitos existentes en la legislación penal y de nuevos comportamientos que pudieren ser incorporados: prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, delitos urbanísticos, omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos politicos de sus cuentas y patrimonio social, financiación ilegal y enriquecimiento injustificado de los cargos públicos electivos. Asimismo se determinará el aumento de los plazos de prescripción para esos delitos.

f) Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para clarificar la competencia de los Tribunales y agilizar los procedimientos para la persecución de los delitos de corrupción para que el tiempo de respuesta ante el delito no sea, en ningún caso, ni una forma de impunidad para el delincuente, ni una condena pública sin sentencia. 

Hay que reformar las leyes pero sobretodo reforzar su cumplimiento y además empezar y fomentar la transparencia que es una manera de reforzar la prevención.


4. En el ámbito parlamentario, se adoptarán los siguientes acuerdos:

a) Incorporación a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno de los siguientes extremos:

I. La mejor fórmula para incorporar a la Ley de Transparencia a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público.

II. Cláusula de inmediata entrada en vigor de las obligaciones de transparencia de los partidos políticos.

b) Estudio, en las correspondientes comisiones parlamentarias, de los siguientes aspectos:

I. Medidas oportunas a adoptar para regular las organizaciones de intereses o “lobbies”, con medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites.

II. Forma de aplicación a Diputados y Senadores de las normas de transparencia incluidas en la futura Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, estableciendo un procedimiento concreto de publicidad de las declaraciones tributarias, de actividades y bienes. 

No sólo declaración de bienes y empresas en las que están presentes sino también a qué dedican su tiempo, en qué intervienen, cómo responden a su electorado, cómo rinden cuentas de su actividad,  alguna de esa información ya existe pero no es de fácil acceso, hay que insistir siempre en que la información sea pública de forma accesible y en formato reutilizable.

III. Reformas necesarias para modernizar las campañas electorales (sondeos, tratamiento por los medios, debates e incluso duración). 


Y debería haber mecanismos de control sobre el cumplimiento de los programas.


IV. Nuevas medidas a adoptar contra el transfuguismo político.

V. Posibles reformas de la Ley Orgánica reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular para facilitar su impulso y tramitación.

VI. Posibles reformas de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para mejorar el procedimiento de votación de los ciudadanos españoles residentes en el exterior.

VII. La puesta en marcha inmediata de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales

Sobre la necesaria transparencia y democratización interna de los sindicatos.

Son sindicatos aquellas organizaciones que defienden los intereses de los trabajadores, tal como los define nuestra Constitución o simplemente aquellas asociaciones de trabajadores, jurídicamente constituidas para la defensa y la promoción de sus intereses profesionales, económicos o sociales de sus miembros. De todos ellos solo tendremos por representativas las organizaciones  que representan al conjunto o a una parte de los trabajadores y trabajadoras de una empresa o administración tras obtener la representatividad necesaria mediante la celebración de unas elecciones para negociar las mejoras laborales y salariales de sus representados o del conjunto de personas de un colectivo determinado.
¿Por qué planteamos esta explicación previa?. Porque es necesario que cuando se habla de sindicatos no se centre el debate únicamente en las dos organizaciones más representativas de este país, que también, sino que ese debate debe alcanzar a todos ellos pues el binomio transparencia y democracia debe estar presente, obligando conductas, en toda organización sindical, por pequeña que sea su representatividad en su ámbito de actuación, porque también está recibiendo fondos públicos y está obligada a dar cuenta sobre su correcta utilización.
En cuanto a su regulación, en la legislación española, el Comité de Empresa está regulado en los artículos 62 y 63 del Estatuto de los Trabajadores, como uno de los tres órganos colegiados representativos de los trabajadores a efectos de relaciones laborales. Para concurrir a las elecciones sindicales en España es necesario hacerlo en representación de un sindicato legalmente constituido, o avalado como independiente, por un porcentaje de firmas de entre el total de trabajadores de la empresa o centro de trabajo. En este último caso, la eficacia de la elección se agota en el ámbito para el que esos representantes hayan sido elegidos, es decir, no serán tenidos en cuenta a la hora de determinar su carácter representativo.
En el mundo occidental no cabe dudar del papel que jugaron las organizaciones sindicales en los siglos XIX y XX, como defensoras, en un primer momento,  de la vida de los trabajadores e inmediatamente después como definidoras y defensoras de los derechos de los trabajadores. En España, los sindicatos, surgidos en el año 1830 han constituido un elemento fundamental de modernización, unas veces a través del enfrentamiento y otras mediante la negociación, contribuyendo a la construcción de un sistema en el que la garantía de un creciente bienestar para la clase obrera y la movilidad entre clases terminaron siendo una realidad.
Ya en el siglo XX, -y sin entrar a analizar el papel político que cumplieron durante la Guerra Civil – durante la dictadura franquista, se plasmó la concepción falangista de que en las relaciones laborales no había ni clases ni grupos enfrentados, sino que todos, patronos y trabajadores tenían un mismo fin que les iguala. De ahí los denominados Sindicatos Verticales. Una organización en la que se agrupaban escalonadamente trabajadores y empresarios de una misma rama de producción. Aunque formalmente este tipo de organización estaba definido como forma de solventar las tensiones entre productores y dueños de la producción, de hecho fueron un simple instrumento de dominio y subyugación de los trabajadores quienes se encontraban totalmente indefensos al ocupar la parte baja de esa “verticalidad”. Es más, los jueces estaban para refrendar las decisiones de la patronal y las fuerzas de orden público para coaccionar a todo aquel que fuese más allá de lo concedido benévolamente por el Estado/Patronal.
Cuando llegó la democracia a mediados de los años 70 y tras las primeras elecciones sindicales se puso de manifiesto la existencia de dos centrales sindicales casi hegemónicas: UGT y CCOO. Esa condición las legitimó como principales interlocutores y así les fue reconocido por los responsables políticos, necesitados de una contraparte social que validase unos acuerdos que eran imprescindibles para alcanzar la necesaria paz social que permitiese el avance de la democracia en España. Por esta razón se les reconoció un importante peso político  e importantes ventajas económicas.
A partir de ese momento estas dos organizaciones sindicales y de clase obtuvieron una serie de beneficios económicos como:
a) Devolución del patrimonio sindical incautado por Franco tras la guerra civil
b) Asignación de subvenciones fijas con cargo a los Presupuestos Generales de Estado.
c) Participación en los programas de formación de los trabajadores
d) Regulación de la actividad sindical con la determinación de las horas que cada delegado electo puede dedicar a sus funciones sindicales. En las administraciones públicas esas horas pueden ser cedidas por los delegados electos a fin de que haya personas dedicadas a tiempo completo a las tareas sindicales.
e)Participación en los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorros y de los entes públicos con el cobro de sus correspondientes retribuciones.
f)Concesión de subvenciones por parte de las Comunidades Autónomas para programas.
Transcurridos más de treinta años desde el inicio de la democracia en nuestro país comprobamos cómo es, más que necesaria, una revisión de sus modelos organizativos y sobre la transparencia de la gestión de las subvenciones públicas que perciben. No decimos esto porque sea una moda hablar de transparencia sino desde el convencimiento de que toda organización, institución o persona que perciba dinero público debe ser un cristal impoluto a través del cual la ciudadanía pueda conocer el destino dedicado a ese dinero, puesto que es el de todos.
La creciente brecha entre los dirigentes sindicales y la sociedad es paralela con la que percibimos con los políticos y esto es negativo para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras ya que desconfían de las organizaciones que tienen que velar por el mantenimiento y mejora de sus derechos laborales.
Algunas de las propuestas, en aras a la recuperación del prestigio social perdido, deberían obligar a que:
.- Sus cuentas fueran públicas, al margen de la subvención establecida en los Presupuestos Generales del Estado, y que fueran auditadas externamente cada año, haciéndose públicos los resultados. Tanto esas cantidades como las percibidas por su participación en órganos consultivos o por formación deberían ser estrictamente justificadas. De igual forma deben ser auditadas por el Tribunal de Cuentas
.- Se rinda por el dinero destinado a formación de los trabajadores y trabajadoras, que es la cantidad que a cada uno de nosotros se nos detrae de nuestra nómina para ello, y  la formación realizada sea sometida a evaluación.
.- La presencia sindical en los Consejos de Administración solo lo será en el caso de que esta sea necesaria y fundamental , siempre y cuando, su papel sea el de garante del cumplimiento estricto de la legalidad vigente en las materias que atañen a dichos consejos.
.- Se determine con claridad el número de “liberados” sindicales en cada una de las ramas de los sectores productivos. Esto no debe producir ningún temor o recelo. En el sector público vienen determinados, desde la Mesa general de la Función Pública a las mesas sectoriales  establecidas en el EBEP, pero en el resto de sectores este número es más incuantificable. Claridad y transparencia: tantos liberados sindicales para el número de representados. 
La mayor parte de la financiación de las organizaciones sindicales procede del cobro de sus cuotas, ¿podrian mantenerse con las cuotas  de su afiliación o mediante la asignación directa, voluntaria y libre, que los trabajadores hiciesen a través de la declaración de la renta?. Si fuera posible el mantenimiento de las mismas únicamente con esos ingresos se habría dado un paso importantísimo en cuanto a su independencia del poder político

Del mismo modo afirmamos que es imprescindible un cambio radical en la organización interna de los sindicatos: que en los procesos electorales todos sus miembros puedan ser candidatos con el único requisito de que así lo hayan manifestado o, cuando menos, que todas las listas sean abiertas; elección universal y directa de los secretarios  generales, obligación de dedicar un espacio amplio en las publicaciones para el pensamiento discrepante dentro de la organización; participación en la toma de decisiones previa consulta a la afiliación…En estos momentos el funcionamiento interno sigue respondiendo a un modelo rígido propio de tiempos pasados donde las diferentes “familias” o “sensibilidades” tienen su cuota de poder e impiden la regeneración interna del sindicato evidenciándose ante cualquier observador las actuaciones realizadas para controlar los procesos electivos en función del fin que la dirección quiere conseguir.
Y tú ¿que opinas? 

Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Cualquier proceso de regeneración democrático, tan importante en estos tiempos, tan necesario en nuestro país, implica un alto grado de transparencia en la actividad y en la actitud política. Transparencia necesaria porque frena la corrupción, porque contrarresta la desafección política a la vez que fomenta la participación ciudadana, todos elementos fundamentales en un proceso de regeneración democrática. 


Por tanto, de entrada es una buena noticia que se apruebe una ley de transparencia en nuestro país, no sólo porque seamos el único país europeo de más de 1 millón de habitantes que no la tiene, sino porque no se entiende de otra manera en la actualidad, en un momento en que la exigencia de unas instituciones más democráticas es una de las principales demandas ciudadanas, en un momento en el que los españoles consideran que los políticos (la política) son uno de los grandes problemas de este país. 
El proyecto de ley que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria consta de dos títulos Transparencia de la actividad pública y Buen Gobierno. El primero regula la publicidad activa de los actos de las instituciones y el derecho a la información pública, el segundo los principios éticos que deben regir la actuación de los responsables públicos y las consecuencias de no hacerlo. 

De entrada destacaría que en el proyecto de ley se producen algunos avances interesantes:

– Se publicarán los planes y programas anuales, los medios y tiempos previstos para su consecución, así como su grado de cumplimiento y resultados. Los presupuestos con información actualizada sobre su estado de ejecución. Las cuentas anuales y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de órganos de control externo. Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y las indemnizaciones percibidas por abandono del cargo… 
Sin embargo, las carencias son muchas y la tan ansiada y necesaria ley se puede quedar muy corta. La mayoría ya han sido señaladas en diversas ocasiones por muchos expertos, aportamos un resumen: 

– El derecho de acceso a la información pública debería ser un derecho fundamental, como así está reconocido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. 
– El silencio administrativo no puede ser negativo, la administración no puede no informar, debería establecerse el deber de contestar y en un plazo determinado. 
– No abarca todas las instituciones, deja fuera a algunas imprescindibles especialmente dados algunos de los últimos acontecimientos: la Corona, el Tribunal Constitucional, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, ONGs, Iglesia Católica, Banco de España… debería abarcar todas las instuciones públicas o que se financien con dinero público. 
– Hay muchas excepciones y limitaciones a la información que se publicará de manera activa, se dejan fuera informes internos, borradores,… documentos importantes para seguir la trazabilidad del proceso de toma de decisiones, fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. “Publicarán la información cuyo conocimiento sea relevante”, ¿cuál es la relevante?, ¿quién lo decide?. Y el acceso a la información para la que no se publicará directamente no es fácil, por ejemplo, debe conocerse el organismo responsable o propietario de esa información, así como la documentación exacta que se está solicitando. Debería ser un trámite sencillo y rápido, el que proponen no lo es, anima más bien a no solicitar información. 
– ¿Quién vela por el cumplimiento de la ley? ¿Porque la información esté actualizada, por que se presente en formato accesible, entendible y reutilizable…? Especialmente en la primera parte, hay una clara falta de sanciones y poca garantía de cumplimiento de la ley. No hay un sistema independiente de control, la Agencia Estatal de Transparencia, de Evaluación de políticas públicas y la calidad de los servicios no es de creación nueva si no una ampliación de una existente y no se garantiza su independencia del gobierno de turno. 
– ¿Qué pasa con el gobierno abierto, novedades tecnológicas, gobernanza, rendición de cuentas, de calidad normativa o simplificación administrativa? Temas directamente relacionados con la transparencia que ni se mencionan. 
Tanto el proyecto de ley como los comentarios surgidos hasta el momento se centran básicamente en la parte de transparencia y pasan muy por encima por la segunda parte de la ley, la de Buen gobierno, siendo esta parte tan importante o más para la necesaria regeneración democrática que necesita nuestro país, para impulsar, cuando no forzar, la ejemplaridad en el comportamiento de los responsables políticos. En esta parte aún se ha puesto menos enfásis en imponer cambios necesarios y demandados por la ciudadanía. No todos los políticos son iguales y este proyecto de ley pierde la oportunidad de ayudar a distinguirlos. 
Su desarrollo es escaso, su ámbito de aplicación muy restringido, deja fuera a mucho directivo de la administración con poder de decisión político, el órgano de control tampoco es independiente, no hay evaluación del desempeño, ni de las políticas implementadas, ni ninguna exigencia de rendición de cuentas. Se regulan generalidades, pero se pierde la oportunidad de ahondar y concretar en el deber de inhibición o abstención, en la dedicación exclusiva del cargo y otros deberes y limitaciones. 
En definitiva, la transparencia, el buen gobierno, la gobernanza no se pueden regular completamente por ley, supone una actitud, una cultura, es una manera de actuar, de entender la política. Si no hay verdadera intención de aplicarla, si no hay una creencia en la importancia de aplicarla, pocos resultados se van a obtener, y en este proyecto de ley no queda reflejado ese espíritu, parece estar regido más por un afán económico, de cumplimiento del déficit, que por interés real de transparencia, integridad o buen gobierno. 
La transparencia y el buen gobierno son especialmente necesarios por la rendición de cuentas que implican. Y el proyecto deja fuera información imprescindible para ello: estadística para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos, informes de órganos de control interno, no sólo externo, las agendas públicas, evaluación de resultados de los grandes proyectos o grandes inversiones, etc. 
Lo que no se puede contar no debería hacerse, ser transparente es mucho más que solicitudes de información imposibles que ya te daré cuando pueda y como crea conveniente, no se trata de “curiosidad insana” sino de rendición de cuentas, porque la ciudadanía quiere saber qué hacen sus representantes y espera de ellos un comportamiento ejemplar, quiere saber en qué se gasta su dinero, el dinero de todos. 
La ley llega tarde y se va a quedar corta, genera expectativas que no se van a cumplir, con lo que la decepción será mayor y ahondará aún más en la desafección ciudadana y en el distanciamiento de las instituciones de la ciudadanía. 
Sarah Alonso
Foro Ético